El “caso Alex Saab” no debió haber existido y ha sido absolutamente ilegal desde el principio, dijo el abogado español Baltasar Garzón, del equipo de defensa internacional del empresario colombiano detenido en Cabo Verde desde junio y sobre el que pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos.
Saab fue detenido en esa nación africana desde el 12 de junio y está acusado por el gobierno estadounidenses de lavar hasta 350 millones de dólares y de operar bajo las órdenes del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.
Si Saab finalmente es extraditado a Estados Unidos, enfrentaría una sentencia de hasta 20 años de prisión. Junto a otros miembros de alto rango del gobierno en disputa de Venezuela, Saab es parte de la lista de señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense, que lo acusa de estar involucrado en el entramado de corrupción para evadir las sanciones económicas de Washington que buscan presionar por una salida pacífica a la crisis venezolana.
En entrevista con la Voz de América el reconocido ex juez español dijo que el proceso se está utilizando para asegurar que Saab sea extraditado a Estados Unidos, donde será utilizado como medio para un fin, que es llegar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Baltasar Garzón fue juez de 1981 a 2012 y desde entonces ha sido abogado y director de Ilocad (la Oficina Legal Internacional para la Cooperación y el Desarrollo), el bufete de abogados que creó y tiene su sede en Madrid, España.
El abogado reitera que la defensa tiene varios recursos en trámite, que llevarán el caso a todos los niveles de defensa jurídica y de derechos humanos, y acusa a las autoridades caboverdianas de crear una carrera de trabas permanentes.
Consultado acerca de cuál es la posición de la defensa en este momento, Garzón explicó: “Estamos a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que aceptó el recurso, sin perjuicio de una serie de procesos en curso, con solicitudes simultáneas que afectan la libertad personal del señor Saab y su salud”.
En este punto recordó el hábeas corpus que fue denegado. “Pedimos una aclaración y estamos pendientes de la decisión sobre la privación de libertad”, afrimó.
Garzón, que ha criticado a las autoridades caboverdianas alegado que su cliente no tuvo un juicio justo y culpado de injerencia a Estados Unidos, explicó a la VOA el actual foco de la defensa.
“Desde el momento de su detención, el señor Saab se ha visto obstaculizado por una serie de irregularidades, que consideramos graves, una persecución política real, en la que se enfrentan Estados Unidos y Venezuela. Hay una clara falta de proporcionalidad en el procesamiento, no se está respetando el debido proceso y por lo tanto no se respetarán las garantías procesales en caso de que sea extraditado a Estados Unidos porque hay una raíz política inminente”, afirmó el abogado.
Además dijo que “en todo caso, el pecado original de este proceso y del que derivan la ilegalidad absoluta y otras violaciones de los derechos humanos fundamentales es el hecho de que se trata de una detención arbitraria, que rompe la legalidad al no respetar la inviolabilidad de las inmunidades diplomáticas”.
Explicó que no se debe olvidar que Saab es “un enviado especial de Venezuela para asuntos humanitarios y por lo tanto está protegido por la Convención de 1969.
“Este proceso no debería haberse iniciado. Y aunque Cabo Verde no era signatario de este Convenio, la práctica internacional lo establece. Y eso es lo que les hemos estado preguntando a las autoridades caboverdianas durante los últimos días”.
Garzón expuso que en dos ocasiones fue deportado uno de los integrantes del equipo de defensa internacional que asiste a Saab.
“Es un carrera permanente de obstáculos, en la que difícilmente podemos acceder a nuestro cliente. Todo esto, en conjunto, nos da una perspectiva de extraordinaria relevancia negativa para poder afirmar que estamos ante un proceso normal de extradición”, afirmó.
El abogado Garzón dijo a la VOA que “sí” existe un cargo formal en Estados Unidos contra su cliente.
“La petición de extradición se basa en una acusación que incluye presuntos delitos de lavado de activos derivados de presuntas prácticas de corrupción internacional. Sin embargo, lo que demuestra la defensa es que esta acusación es absolutamente infundada. No corresponde a la realidad, el título jurisdiccional que utilizaron no es válido y los hechos de los que lo acusan fueron objeto de investigaciones abiertas en Ecuador y también en Venezuela”, respondió el abogado.
Además dijo que la petición de extradición “se basa en un cargo de lavado de dinero, pero cualquiera que lea el texto de la documentación concluirá que no hay caso. No hay fundamentos. No tuvimos acceso a toda la información y si lo que existe es lo que aparece en el proceso de extradición, tenemos que decir que es una construcción instrumentada para asegurar que el señor Saab sea extraditado a Estados Unidos y utilizado como un medio para un fin, donde el medio es él y el fin es llegar al presidente Maduro”.
A su vez pidió que las autoridades de Cabo Verde analicen el caso “en profundidad”.
Garzón dijo a la VOA que todavía tienen “muchos recursos pendientes” a los que apelar. Entre ellos, mencionó que esperan la solicitud de aclaración del Tribunal Constitucional en relación al habeas corpus.
“Se dijo que dependía de la decisión del tribunal de apelaciones, pero no vieron que era un habeas corpus, por lo que es una cuestión de libertad, que no tiene otra vía. Eso no es un recurso de apoyo. Creo que debieron haber analizado este asunto a fondo, pero no lo hicieron, también estamos a la espera del recurso pendiente contra la detención por parte del tribunal de apelación y la propia decisión de extradición”.
Acerca de la opción de presentar el caso a la Corte Penal Internacional, Garzón indicó que “nunca hubo esa intención porque no está dentro de su competencia o jurisdicción”. Además descartó que estén estimando llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, también con sede en La Haya: “Esa posibilidad tampoco se ha abordado nunca”, afirmó.
“Lo que sí está en la línea de acción de la defensa es apelar a todos los órganos judiciales y de defensa de los derechos humanos, regionales e internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la Unión Africana, según se presenten las situaciones. Creemos que se están abusando de los derechos humanos de esa persona (Alex Saab)”, aclaró.
En días recientes un reporte del diario el Nuevo Herald indicó citando fuentes que no se identificaron que Maduro se habría reunido con dos empresarios caboverdianos, supuestamente como enviados de Cabo Verde. Inmediatamente el reporte fue desmentido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Garzón dijo que no sabe de este tema, ni si es cierto o no.
Consultado por la VOA acerca de que si cree que existe una solución diplomática para este caso respondió:
“Lo que les puedo decir es que, por el lado de la defensa, los elementos que estamos utilizando son estrictamente legales, forman parte exclusiva de la relación abogado-cliente, no hay injerencia del gobierno (en disputa) de Venezuela, no hubo contacto al respecto. Estamos utilizando los estándares nacionales de Estados Unidos, Cabo Verde, Venezuela e internacionalmente para manifestar lo que es evidente: desde el principio hay una ilegalidad absoluta, como la detención que ocurrió antes de que la orden fuera dada por Interpol, y continuaremos hasta llegar a una decisión sostenida”.
Otros detalles del caso de Alex Saab
Alex Saab fue detenido el 12 de junio en Cabo Verde cuando se dirigía a Irán, donde, según el gobierno en disputa de Venezuela, negociaría la compra de productos y bienes para el país.
Fue arrestado a pedido de Estados Unidos, que lo ha acusado de diversos delitos, como lavar más de 350 millones de dólares en bancos estadounidenses.
La Corte de Apelaciones de Barlavento ratificó la prisión preventiva del empresario, quien tuvo dos solicitudes de habeas corpus rechazadas por la Corte Suprema de Justicia (STJ).
El 31 de julio, el mismo tribunal, en la isla de São Vicente, decidió extraditar a Saab a Estados Unidos.
Como informó la VOA en ese momento, la defensa apeló al STJ, que aún no ha determinado.
El caso atrajo la atención nacional e internacional. El presidente de la República, Jorge Carlos Fonseca, en un insólito comunicado al ser interrogado por periodistas, el 2 de julio, reveló que recibió muchas llamadas de Jefes de Estado de varios países pero que el tema era fundamentalmente del ámbito judicial.
“Tanto es así que no recuerdo haber recibido tantas llamadas, llamadas de jefes de Estado extranjeros”, dijo el mandatario sin dar más detalles. Sin embargo, afirmó que está seguro de que el caso “se manejará de acuerdo con las normas propias de un estado de derecho democrático”.
El Primer Ministro, Ulisses Correia e Silva, la Ministra de Justicia, Janine Lélis, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Luís Filipe Tavares, han reiterado que el caso es competencia exclusiva de la Justicia y que el Ejecutivo aceptará la decisión de los tribunales.
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