ProPublica, medio estadounidense de periodismo de investigación, analizó los términos del acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos -de 18 páginas- y señala detalles importantes que muestran la desventaja de Venezuela en un pacto calificado de «histórico» por Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo nacional, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el pasado 3 de enero.
«El documento revela términos cuidadosamente elaborados que favorecen los intereses estadounidenses en todo momento y consolidan el poder de un pequeño grupo de personas elegidas a dedo por la administración Trump para gobernar y beneficiarse del acuerdo. El papel del gobierno venezolano y los posibles beneficios para su pueblo están prácticamente ausentes del texto», señala la investigación.
De acuerdo a los detalles señalador por ProPública, el acuerdo está diseñado para impedir que futuros presidentes estadounidenses y líderes venezolanos modifiquen o desmantelen la empresa.
El acuerdo petrolero firmado entre Venezuela y Estados Unidos el pasado 2 de septiembre no establece de forma explícita que Nabep, la empresa de Alejandro Betancourt, esté obligada a pagar a Venezuela los aproximadamente 200 mil millones de dólares en regalías e impuestos.
Lo que sí garantiza el documento suscrito es un importante descuento a Estados Unidos sobre el valor justo de mercado en el 20% del petróleo de la empresa de Betancourt y le otorga prioridad para adquirir el resto del crudo durante cincuenta años. En caso de emergencia nacional, Washington puede comprar toda la producción de la compañía.
Alejandro Betancourt, el nuevo socio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está bajo el escrutinio público debido a un historial de denuncias de corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, su designación fue defendida por el Ejecutivo venezolano. La estructura del pacto dificulta que futuros gobiernos puedan modificarlo o deshacerlo. Betancourt conservará el puesto de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el voto de cinco de los siete miembros de la junta.
“A lo largo de la evolución del acuerdo, quedó claro que la estructura de gobierno tenía como objetivo garantizar el máximo control por parte de quienes lo negociaban y protegerlos de futuras administraciones que intentaran revertir el acuerdo o ponerlo en tela de juicio”, dijo una persona familiarizada con las negociaciones a ProPública.
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