Un tribunal de control ordenó el pase a juicio de los dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acusados por el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, bajo los cargos de homicidio calificado con alevosía y tortura.
El abogado Alonso Medina Roa, quien ejerce la defensa de la familia del capitán Acosta Arévalo, informó a través de sue cuenta en Twitter sobre la decisión del tribunal, aunque detalló que dentro de la acusación queda pendiente la averiguación de la cadena de mando involucrada en la muerte del militar.
En octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación hecha por el Ministerio Público contra los ciudadanos Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, ambos funcionarios de la Dgcim. El TSJ alegó que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito.
Ese mismo octubre, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, admitió que se había realizado una nueva imputación, está vez reconociendo la intencionalidad del homicidio y la tortura. La anterior acusación de «homicidio preterintencional con causal» exculpaba a los presuntos torturadores, como lo denunciaron activistas de derechos humanos e incluso un exfiscal del MP.
Rafael Acosta Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su supuesta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.
Tras estar desaparecido forsozamente por varios días, su abogado cuenta que al llegar al juzgado el 29 de junio presentaba evidentes signos de tortura y murió unas horas después en el Hospital Militar, sin siquiera haber sido presentado ante el tribunal.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ese año que, según las informaciones recibidas, el militar había sido torturado de tal forma que provocaron lesiones irreversibles. Según el acta post mortem, el cuerpo del capitán Rafael Acosta Arévalo presentaba 38 lesiones, todas consistentes con torturas.
Su caso también fue denunciado por la Misión de Verificación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU sobre Venezuela. Además, forma parte de las acusaciones hechas contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
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