Un desalojo ejecutado por militares a 300 mineros del sector Atenas, en Tumeremo, estado Bolívar, desató una ola de protestas en esa zona de explotación aurífera. Los trabajadores artesanales del oro se concentraron en la vía que conduce hacia la mina para exigir que el gobierno de Nicolás Maduro les permita trabajar.
Los manifestantes alertaron que han intentado ingresar dos veces al yacimiento de oro, pero los oficiales los han replegado violentamente. «La primera vez que fuimos nos recibieron con tiros al aire, nos dijeron que nosotros trabajábamos con los malandros. No sabemos qué quiere hacer el general Osorio», declaró la minera Rosa Oronoz.
El general Carlos Osorio es, desde junio de 2019, el presidente de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), un ente encargado de la regulación y control de la actividad de explotación aurífera en el país.
La mina Atenas es una de las zonas más conocidas de Tumeremo, pues en 2016 fue escenario de una masacre de al menos 17 personas. Según el Ministerio Público, el autor de la matanza fue Jamilton Suárez Ulloa, alias Topo, un líder de una banda armada que fue asesinado en un operativo militar ese mismo año. Luego del violento episodio, los mineros regresaron a sus extensas y riesgosas faenas bajo tierra.
«Ahora nos tienen la mina secuestrada. Los militares, junto con un grupo paramilitar, están custodiando esa mina porque supuestamente fue entregada a dos generales», denunció Neptalí Mendoza, quien tiene 20 años ejerciendo el oficio de la extracción de oro y ahora quedó sin trabajo. Alertó que muchos de sus compañeros han entrado de manera clandestina a la zona tomada por militares, asumiendo el riesgo que eso implica.
Mendoza puntualizó que el Gobierno es quien está generando un grave daño ambiental en el Arco Minero del Orinoco. «Se nos ha satanizado, alegando que el minero destruye, pero más destruye el Gobierno con su maquinaria que ha raspado toda la corteza de la tierra y deja grandes peladeros. Las minas las han entregado a gobernadores, alcaldes y a jefes militares», aseguró Mendoza.
En octubre de 2019, Nicolás Maduro anunció la entrega de una mina para cada gobernación. Sin embargo, esa operación se ha manejado casi en secreto pues no se sabe cómo ha sido la distribución de estos territorios donde trabajan miles de mineros artesanales y, en algunos casos, están controlados por grupos armados.
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