El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela afirmó este viernes que los miembros de la Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU para la nación caribeña presentaron información «sesgada», «incontrastable» y sin «detalles ni evidencias» que «permitan su revisión, en su último informe.
«Nuevamente, los integrantes de la engañosa Misión presentan información sesgada, incontrastable, basada en testimonios anónimos, interpretada en base a sus prejuicios y sin detalles ni evidencias que permitan su revisión», indicó el MP en un comunicado publicado en Instagram.
La Misión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, aseguró haber recibido denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas tras las protestas registradas en la nación caribeña contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Fiscalía sostuvo que este reporte está diseñado para «alimentar los ataques contra Venezuela».
«En su deformada representación de la situación del país, niega también las numerosas investigaciones, imputaciones y acusaciones realizadas por el Ministerio Público contra funcionarios que han cometido violaciones de derechos humanos, así como las condenas dictadas por el Poder Judicial contra muchos de ellos», añadió.
El MP indicó que luego de las presidenciales, cuyo resultado oficial dio la victoria a Nicolás Maduro, se registraron «graves hechos de violencia» que incluyeron «la muerte de 27 personas, dos de ellas funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), produjeron 195 personas heridas, de las cuales 97 son funcionarios».
Asimismo, dijo que documentó 486 ataques a instituciones y bienes públicos y privados, entre ellos 75 centros educativos, 41 centros de salud, 50 instalaciones y medios de transporte, 253 sedes de cuerpos de seguridad, 10 colegios de votación, 7 sedes de instituciones de la administración pública, 27 estatuas y monumentos, 13 establecimientos comerciales y 10 locales de organizaciones políticas.
El informe de la Misión, que hizo una primera presentación el martes ante la prensa, registra que al menos 158 menores de edad fueron detenidos luego de las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales, y que algunos de estos sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, sostuvo que la «respuesta represora» de las fuerzas de seguridad y de grupos civiles armados presuntamente alineados con el Ejecutivo fue «orquestada por los más altos niveles civiles y militares del Gobierno, incluido el presidente Maduro».
Los miembros de la Misión de Determinación pidieron a la comunidad internacional que no caiga en el cansancio ni normalice lo que, según su criterio, está ocurriendo en la nación caribeña.
con redacción de EFE
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