La Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro firmaron en Barbados lo que finalmente se denominó un “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”.
El texto dibuja vagamente algunas de las condiciones que deberían darse de cara a la elección presidencial de 2024, pero en el fondo no deja muy bien parada a la oposición o, al menos, la relega a un segundo plano. Todo dependerá del tira y afloja directo entre el régimen de Maduro y la administración de Joe Biden. Por ahora, Maduro sigue teniendo todo muy atado.
La expectativa y las especulaciones de las horas previas se diluyó apenas se leyeron los puntos del “acuerdo parcial” sobre garantías electorales firmado en Barbados entre la Plataforma Unitaria de Venezuela, encabezada por Gerardo Blyde, y la delegación de Nicolás Maduro, dirigida por Jorge Rodríguez.
Lejos de establecer una ruta clara, el documento apenas abre un paraguas de lo que deberían ser las condiciones electorales de la elección presidencial en 2024. Condiciones que, por cierto, están establecidas en la Constitución y las leyes, pero que, precisamente, el chavismo incumple a conveniencia como ha demostrado durante más de dos décadas en el poder.
Para desmenuzar el acuerdo hay que entender cómo se llegó esta vez a Barbados, donde ya alguna vez oposición y Gobierno se habían reunido antes de ceder todo el protagonismo a México.
La delegación opositora no negoció en igualdad de condiciones. En la práctica, refrendó un acuerdo bajo presión de los verdaderos protagonistas de este asunto: los americanos y Nicolás Maduro. Desde hace meses, y luego de las conversaciones de funcionarios del gobierno estadounidense con representantes de Maduro en Catar, esta negociación tiene dos niveles.
“La oposición no cuenta, por ahora, con ninguna herramienta que le permita estar de igual a igual en la mesa. Si a eso le sumamos la crisis de representatividad que tiene una parte de la delegación, la conclusión es que no había posibilidad de que las cosas ocurrieran de otra manera”
En un primer nivel está el intercambio directo y secreto entre Estados Unidos y Maduro. Supeditado a lo que allí se pacte, al juego de incentivos que Washington le ofrezca al régimen y a los compromisos que Maduro establezca con la administración Biden, es que aparecen las conversaciones entre el oficialismo y la oposición, en el marco del mecanismo promovido por Noruega. En otras palabras, Estados Unidos incluye los intereses de la oposición en su negociación privada con Maduro.
Sin embargo, los detalles de lo que convienen la Casa Blanca y Miraflores, desafortunadamente, no son públicos y por eso en Barbados no hubo información sobre las medidas que Washington tomará para aliviar las sanciones sobre Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), principalmente; o del posible retiro de la lista de sancionados por la OFAC contra funcionarios del chavismo o personas del entorno de Maduro, como se especuló en las horas previas a la firma del acuerdo.
¿Qué firmó la oposición?
El acuerdo parcial es bastante genérico y plantea unas garantías electorales básicas, que de por sí están establecidas en la Constitución. Pero el documento no especifica puntualmente cómo y cuándo Maduro cumplirá los compromisos que estaba suscribiendo. El largo historial de incumplimientos del chavismo de este tipo de acuerdos, así como de la propia Constitución, no invita al optimismo.
Al respecto, el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, declaró hoy en una entrevista radial, que sí existe un “mecanismo de verificación y seguimiento”, pero que por los momentos no podía revelar cuál es.
En el acuerdo tampoco se toca explícitamente uno de los temas más álgidos: las inhabilitaciones políticas. Simplemente se señala que “se promoverá la autorización a todos los candidatos y partidos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley para participar en la elección”.
En la práctica, eso supondrá que quienes hayan sido inhabilitados no podrán participar en la elección presidencial del próximo año, como ayer mismo adelantó Jorge Rodríguez. “Solo podrán participar quienes cumplan los requisitos que establece la ley y un inhabilitado no los cumple”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional oficialista.
No obstante, en la entrevista mencionada, Gerardo Blyde insistió en que el acuerdo garantiza “una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad”, pero tampoco lo explicó, sin embargo, sostuvo que ese tema no está cerrado y que aún hay varios caminos por explorar.
Varias de las fuentes consultadas confirmaron que la candidata María Corina Machado, favorita para ganar las primarias del próximo domingo, solicitó a la delegación opositora y a los norteamericanos que quedara explícitamente establecido en el acuerdo que ella podrá competir libremente en las presidenciales, pero la delegación de Maduro rechazó automáticamente la petición de Machado.
De las pocas certezas que deja el acuerdo de Barbados destacan que la oposición podrá realizar las primarias el 22 de octubre y que las presidenciales serán en el segundo semestre de 2024. Aunque no está en el documento, también es probable que, en el marco de ese juego de cesiones e incentivos con los Estados Unidos, ocurra la liberación de varios presos políticos, entre los que podrían estar el periodista e integrante de VP, Roland Carreño, y Juan Requesens, el exdiputado de (PJ), según han adelantado otras fuentes.
Discordancias de la oposición
Apenas culminó el acto en Barbados, dos de los partidos que suscribieron el acuerdo, Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), publicaron sendos comunicados en los que expresaban sus reservas, pero justificaban la firma del documento.
En el caso de la tolda naranja también denunciaron que su delegado Lester Toledo fue vetado por la delegación chavista y no pudo participar ni en la discusión previa, ni en el evento público de la firma. En el comunicado, el partido naranja afirmó que en el convenio Maduro se compromete a “la habilitación inminente del candidato que gane las primarias”, cosa que por ninguna parte fue incluida en lo firmado.
Por su parte, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, vestido de traje y corbata, publicó un video en el que se mostró complacido con la firma del acuerdo.
“El gran documento que toda Venezuela esperaba llegó”, dijo Rosales en un discurso leído con la bandera de Venezuela de fondo y sentenció que “ahora vamos a un 2024 pleno y Venezuela se empieza a mover por los caminos de la esperanza”. El gobernador del estado Zulia no mencionó el tema de las inhabilitaciones políticas, pero sí destacó que se va a “iniciar un desmontaje gradual de las sanciones que tantos problemas han causado” y hasta pronosticó el “regreso de las trasnacionales petroleras y gasíferas, así como al relanzamiento de la industria energética nacional”.
Entretanto, María Corina Machado también se pronunció y en un comunicado en sus redes sociales donde se desligó por completo de lo acordado en Barbados: “No he participado en esas negociaciones y desconozco su alcance proceso”. Aseguró que “el acuerdo que se dio a conocer no arroja certezas a los venezolanos, al no precisar las acciones y plazos específicos que despejan la ruta hacia el 2024”; y recordó que “el régimen de Maduro ya ha firmado acuerdos que viola reiteradamente”.
Otros problemas e interrogantes
En el horizonte la oposición enfrentará algunos dilemas: ¿Qué va a pasar si, tal y como anticipan las encuestas, María Corina Machado gana las primarias?, ¿habrá un nuevo conflicto dentro de la oposición?, ¿por qué no esperaron el resultado de las primarias?, ¿cómo se incluirá la voz del candidato ganador de las primarias en las deliberaciones de la plataforma unitaria? Al principio comentamos que hubo mucha presión para que la oposición firmara antes del 22 de octubre.
Por otro lado, la oposición siempre comete los mismos errores de comunicación. El más importante es que siguen permitiendo que el oficialismo tome la delantera en el posicionamiento de narrativa, hecho que se traduce en que la desconfianza y la predisposición de la ciudadanía hacia el proceso aumenten.
Esto, junto a la evidente debilidad y descoordinación de los partidos, hace que no sea ilógico que las cosas se hayan dado como hasta ahora en este proceso. Después de todo, son los Estados Unidos y Maduro quienes tienen algo puntual que negociar. Los primeros las sanciones y el segundo las condiciones para la presidencial.
La oposición no cuenta, por ahora, con ninguna herramienta que le permita estar de igual a igual en la mesa. Si a eso le sumamos la crisis de representatividad que tiene una parte de la delegación, la conclusión es que no había posibilidad de que las cosas ocurrieran de otra manera.
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