El sueño de la integración energética en la región y la expansión petrolera repetido en los múltiples mítines de Hugo Chávez se convirtió en promesas incumplidas y también en pesadilla para los acreedores que ven cómo el tiempo pasa sin recibir pago, pero también para las compañías que se vieron alcanzadas por las sanciones que EE. UU. impuso a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
A pesar de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) se dio la tarea de proteger los activos venezolanos en ese país, en los últimos meses la postura de la nueva administración se muestra más cercana a buscar una salida satisfactoria para los diversos acreedores que acumuló Venezuela y Pdvsa en los últimos años. La estatal con una producción diaria de 500.000 barriles dejó de ser influyente en el mercado petrolero mundial. Hoy la empresa hace maromas para levantar la producción de crudo y de gasolina, debido a la constante escasez que enfrenta el mercado interno.
Hace unos años Pdvsa le aseguraba a sus pares en el Caribe que garantizaba una amplia relación comercial que traería progreso a la región, pero en la actualidad cada vez más compañías se reestructuran para que Pdvsa pierda su participación mayoritaria y así poder zafarse de las consecuencias que significa hacer negocios con una empresa sancionada. Algunos también tienen carta abierta para vender acciones de la estatal.
Un análisis de la economista Pilar Navarro para Medley Advisors señala que el apoyo de Estados Unidos al gobierno interino de Juan Guaidó y la protección de los activos venezolanos en el exterior parecen estar debilitándose. La especialista apunta que en las conversaciones en Ciudad de México —entre el gobierno y la oposición— se están logrando avances, pero advierte que cualquier alivio de las sanciones estará condicionado al resultado de las elecciones regionales del 21 de noviembre.
“Las negociaciones podrían darle a Maduro acceso a activos en el extranjero, pero se enfrentará a acreedores externos, que tienen cada vez más éxito en la cobranza. Las negociaciones le han permitido a Maduro acercarse a su objetivo de recuperar el reconocimiento internacional y, por ende, el acceso a los activos externos venezolanos. Un mayor reconocimiento internacional del gobierno de Maduro podría abrir la puerta a una mayor desinversión de activos, como el reciente canje de deuda por capital de Refidomsa”, dice Navarro.
“Un problema para el intento de Maduro de acceder a activos externos es que en los últimos meses, los acreedores han tenido un éxito creciente en su intento de obtener participaciones venezolanas en el exterior”, se lee en el documento de Medley Advisors.
La deuda de Venezuela se estima en unos $160.000 millones, que incluye bonos, laudos arbitrales y otros pasivos.
Los activos en el extranjero están calculados entre $14.000 y $20.000 millones y solo 23 % está en EE. UU. La economista Pilar Navarro sostiene que no todos pueden incautarse, pero advierte que los activos externos están cada vez más expuestos. Por ejemplo, el 10 de septiembre una carta de la OFAC reconoció que el mandato de la Asamblea Nacional controlada por la oposición finaliza en enero de 2022 y que el organismo estadounidense puede reevaluar su posición sobre la protección de los activos venezolanos en la primera mitad de 2022.
La mediación en México ha generado una mejora en la posición de Maduro, que busca ser reconocido por la comunidad internacional. Por ahora la analista no ve una transición política antes de 2024, como tampoco una reestructuración de la deuda antes de esa fecha.
“Mientras tanto, dado que las negociaciones podrían abrir la puerta para que Maduro acceda a los recursos venezolanos en poder de organizaciones multilaterales, es probable que el país siga perdiendo participaciones extranjeras frente a los acreedores en ciertas jurisdicciones”, apunta.
El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, denunció recientemente “una operación de despojo y robo de activos de Venezuela en el extranjero” y el 1° de octubre Nicolás Maduro acusó al gobierno del expresidente Trump y a la oposición liderada por Juan Guaidó de “robarse” a Citgo, pero el riesgo de este activo comenzó mucho antes, cuando el gobierno de Maduro puso como garantía 50 % de las acciones de la compañía para el pago del bono Pdvsa 2020 creado en 2017. Los acreedores han estado detrás de Citgo para cobrarse la deuda, pero una licencia de la OFAC con vigencia hasta enero de 2022 la ha mantenido protegida.
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