Once imputados, siete presos y una demanda de 12 millones de dólares es parte de lo que Laidy Yorveys Gómez Flórez ha debido enfrentar desde que llegó a ser gobernadora del Táchira.
Ella se había convertido en una líder ganando, primero la diputación a la Asamblea Nacional, y luego la gobernación; una mujer jóven, impetuosa, con liderazgo y con el respaldo de un viejo partido, era una amenaza para las intenciones de Freddy Alirio Bernal Rosales y un grupo de gente llegada de Caracas que encontraron un gran negocio en la frontera.
Entonces Nicolás Maduro inventó un cargo para Bernal como protector del Táchira, con el que usurpaba las funciones de la recién electa mandataria regional. Ahora Bernal, desde la Gobernación, usa la administración de justicia para perseguir a la ex mandataria.
La Ley en Venezuela establece protección para la vivienda principal, más aún cuando hay hijos de por medio. Laidy Gómez, quien es abogada y tiene una niña de cuatro años, registró su casa de Rubio, municipio Junín, como vivienda principal; aunque sus inmuebles no pasan de 100 mil dólares, Bernal la demanda por 12 millones de dólares como estrategia para destruirla económicamente y exponer a la hija.
La excusa de la demanda contra Gómez es que Bernal reclama que se sintió ofendido, afectado y desmoralizado porque la entonces Gobernadora lo denunció públicamente por promover el contrabando en las cientos de trochas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Los testigos que Bernal presenta ante el tribunal, son sus escoltas.
En el juicio contra Laidy Gómez aparecen en escena varios jueces adscritos al Táchira; en una primera instancia, el Tribunal Tercero, en lo Civil, Mercantil y Transito, a cargo de la Juez Maurima Molina Colmenares, quien sentencia la medida judicial sobre los bienes de la ex gobernadora, incluyendo su vivienda principal. Gómez apela la medida y el Tribunal Superior a cargo de la Juez Rosa Mireya Castillo Quiroz se inhibe, quedando la decisión de la apelación en el Tribunal Superior Primero a cargo del Juez Juan José Molina Camacho, quien no solo ratifica la medida judicial, sino que además la condena a costas procesales por defenderse.
Bernal en sus semanales declaraciones ofendía a Gómez, la amenazaba veladamente, le exhortaba a ponerse camisa de fuerza.
La situación que vive Laidy Gómez también le ha negado derechos a su hija de 4 años, por el bloqueo institucional que atenta contra complejidades de salud que viene presentado su niña; no le permiten acceso a los tribunales de menores para obtener los permisos correspondientes que le permitan viajar al exterior para realizar valoraciones especializadas.
Los padres de la ex mandataria han sufrido varios seguimientos y presencia de efectivos policiales armados en su vivienda. Aunado a eso Gómez, quien está embarazada, necesita atenciones médicas especiales, y no le permiten obtener la prórroga del pasaporte para obtener valoración médica sobre la situación de su hija fuera del país.
Freddy Bernal, a la derecha, llega al Táchira rodeado de escoltas y funcionarios de FAES que portaban armas largas
Acoso contra funcionarios
Varios funcionarios del gobierno de Laidy Gómez terminaron al servicio del entonces protector del Táchira, otros fueron presos como ocurrió con cuatro de la Corporación de Salud, acusados de peculado doloso. Tres de Protección Civil fueron detenidos, de los cuales dos de ellos recibieron medidas sustitutivas de libertad y solo quedó privado el ex director de Protección Civil, quien además es concejal actual del municipio San Cristóbal.
Los señalamientos contra ellos es por la desincorporación de bienes muebles, cuya medida fue previamente aprobada por el Consejo Legislativo del Táchira (CLET), cuya mayoría pertenece al partido de Gobierno. La jefe de Bienes y la Administradora están en libertad con medida sustitutiva.
A pesar de que Bernal usurpaba las funciones de la entonces gobernadora, Laidy Gómez trató de mantener con él comunicación en términos institucionales, tratando de evitar confrontaciones con quien estaba respaldado por el gobierno nacional y además controlaba a la temible Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), exhibiéndose con gran cantidad de escoltas y funcionarios policiales fuertemente armados.
El 4 de abril de 2019, en un evidente acto de amedrentamiento, Bernal dice que se iniciará proceso de carácter administrativo contra la entonces Gobernadora por ataque a la salubridad en la entidad. “Que un tribunal determine las responsabilidades, civiles, penales y administrativas porque es un ataque a la salubridad”, dijo rodeados de varios alcaldes y quejándose por “la Gobernadora no era ni capaz de mandar una máquina”. Lo que no dijo es que el presupuesto de la Gobernación estaba reducido casi exclusivamente para pagar personal, mientras que la mayor cantidad ingresaba al Protectorado que manejaba Bernal.
Familiares de funcionarios de Corposalud reclamando justicia para los presos en octubre de 2021
Cuando se acercaba la campaña electoral en el 2021, Gómez denuncia hechos que vinculaban la participación de Fredy Bernal como protector del Táchira, en la irregular situación de la frontera, donde pululan bandas, grupos guerrilleros y militares dedicados al cobro, la extorsión, violaciones, asesinatos, otros.
En abril de 2021 la entonces primera mandataria regional denuncia que fue víctima de un atentado contra su vida, efectuado por funcionarios de FAES, hecho que ocurrió en la carrerea Colón/LaFría, donde ella y dos directoras de su gestión, así como su chofer y asistente, fueron apuntado con armas largas, vulnerando incluso su investidura y su seguridad.
Gómez indicó en ese momento que los funcionarios del FAES se movilizaban en varios de los vehículos que fueron incautados en los allanamientos, dirigidos por Fredy Bernal en el año 2018, en los concesionarios que fueron objetivo de la investigación Manos de Papel. Aunque la mandataria presentó la denuncia ante el Ministerio Público, no hubo ningún imputado, ni responsable del atentado.
Las trochas se convirtieron en un negocio lucrativo para diversos grupos
El mendigo era ruso
En mayo del 2021 el “protector” amenazó públicamente a los comerciantes con llevarlos presos por vender café colombiano en Táchira. La reacción de la gobernadora fue exigirle a Bernal que cesara dichas amenazas, que cómo podía amenazar a los productores y comerciantes por vender productos colombianos, si él era el promotor de las actividades de contrabando que se ejecutaban por las trochas, donde incluso se cobrara bajo la figura del % para el protectorado.
Bernal reconoció en una declaración haber habilitado el Contrabando para que la gente tuviera comida frente a las sanciones.
La mandataria denunció que en una oportunidad intentaron infiltrarle a un “mendigo de la calle” en la residencia de Gobernadores, tratando de similar a un indigente que resultó ser un funcionario agregado a la embajada de Rusia, cuya intención era tomar control del despacho gubernamental, supuestamente con la intención de sembrar material estratégico que comprometiera la responsabilidad de la mandataria.
A todo los hechos denunciados públicamente, se suma la cantidad de amenazas telefónicas, mensajes contra sus padres, a través de un autonombrado hacker, pretendiendo involucrarla con acciones políticas irresponsables y conspirativas en plena campaña.
En octubre del 2021, inician la persecución carcelaria con la detención de 4 funcionarios de Corposalud, órgano adscrito a la gobernación del Estado, se les señaló de comercializar medicinas de entes internacionales. Lo inaudito es que la ONG Inter-SOS involucrada en la investigación, nunca tuvo ningún detenido por el supuesto delito y tanto la Fiscalía como tribunales, omitieron las razones escritas que argumentó Unicef ante la posesión de medicinas en los depósitos de Corposalud en condición de cooperación.
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