La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, a través del abogado Francisco Cox Vial, respondió a las acusaciones hechas por el canciller venezolano Félix Plasencia sobre el «sesgo» y «falsedad» en el último informe que presentaron sobre el país, basado en la independencia del sistema judicial.
«No existen falsedades, toda la documentación se ha hecho en base a testimonios. El sustento y metodología es sobre la base de documentación legal oficial», dijo el abogado Cox durante su intervención al final del diálogo interactivo, en la 48° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El informe de la Misión integrada por Martha Valiñas, Francisco Cox y Patricia Tappatá, señala que el sistema de justicia venezolano está comprometido con graves violaciones a los derechos humanos, pues se ha violado el debido proceso en casos de opositores o personas que el Gobierno identifica como tal, y además las decisiones judiciales dependen de motivaciones políticas.
Además recordó que el estándar probatorio, que los representantes del Gobierno venezolano alegaron es «bajo», es el mismo estándar que usan el resto de las Misiones de Determinación de Hechos. Además rechazó que se les acuse de ser una «misión fantasma» y reiteró que están dispuestos a ingresar al país pero la administración de Nicolás Maduro se los impide.
Resaltó que, según las normas de la ONU, su mandato es complementario a otros como el de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos así como los denominados mecanismos especiales. «Todos deben complementarse para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela».
Ante las reiteradas preguntas de algunos países como Cuba o Eritrea sobre la posición de la Misión respecto a las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, el abogado dejó en claro que dentro de su mandato no está revisar el impacto de las sanciones, por lo cual no se han dedicado a investigar sobre ello.
Sobre el proceso de diálogo en México, el abogado chileno señaló que como Misión «no tenemos una posición sobre negociaciones o sus resultados, pero creemos que nuestros informes deben ser insumos tomados en cuenta para esas negociaciones y nos satisface que uno de los puntos sea un análisis del sistema judicial».
Reformas judiciales
Una de las preguntas más reiteradas por los países hacia la Misión fue su posición sobre las reformas judiciales que se concretaron el pasado viernes 17 de septiembre, tras la aprobación de los cambios a un paquete de leyes por parte de la Asamblea Nacional electa en los cuestionados comicios de diciembre de 2020.
Francisco Cox Vial destacó que algunas de estas leyes van en la línea de hacerse cargo de las violaciones que ha constatado la Misión, como irregularidades procesales o el uso excesivo de la prisión preventiva. «Esas reformas en papel parecen tener el sentido correcto. No es solo un problema de leyes, sino como se implementan estas leyes y por eso tenemos que ver su avance».
Dijo que el caso de Fundaredes puede ser es un ejemplo claro de cómo se implementan estas normas, pues recordó que si bien se dictó una norma por parte del presidente Maduro donde se ordenaba vaciar centros como el Sebin o la Dgcim, los tres activistas de ONG se encuentran en el Helicoide «en contra de una norma expresa dictada por el Presidente».
Insistió en que no se trata de hacer reformas precisas o particulares para mejorar la independencia judicial, «si no se reforman las bases de justicia e independencia y se eliminan las intervenciones políticas externas que afectan al poder Judicial (…) La independencia del poder Judicial, de la Defensoría y la Fiscalía son necesarias para la justicia y reparación de las víctimas».
Francisco Cox dijo que la Misión espera que una reforma estructural y la implementación adecuada de dichas reformas «sean un paso para la protección de los opositores que han sido vulnerados, pero habrá que esperar».
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