El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLS) denunció que el Estado venezolano continúa ignorando las recomendaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en pro de los trabajadores del país.
Considera como prioritario que cesen las persecuciones contra la dirigencia sindical y se resguarde la libertad de los sindicatos, ya que de esta forma se puede restituir la negociación colectiva y así establecer un «salario digno».
En ese sentido, resaltó que todavía no se han adoptado medidas legislativas o de otra índole para que se apliquen efectivamente los convenios que se alcanzaron con las recomendaciones que se realizaron.
También denunció que la administración de Nicolás Maduro sigue ignorando la recomendación de la OIT para eliminar las normas o reglas que impiden o criminalizan el ejercicio de la libertad sindical, mientras que alertó que existe un aumento a leyes contrarias a las sugerencias que dieron, como es el caso de la ley constitucional sobre los consejos de trabajadores o la ley del odio.
Reportó que el Consejo Nacional Electoral tampoco ha derogado las disposiciones que no permiten realizar elecciones en los sindicatos, al igual que no hay proyectos en la Asamblea Nacional que promuevan la modificación de las leyes actuales ni de discutir en proyecto de Ley orgánica de libertad sindical.
Considera el OVSL que lo que sucede es lo contrario; la Asamblea Nacional elegida en 2020 ha comenzado a discutir una serie de proyectos de ley que niegan los derechos de los trabajadores, como el proyecto de ley de zonas especiales, dice un comunicado.
A juicio de ese observatorio, hay una ausencia de «mecanismos reales de diálogo social» que es evidente, haciendo referencia a que no se incorpora a la comisión presidencial que monitorea la covid-19 en el país el organismo estatal para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.
«Esa ausencia refleja claramente la política estatal de no querer ni siquiera escuchar a los actores sociales que están en primera línea luchando contra la pandemia», detalla el OVSL.
Según su opinión, en Venezuela no existe diálogo social ni negociación colectiva libre y voluntaria, situación que queda plasmada cuando se evidencian los contratos colectivos que son acordados con sindicatos afines al gobierno, que entregan los derechos de los trabajadores como la discusión de un aumento salarial que sea real.
Creen que el gobierno sigue desconociendo a la legítima dirigencia sindical al imponer un contrato colectivo para el sector salud y ni siquiera convocó a los sindicatos no oficialistas, mientras que discute un nuevo convenio para los trabajadores de las universidades con una federación que no agrupa al grueso de la población del sector y se desconoce a los demás organismos.
«El gobierno mantiene una política de persecución, hostigamiento e incluso detención de líderes sindicales en el ejercicio de la actividad sindical. En el contexto del Estado de Alarma por la covid-19, la excepcionalidad ha sido utilizada para ampliar la represión contra trabajadores de la salud y comunicadores sociales», escribió el OVSL.
En una reunión técnica que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó el 28 de mayo, el organismo de las Naciones Unidas marcó a Venezuela como un país que vulnera los derechos humanos laborales, advirtió días antes del edicto Marcela León, presidenta de la central Alianza Sindical Independiente (ASI).
«La Comisión de Aplicación de Normas (CAN-OIT), en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo 2021, discutirá la lista larga de 40 casos, para aprobar la lista corta de 19 casos de países que no respetan los convenios internacionales», señaló la dirigente sindical.
Venezuela está incluida por el incumplimiento al convenio 87 sobre libertad sindical de acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) del organismo.
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