Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la ONG, recordó que la falta de información y la opacidad con que se toman medidas en los organismos del estado y más en Pdvsa contribuyen con la corrupción.
Para Mercedes de Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, de nada vale que Nicolás Maduro se dé golpes de pecho con el tema de la corrupción en los organismos del Estado y en específico con el actual escándalo en Pdvsa, cuando desde hace años, tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General, han tomado medidas que hacen convierten a estas instituciones en cómplices de esos delitos.
“Un principio básico para que se combata la corrupción es que se impongan principios de transparencia como la publicación de los informes de gestión y tenemos tiempo sin escuchar que el Contralor General (Elvis Amoroso) diga algo sobre la falta de transparencia de Pdvsa, sobre la gestión, sus informes financieros o cuánto dinero está transfiriendo para el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) o al Banco Central de Venezuela (BCV)”, asevera.
Por ello, De Freitas insiste en que “la Contraloría y el TSJ son cómplices en la opacidad administrativa de Pdvsa”.
“Desde 2003 se empezaron a tomar decisiones que destruyeron la institucionalidad transparente de Pdvsa y la que más o menos tenía la industria antes de ese año, si se compara con la que hoy no existe”, agregó.
Reitera que estos organismo “no dan información y no dan respuesta sobre lo que ha pasado” en la institución petrolera.
Para De Freitas, hay una razón para que la administración de Maduro haya hecho público el caso de facturas incobrables por 3.000 millones de dólares en las cuentas de la compañía, porque “74% de los ingresos previstos en el presupuesto se contemplaba que provinieran de la exportación de crudo y combustibles”.
En declaraciones a varios portales, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, pidió, además, derogar la Ley Antibloqueo o los artículos de este instrumento legal que consagran la falta de transparencia con disposiciones como la confidencialidad y derecho de reserva de información de contratos públicos.
Pero, aclara que,mincluso, antes de esta ley, “en Pdvsa se realizaban negociaciones con privados, con opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones y sin rendición de cuentas”.
Proceso difícil
Por otro lado, de Freitas alertó acerca de que “es mucho y muy difícil llevar a cabo todo lo que hay que hacer para adecentar a la administración pública venezolana. Hay que empezar pronto, mientras más tarde empecemos, más vamos a tardar, más se va a arruinar el país y será más difícil de cambiar”.
Dijo que “ante las grandes redes de corrupción que hay en el país es prioritario contar con un equipo capaz para investigarlas, apoyado en grupos internacionales con experiencia técnica y experticia financiera, pero que principalmente para iniciar los correctivos que deriven en una sana administración pública, es necesario cambiar todo el sistema de justicia”.
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