La ONU acordó el viernes extender dos años más el trabajo de una misión que investiga y documenta las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, cuyo gobierno intentó impedir la aprobación de esta decisión por considerarla una injerencia en sus asuntos internos.
No obstante, la medida fue avalada por 19 países en una votación en el Consejo de Derechos Humanos, mientras que 5 votaron en contra (Bolivia, Cuba, China, Eritrea y la propia Venezuela) y 23 se abstuvieron. Cuarenta y siete países tienen derecho a voto en esta órgano de la ONU.
La resolución recibió el auspicio de 48 países y Paraguay asumió su presentación inicial, señalando que el texto reconocía ciertos pasos positivos por parte de las autoridades venezolanos para fortalecer el Estado de Derecho, pero que los problemas todavía son muy grandes y justifican que la misión continúe su trabajo.
Incidió en que Venezuela ha desoído la mayor parte de las recomendaciones que le ha hecho esta misión en los tres informes que ha elaborado hasta el momento.
La delegación de Venezuela rechazó de forma rotunda la resolución, que calificó de «iniciativa hostil», que viola la soberanía de un Estado y una forma de asedio «por parte de los acólitos de Estados Unidos».
Adelantó que -como lo ha hecho hasta ahora- el Gobierno de Nicolás Maduro no piensa colaborar con la misión, a cuyos miembros (tres destacados juristas de diferentes países apoyados por un equipo técnico) no ha permitido entrar al país desde que el grupo fue formado hace tres años.
Maduro firmó con la exalta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, un acuerdo de cooperación que permitió que un reducido número de colaboradores de este organismo trabajen en Venezuela y hagan un seguimiento directo de la situación, pero con fines de cooperación y no de escrutinio.
-CONTUNDENTE INFORME DE LA ONU
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela dio a conocer su último informe en una rueda de prensa en la que señala que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
En el informe, la Misión insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Según un comunicado de prensa de la Misión, el informe “ofrece un análisis detallado del papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno”.
La Misión asegura haber documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
El SEBIN también habría torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas.
La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.
Y añade que las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy, ya que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en “un clima de casi total impunidad”.
Secretario del @UN_HRC aclara que la renovación de la FFM necesitaría un presupuesto de 5 millones de USD.
— Examen ONU Venezuela (@VE_ONU) October 7, 2022
Cuba afirma que es un presupuesto destinado a fines geopolíticos.#QueSigaLaMisión
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