La Asociación Venezolana de Antropología exhortó al fiscal general del Ministerio Público (MP), Tarek William Saab, y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz —ambos funcionarios controlados por el régimen de Nicolás Maduro— a abrir una investigación a los funcionarios que actuaron en el procedimiento judicial de detención de John Álvarez, estudiante de Antropología la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Lo que se busca con el exhorto es determinar responsabilidades sobre los graves hechos que se denuncian contra los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que participaron en el arresto.
«Ante la gravedad de lo denunciado, la Asociación Venezolana de Antropología (AVA) expresa su profunda preocupación por la detención del bachiller John Kelvin Álvarez Peña y las denuncias de torturas presuntamente aplicadas contra dicho estudiante, situación que quebranta lo establecido en el Capítulo III de los Derechos Civiles de la Constitución Bolivariana de Venezuela (…); en consecuencia ´Ninguna persona puede ser sometida a pena, torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes», reza parte del comunicado.
En la noche del lunes 4 de septiembre le fue dictada una medida de privativa de libertad a Álvarez, estudiante de la UCV detenido hace unos días por funcionarios de la PNB, organismo de seguridad controlado por el régimen de Nicolás Maduro.
La noticia fue confirmada por el abogado Joel García a través de su cuenta de la red social X, anteriormente llamada Twitter.
Precisó, que en la audiencia de presentación, un tribunal con competencia en delitos asociados al terrorismo dictó la medida contra Álvarez, puesto que lo relaciona con el caso de los seis dirigentes sindicales condenados a 16 años de prisión hace un mes.
«A esta hora, 9:00 p. m., estamos saliendo de la audiencia de presentación del estudiante John Álvarez a quien le fue dictada medida privativa de libertad, por cuanto lo relacionan con los seis dirigentes sindicales condenados», detalló García.
La justicia controlada por el régimen chavista condenó el martes 1 de agosto a seis sindicalistas —quienes fueron detenidos en 2022— a 16 años de prisión por los supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir, según denunciaron varias organizaciones de derechos humanos.
Lo que sabe, es que la condena impuesta por la jueza Grandy Duque fue contra los siguientes sindicalistas: Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín.
“Los luchadores sociales han sido condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir a 16 años de cárcel por la jueza Grandy Duque, a pesar de ser inocentes. Las únicas pruebas de la Fiscalía fueron capturas de pantalla y Twitter”, criticó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en un comunicado.
En concreto, se sentenció a 16 años de cárcel a los seis sindicalistas por protestar contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que afecta los salarios. La decisión judicial se conoció el 1 de agosto de 2023.
notiveraz