El Partido Comunista de Venezuela (PCV), junto a más de 20 partidos de igual tendencia política que forman parte del Movimiento Comunista Internacional, suscribieron un documento el 14 de diciembre para exigir a las autoridades de nuestro país la liberación de 19 trabajadores presos arbitrariamente.
Las organizaciones comunistas son las ubicadas en países como Albania, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Croacia, Alemania, Grecia, Irlanda, Israel, México, Paraguay, Serbia, España, Cataluña, Siria, Suecia, Turquía e Italia; además del PCV.
Según la carta, tanto el PCV como las demás organizaciones comunistas, expresaron su preocupación por los casos de los trabajadores «que han sido sometidos a procesos de judicialización y criminalización de sus luchas obreras y sindicales en Venezuela» y expresaron su solidaridad para con los que están detenidos y víctimas del retardo procesal.
Junto a la exigencia de liberación de estos trabajadores, enviaron un mensaje de acompañamiento y aliento a los familiares, amigos y organizaciones «que están luchando por la libertad de estos 19 combatientes de la clase trabajadora».
El manifiesto del PCV y organizaciones comunistas en varios países se conoce luego que se conociera que desde el partido Redes, fundado por Juan Barreto, estudia la posibilidad de postular al director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Eudis Girot, como presidente de la República.
De acuerdo a cifras presentadas por la organización no gubernamental Foro Penal, existen unos 60 trabajadores petroleros presos, integrantes de las nóminas menores y representantes sindicales. Pero de acuerdo a la ONG, 17 de ellos están calificados como presos políticos.
Según la información de Foro Penal, los 15 trabajadores de Pdvsa Occidente detenidos entre septiembre-octubre de 2017, figuran en la lista de presos políticos, cuya cifra total para el 25 de febrero de este año es de 329. Luego de más de tres años, la audiencia preliminar de este grupo se llevó a cabo el pasado 8 de febrero, pasando sólo tres de ellos a juicio; las restantes 12 personas admitieron hechos y fueron condenados a 5 años para los obreros y a 9 años para los gerentes.
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