Tras los acuerdos alcanzados la pasada semana con el Gobierno de los Estados Unidos, la Asamblea Nacional de Venezuela inicia este lunes 9 de marzo de 2026 la primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minería, según el Orden del Día Nº 15-2026 publicado por el Parlamento.
La sesión ordinaria comienza a las 5 de la tarde (inicialmente se pautó a las 11:00 am) y dedica su único punto a este debate, conforme al artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
La secretaria María Alejandra Hernández firmó y publicó el documento, que circula en redes y sitios oficiales. Este proyecto surge en un contexto de reformulación económica impulsado por el gobierno de la gobernante encargada Delcy Rodríguez y con influencia de las relaciones con Estados Unidos tras la administración de Donald Trump.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció semanas atrás la necesidad de una nueva normativa minera que permita la explotación sustentable de oro, diamantes y tierras raras.
La ley busca atraer inversiones de grandes empresas internacionales, bajo un marco que preserve la rectoría del Estado y fomente la participación conjunta con compañías venezolanas.
Venezuela posee vastas reservas de minerales estratégicos en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas, pero el sector enfrenta desafíos por regulaciones previas, como el Decreto con Rango de Ley Orgánica de 2016 que reserva al Estado la exploración y explotación de oro y minerales clave.
Expertos señalan que la nueva ley actualizará el régimen de patentes, etapas de exploración y explotación, y mecanismos para captar capital extranjero en un momento de búsqueda de estabilización económica.
La discusión ocurre en medio de un calendario legislativo que prioriza reformas en hidrocarburos, procedimientos administrativos y derechos socioeconómicos. Analistas consideran que esta iniciativa fortalece la apertura al sector privado e internacional, con énfasis en la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de estándares internacionales.
Diputados oficialistas destacan que la norma impulsará el crecimiento del sector minero, que registró aumentos en extracción pública y privada en años recientes.
Opositores y observadores independientes advierten sobre riesgos de impactos ecológicos y sociales en comunidades indígenas y áreas protegidas si no se incluyen salvaguardas estrictas.
El debate en primera discusión marca el inicio del proceso legislativo. Tras esta fase, el proyecto pasará a segunda discusión y posibles modificaciones antes de su aprobación definitiva y promulgación.
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