Un grupo de organizaciones de la sociedad civil pidió este martes 25 a la creación del fondo de protección social para el pueblo venezolano, acordado en la mesa de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria opositora en noviembre de 2022.
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, recordó en el foro virtual «Los venezolanos no pueden esperar más» que 130 organizaciones firmaron una carta dirigida a Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, jefes negociadores de México, para exigirles que hagan lo necesario para poner en marcha este fondo social.
Se estima que los 3.000 millones de dólares para el fondo, que será administrado por Naciones Unidas, sean utilizados para proyectos de recuperación del sistema eléctrico, red hospitalaria pública y escuelas, así como la activación del plan de alimentación escolar. Estados Unidos ha puesto trabas para la liberación del dinero en algunas cuentas, ha denunciado el oficialismo.
La directora ejecutiva de Transparencia destacó que, entre las soluciones que ofrecen las ONG, está la utilización de una cuenta de 147 millones de dólares a nombre del Banco Central de Venezual ad hoc, en la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría ser dirigidido total o parcialmente para abrir este fondo.
La semana pasada, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) publicó un informe donde se detalló que, durante el primer semestre de 2023, apenas se ha recibido 14% de los fondos requeridos para la asistencia humanitaria de la población, de los cuales se requieren 720 millones de dólares.
«Las necesidades de ayuda humanitaria están en un nivel de exigencia y gravedad que nos pone a todos los venezolanos a preocuparnos sobre qué podemos hacer para ayudar a que los venezolanos no mueran de hambre, por falta de atención en los hospitales», destacó De Freitas.
Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, afirmó durante su intervención que es urgente tomar algunas medidas para dar auxilio a la población. «El camino de la acción humanitaria debe aislarse del tema político. Otro tema es el de la corrupción, es gravísimo que quede invisibilizado y quede sin sanciones. La interlocución debe ocurrir con el escrutinio con los mecanismos internacionales y la sociedad civil nacional».
Reyna mencionó que, para este caso, es necesaria la negociación política entre las partes. Destacó como positiva la interlocución multilateral y un diálogo tripartito, que se maneja entre la administración Maduro, la Organización Internacional del Trabajo y los gremios y sindicatos venezolanos.
Por su parte, la experta en nutrición pública y seguridad alimentaria Susana Raffalli dijo que ha habido una ligera mejoría en la crisis nutricional si se compara con 2016 o 2017, «lo cual no quiere decir a que este nivel que tenemos no sea consistente con una emergencia humanitaria compleja».
Detalló que actualmente 4.8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada y severa dentro del país, al menos ocho millones están en riesgo de caer en esta situación, y también se registra entre 9% y 12% de desnutrición aguda en niños y niñas.
«Le tengo mucha fe a los fondos en materia de resultados de bienestar concreto. Este fondo administrado bajo una mesa de coordinación, terminan generando confianza», dijo Raffalli, quien advirtió que este mecanismo no puede sustituir la ayuda internacional conseguida por las agencias.
«Se deben crear sistema de gobernanza que no sea tan costoso, con un cuerpo regulador, un cuerpo auditor y el ejecutor con una junta asesora», recomendó.
En cuanto a prioridades, dijo la experta, se debe insistir en tener una infancia asegurada, lo que incluye inmunizaciones, alimentación y servicios, en los cuales también debe incluirse a mujeres, embarazadas, adultos mayores y poblaciones vulnerables.
Janeth Márquez, directora de Cáritas Venezuela, explicó que, lamentablemente, la gente todavía necesita de otros para sobrevivir debido al nivel de la crisis, el deterioro de las capacidades de la población y el quiebre psicológico por los efectos de la emergencia humanitaria. «pero hoy necesitamos que el financiamiento sea directamente en el país».
«Necesitamos que se den respuestas aquí adentro para que la gente no siga saliendo», aseguró Márquez. A pesar de la desconfianza en los actores políticos, señaló, es necesario «tener una mesa social por Venezuela que permita tener varias estrategias, entre ellas el plan de estrategia humanitaria de OCHA».
Desde Cáritas estamos de acuerdo con el fondo, indicó su directora, «con la participación de la sociedad civil organizada, para que con gerencia transparente se dé respuesta a estas necesidades. Creemos que sí se puede, estamos en un buen momento».
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