La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solicitó este jueves 14 de octubre que se inicie una «investigación exhaustiva, transparente e independiente» sobre la causa de la muerte del general retirado Raúl Isaías Baduel.
La noche del 12 de octubre, el fiscal general impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó que el exministro de Defensa había fallecido de un paro cardiorrespiratorio, producto de complicaciones asociadas al covid-19. Su familia rechaza esta versión, pues no fueron informadas por el militar de malestar referente a esta enfermedad.
La Misión de Determinación, que en sus dos informes ha reflejado el caso Baduel, pidió a las autoridades que compartan los resultados con su familia «en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad y siguiendo el Protocolo de Minnesota».
Las autoridades venezolanas, en vocería del fiscal Saab, han ratificado las causas del deceso del exministro e incluso aseguraron que «si ellos desean una segunda autopsia con médicos privados la pueden hacer, no hay ninguna novedad».
Además, dicha instancia exigió a las autoridades «a que cesen de inmediato las infracciones al debido proceso y las violaciones de los derechos humanos», como aquellas reflejadas en el caso del exministro y de otros presos por razones políticas en el país.
Dicha petición de la Misión se suma a la que hizo la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presidida por Michelle Bachelet, para que se realice la investigación. Esta solicitud también fue apoyada por el vocero del secretario general de la ONU.
Bachelet también hizo un llamamiento a la liberación de todos los detenidos arbitrariamente y que se provea de atención médica a todos los presos. Mientras que la Misión recomienda al Gobierno que lleve a cabo un análisis judicial de la legalidad de las detenciones en los casos.
En su último informe, de septiembre de 2021, la Misión de Determinación se refirió a las demoras y las irregularidades incurridas en la causa penal que se seguía contra el general Baduel, quien fue detenido en marzo de 2017 bajo cargos de traición a la patria e incitación a la rebelión, un día antes de ser liberado tras cumplir una condena penal anterior. En el momento de su muerte, más de cuatro años después de la detención, todavía estaba pendiente de juicio.
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