Muy escuetamente, el contralor Elvis Amoroso, señaló ante la AN que en 2021 hubo 264.460 actuaciones de la contraloría, dividas como sigue: actuaciones fiscales (21.540), multas (472), análisis de declaraciones juradas de patrimonio (234.979), inhabilitaciones (179), reparos (235) e inspecciones directas (7.055)
Teorías conspirativas y cuento viejo. Eso y más fue lo que el contralor general, Elvis Amoroso, presentó ante la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 en lo que, dijo, era su memoria y cuenta, correspondiente al año 2021.
Lejos de dar pormenores, por ejemplo, de algunas de las medidas en materia de control de la administración pública que desde el organismo se habría hecho el año pasado, el contralor, durante la sesión ordinaria de este 6 de abril se dedicó a reciclar los cuentos del bloqueo económico, las sanciones y hasta la posición en la industria musical de artistas como Maelo Ruiz, quien recientemente se reunió con el gobernante Nicolás Maduro.
El funcionario también amenazó a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y al Consejo Nacional de Comercio y Servicios (Consecomercio) y Farmatodo. “Los vamos a sancionar, no se van a hacer ricos nuevamente», dijo, pese a que esto no forma parte de sus competencias. El 5 de abril Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, se reunió con el gobernante Nicolás Maduro.
Asomó que los cuerpos de seguridad fiscalizarán a los comercios para garantizar que aplique la tasa oficial del BCV. “Vemos con mucha preocupación que en estos comercios ya no quieren recibir el dólar, sino ahora el bolívar pero a una tasa que no es la del BCV. Quieren regresar a lo que hicieron hace dos o tres años, un dólar ficticio, un dólar a la tarifa que ellos quieren poner”, dijo.
No obstante, fiscalizar comercios privados o sancionarlos no forma parte de las competencias de la Contraloría General, cuyas atribuciones solo impactan a instituciones del sector público, como lo establece el artículo 289 de la Constitución vigente.
La Contraloría General se debe encargar de velar por la transparente administración del patrimonio público del Estado, así como inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público e instar al fiscal general a ejercer acciones judiciales a que hubiera motivo de infracción o delitos cometidos contra el patrimonio público. Sobre nada de esto Amoroso hizo mención.
Memoria y cuentos
«Hemos contribuido a las restauraciones en ingeniería financiera a pesar de las sanciones», dijo Amoroso a la plenaria. La Contraloría General se debe encargar de velar por la transparente administración del patrimonio público del Estado, así como inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público e instar al fiscal general a ejercer acciones judiciales a que hubiera motivo de infracción o delitos cometidos contra el patrimonio público. Sobre nada de esto Amoroso hizo mención.
Muy escuetamente señaló que en 2021 hubo 264.460 actuaciones de la contraloría, dividas como sigue: actuaciones fiscales (21.540), multas (472), análisis de declaraciones juradas de patrimonio (234.979), inhabilitaciones (179), reparos (235) e inspecciones directas (7.055).
Sobre las declaraciones juradas dijo que se registraron actualizaciones (95.576), nuevos ingresos a la administración pública (72.142), cese de funciones en la administración pública (64.471), declaración de los integrantes de los consejos comunales (1.3839 y declaraciones de los integrantes de la junta directiva de los sindicatos 1.346.
La contraloría puede ejercer control sobre el Banco Central de Venezuela, institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, órganos y entidades en los territorios federales y dependencias federales, órganos y entidades locales previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Poder Público Distrital, Poder Público Estadal, Poder Público Municipal, Poder Público Nacional, universidades públicas, instituciones, fundaciones, asociaciones y personalidades conexas a los organismos mencionados anteriormente.
“Según Elvis Amoroso”, en 2021 la Contraloría hizo inspecciones directas al arco minero, la Fuerza Armada Nacional (FAN), el aeropuerto de Maiquetía, estaciones de servicio de gasolina, refinerías, Sunacrip, atuneras, el Centro de Almacenes Congelados en Cagua, la Centra Hidroeléctrica Simón Bolívar en Bolívar, la Planta de llenado de gas en Carabobo y Pdvsa en Yagua.
Otras de las inspecciones directas que habría hecho la contraloría en 2021 fue a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, al Ministerio de Alimentación y trabajos municipales en diferentes estados. No ofreció detalle derivados de las inspecciones.
Una investigación que parece no caminar
El contralor general Elvis Amoroso aseguró que tiene adelantada y «casi culminada» la investigación a las directivas de la AN electa en 2015 liderada por Juan Guaidó, lo que evidencia que en tres años el órgano no ha podido recabar las pruebas necesaria contra los diputados del Parlamento de mayoría opositora y que se mantiene en funciones por continuidad administrativa.
El año pasado, durante su memoria y cuenta, Amoroso anunciaba que en 2019 se inició una serie de investigaciones contra exfuncionarios y exdiputados que pretendían usar los recursos del Estado para destruir a las instituciones legítimamente constituidas. En ese momento siguió el libreto del chavismo y señaló a funcionarios y dirigentes de oposición como Juan Guaidó y al fundador del Voluntad Popular de (VP), Leopoldo López, de intentar desfalcar al país.
En la sesión de este 6 de abril Amoroso dijo que la ciudadanía «puede ver como fue restaurado este Palacio Federal Legislativo y sus oficinas. La anterior directiva desmanteló toda esta AN. Acudiremos en las próximas semanas ante la fiscalía para hacer todo lo posible para que esos señores estén tras las rejas».
Comentó que desde la Contraloría presentó 19 leyes ante la AN, acudieron a actos protocolares como la redición de cuentas del gobernante Nicolás Maduro o el inicio del año judicial. Además resaltó que se ha aportado con insumos al estado Apure, entidad que lleva meses en conflicto entre las fuerzas armadas y grupos irregulares.