Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen este jueves nuevamente ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por el juez Alvin Hellerstein, en una audiencia que originalmente fue convocada para revisar el avance del proceso, establecer un calendario de mociones y fijar, eventualmente, una fecha de juicio. Lo que ocurrió fue, en cambio, un nuevo capítulo de la estrategia de la defensa para frenar el caso antes de que llegue siquiera a discutirse la culpabilidad o inocencia del acusado.
Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores enfrentan cargos federales que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a territorio estadounidense, y delitos relacionados con armas, como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Ambos se declararon no culpables el 5 de enero, día de su primera comparecencia, tras ser capturados en la madrugada del 3 de enero en un operativo de fuerzas especiales estadounidenses en su residencia en Caracas.
El cargo más grave que enfrenta Maduro es el de narcoterrorismo, una figura legal creada por el Congreso de Estados Unidos en 2006 para perseguir a traficantes de drogas que financien actividades consideradas terroristas. Según una revisión de registros judiciales realizada por la agencia Reuters, desde su entrada en vigor 83 personas han sido acusadas bajo esta ley. De ellas, 31 se declararon culpables de narcoterrorismo o cargos menores, ocho aguardan juicio, y decenas no están bajo custodia estadounidense.
Lo que hace especialmente relevante esta estadística para el caso Maduro es el historial de los juicios orales: la ley solo ha producido cuatro condenas en juicio, y dos de ellas fueron revertidas posteriormente por problemas con la credibilidad de los testigos. Solo una condena relacionada con el narcotráfico vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha sido sostenida en apelación.
El reto central para los fiscales, explican expertos legales citados por Reuters, es demostrar que el acusado sabía que el tráfico de drogas que supuestamente facilitó representaba un beneficio financiero para una organización terrorista. «No tiene que ser la motivación», explicó Artie McConnell, exfiscal federal y socio del bufete BakerHostetler. La ley define el terrorismo de forma amplia: como violencia premeditada y políticamente motivada contra no combatientes.
«Si tomas la definición legal de terrorismo y actividad terrorista, puedes trazar un alcance bastante amplio con el tipo de actividad de la que hablamos», añadió Shane Stansbury, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Duke y exfiscal federal.
El narcoterrorismo conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión, el doble que el tráfico de drogas ordinario. Ambos cargos pueden resultar en cadena perpetua.
La defensa apuesta por dilatar
El abogado venezolano Nizar El Fakih, quien sigue de cerca el expediente, explicó en una entrevista previa que la audiencia de este jueves es una «conferencia de estatus», una instancia habitual del sistema penal estadounidense en la que el juez verifica si las partes han avanzado en los aspectos necesarios para llegar a la etapa probatoria. «El juez va a verificar fundamentalmente dos cosas: si se han presentado mociones y cómo va la revelación de las pruebas», señaló.
En lugar de entrar en esa discusión, la defensa de Maduro, a cargo del abogado Barry Pollack, ha introducido mociones de carácter procedimental que buscan la nulidad total del proceso. Según El Fakih, se trata de «una estrategia para tratar de, precisamente, dilatar el debate sobre el fondo de este caso».
Uno de los argumentos centrales de Pollack es que las sanciones impuestas por Estados Unidos le impiden cobrar sus honorarios, lo que vulneraría el derecho al debido proceso de su cliente. El abogado advirtió el mes pasado que deberá retirarse del caso si no se permite al Estado venezolano pagar su defensa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro otorgó inicialmente una licencia para ese pago, pero luego la revocó, calificándola de «error administrativo».
Los fiscales sostienen que los Maduro pueden acceder a sus fondos personales en Venezuela para cubrir sus gastos legales, pero que la legislación prohíbe expresamente utilizar los recursos de un gobierno sancionado para pagar los honorarios de otra persona también sancionada. «OFAC ha denegado la solicitud de los acusados de una excepción adicional: permitirles pagar sus honorarios legales con un fondo controlado por un gobierno sancionado», indicaron los fiscales en un documento judicial.
Para El Fakih, el planteamiento no tiene respaldo en la legislación estadounidense ni antecedentes en casos similares. «No existe ningún precedente en el cual una persona que esté siendo procesada penalmente requiera y exija que su país de origen sufrague los costos», advirtió. Además, si Maduro no puede pagar una defensa privada, la ley estadounidense le garantiza el derecho a un defensor público.
El experto en derecho de sanciones Duncan Levin, exfiscal, fue aún más directo: «Dado que no se le reconoce como líder de Venezuela y todo el régimen de sanciones está diseñado para cortarle los recursos, es improbable que el tribunal considere que tiene derecho a usar ese dinero para financiar su defensa penal».
Sin inmunidad, sin argumento sobre la captura
Pollack también ha señalado que argumentará que Maduro goza de inmunidad por los actos cometidos durante su presidencia, y que cuestionará la legalidad de su captura. Ambas vías tienen, según los expertos, pocas posibilidades de éxito.
En cuanto a la inmunidad, el obstáculo es claro: en el sistema jurídico estadounidense, es el presidente de ese país quien determina a quién reconoce como jefe de Estado extranjero. Desde 2019, Washington no reconoce a Maduro como gobernante legítimo de Venezuela, posición que se ha reiterado recientemente con el reconocimiento de Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo, como jefa de Estado para efectos diplomáticos. «Estoy 100% seguro de que un tribunal estadounidense no va a cuestionar la determinación de Estados Unidos de que Maduro ya no es jefe de Estado», dijo William Dodge, profesor de derecho internacional de la Universidad George Washington. Y añadió: «El tráfico de drogas no es un acto oficial».
Sobre la captura, El Fakih explicó que los tribunales penales estadounidenses no evalúan cómo se produjo una detención en territorio extranjero. Lo relevante, señaló, es que exista una acusación válida y una orden de arresto emitida por un tribunal federal. «Una vez que el juez verifica esos extremos, da por sentado que el proceso puede continuar».
Los posibles testigos
Los fiscales aún no han revelado quiénes testificarán contra Maduro. Sin embargo, la agencia Reuters reportó que dos exgenerales venezolanos acusados en el mismo expediente de 2020 podrían ser clave: Cliver Alcalá y Hugo Carvajal. Ambos se declararon culpables de cargos vinculados a sus relaciones con las FARC, aunque ninguno acordó cooperar con la Fiscalía en el momento de sus declaraciones de culpabilidad.
Alcalá, de 64 años, cumple una condena de casi 22 años en una prisión federal en Cumberland, Maryland, tras admitir haber suministrado armas a las FARC —algo que dijo haber hecho bajo órdenes del expresidente Hugo Chávez— aunque negó haber ayudado a mover cocaína. En una entrevista telefónica con Reuters, dijo estar dispuesto a cooperar, pero indicó que los fiscales le han exigido admitir participación en el tráfico de drogas como condición, algo que rechaza. «No puedo, para reducir mi condena, declararme narcotraficante cuando no lo soy», afirmó. Consultado sobre si los cargos contra Maduro tienen fundamento, respondió que creía que había «alguna base» y que tenía indicios de vínculos con un traficante preso en Caracas, sin ofrecer detalles.
La sentencia de Carvajal está fijada para el 16 de abril. Su abogado declinó comentar si cooperará con la Fiscalía.
Un proceso largo por delante
El Fakih advirtió que es prematuro estimar cuánto durará el proceso. Cada moción presentada abre nuevas rondas de argumentación que pueden prolongar el caso. El propio proceso de descubrimiento de pruebas —el discovery— podría extenderse significativamente los plazos. «La revelación de las pruebas va a consumir también bastante tiempo porque sobre esa revelación también pueden realizarse mociones», explicó.
Por ahora, la audiencia de este jueves sirve para medir si la estrategia de la defensa logra seguir postergando el momento en que el tribunal entre, finalmente, a evaluar si Nicolás Maduro coordinó durante años una red criminal con funcionarios y grupos armados para traficar drogas hacia Estados Unidos.
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