En Venezuela, nuevas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y su impunidad volvieron a replantear que las muertes en las protestas ciudadanas de 2017, en rechazo a la crisis socioeconómica ocasionada por el chavismo, fueron de alto calibre.
Una organización no gubernamental remitió a la Relatoría Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, de las Naciones Unidas, un informe lleno de irregularidades halladas en expedientes sobre asesinatos deliberados de personas, por parte de agentes de cuerpos policiales, militares o parapoliciales, durante las protestas sociales de 2017.La ONG Defiende Venezuela envió a la Oficina del Relator, Morris Tidball-Binz, el análisis técnico de seis expedientes, de 12 casos de ejecuciones extrajudiciales, en los que la organización tiene representación legal, para que conozca de los casos. De los otros seis no logró tener mayor información.
Los resultados fueron contundentes. A siete años de los hechos, solo tres o cuatro tenían el respectivo protocolo de autopsia y había fallas estructurales en el levantamiento de los cadáveres que contradicen el protocolo de Minessotta. Además, detectaron inexistencia de investigaciones para determinar la posible responsabilidad penal de los superiores, “a pesar de la existencia de suficientes elementos confiables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, señala el informe.
Al menos cuatro de las 12 víctimas con edades entre 17 años y 56 años, recibieron balazos en la cabeza o en la nuca. La mayoría recibió disparos mortales con esferas metálicas en el torax. Entre ellos, está el caso del estudiante Neomar Lander Armas, de 17 años de edad, a quien un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana ejecutó con un impacto de bomba lacrimógena en el tórax, en una concurrida avenida de Caracas.
Para identificar los patrones en las ejecuciones extrajudiciales, la organización evaluó los cuerpos de seguridad responsable, el perfil de las víctimas, su localización geográfica y el lugar de sus heridas, según el informe.
“Es un trabajo muy técnico y metodológico que busca impactar sobre el retardo judicial y mecanismos de investigación genuinos por parte del Estado, para sancionar y castigar estos asesinatos, las violaciones de derechos humanos”, dijo Ezequiel Monsalve, coordinador legal de Defiende Venezuela.
La información fue el resultado de la documentación y denuncia hecha por unos 20 familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, para el programa Transforma, un plan de capacitación que adelanta la ONG y que procura convertirlos en agentes de cambio y defensores de derechos humanos.
Muertes de alto calibre
En Venezuela, la dura represión policial y militar contra las protestas sociales, ocurridas entre abril y agosto de 2017, dejó 163 muertos, la mayoría jóvenes, y más de 2.000 heridos, en las ciudades más importantes, asfixiadas por la crisis económica y social.
En ese año, la tasa de muertes violentas fue de 15,9 por cada 100.000 habitantes, mayor que en países violentos de la región, como Brasil, Colombia y El Salvador.
Desde entonces, organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre las muertes por ejecuciones extrajudiciales y exigieron su cese. Solamente entre 2016 y 2020 se registraron 27.856 «ejecuciones extrajudiciales, según el Observatorio Venezolano de Violencia.
En 2017, hubo una particularidad: la violencia estuvo asociada a la disolución sistemática del Estado de Derecho, refirió el informe anual del OVV, que advirtió también del incremento de la inseguridad y la restricción de libertades personales y ejercicio de los derechos.
“En el año 2017 un conjunto de acciones y medidas destruyeron los mecanismos institucionales establecidos en la Constitución vigente, substituyéndolos con medidas e instancias de poder paralelas, provocando una doble institucionalidad”, señaló el informe en referencia a la disolución de la Asamblea Nacional electa en 2015 y su usurpación por una Asamblea Constituyente oficialista, lo cual ocasionó las manifestaciones.
Seis años después, Venezuela sigue siendo el país más violento del mundo. En 2022, aunque la tasa descendió, hubo un promedio de 781 por mes, y las muertes por intervención policial dejaron 103 muertos.
“Muchas de esas pueden ser ejecuciones extrajudiciales, pero hemos buscado acoplarnos a la terminología que se usa a escala internacional”, aclara Roberto Briceño León, director de la OVV, y precisa que la mayoría de intervenciones son ilegales. “Este año, como en años anteriores, las personas muertas por la policía son tan iguales que los muertes por delincuentes”.
Una vez que la Oficina de la Relatoría de Naciones Unidas reciba el informe o carta de alegación de los casos documentados por Defiende Venezuela, esta conocerá de los derechos violados, desde la óptica de la ciencia forense, y abrirá un procedimiento cuasi judicial. “El siguiente paso es que le solicitará al Estado información sobre el estatus de los casos”, dijo Monsalve.
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