El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas solicitó al Estado venezolano aclarar 20 casos sobre este delito en su último informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 21 de septiembre.
El Grupo de Trabajo ha enviado 38 casos al Gobierno de Nicolás Maduro en búsqueda de información. Tres de los casos son de mujeres desaparecidas. La administración venezolana solo ha aclarado seis casos y dos han sido clarificados por la misma fuente, los otros 30 casos siguen sin aclarar.
De los casos aclarados por la administración Maduro, cuatro personas se encuentran detenidas, una está en libertad y tres fallecieron. Las desapariciones forzadas, temporales o permanentes, han sido identificadas en el país como parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos (que incluye detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales) para reprimir a la disidencia, real o percibida por las autoridades como tal.
Henrikas Mickevičius, vicepresidente del Grupo, señaló que países como Egipto, Venezuela, Cuba o Corea del Norte han expresado su inquietud sobre la credibilidad de sus fuentes, por lo que aclaró que «algunos Estados, en lugar de cooperar, acusan al Grupo de Trabajo de tener una actitud sesgada. Quisiera insistir contundentemente que el Grupo trabaja con una gran objetividad, independencia e imparcialidad, con el mayor nivel».
La desaparición forzada es un delito que se configura cuando existe una privativa de libertad, una intervención directa o indirecta de organismos de seguridad, y la negativa a reconocer la detención y el paradero de la persona.
Al menos seis personas en el país se encuentran desaparecidas desde hace años. Tal es el caso de Alcedo Mora y los hermanos Eliécer y Esnéider Vergel, Merlyn Tovar, José Martínez y el buzo Hugo Marino Salas. En todos estos casos también existe otra constante: pese a que hay organismos señalados por las desapariciones forzadas de estas personas, ningún fiscal o tribunal ha actuado de forma insistente para obtener información.
El Grupo de Trabajo de la ONU también transmitió tres cartas de denuncia conjunta con otros mecanismos especiales de la ONU al gobierno venezolano, y solo se recibió una respuesta.
Desde 2019 han solicitado permiso al Estado para hacer una visita en terreno, que fue reiterada en abril de 2020 pero no han recibido el visto bueno de las autoridades. Una visita de este Grupo de Trabajo, así como el de detenciones arbitrarias ha sido uno de los puntos incluidos dentro del memorando de entendimiento del Gobierno de Maduro con la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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