La cifra se desprende de un informe de la coalición regional Observatorio para la Defensa de la Vida. La organización también computó 28 detenciones arbitrarias, 4 casos de “amenazas”, 4 intentos de asesinato y 1 suceso de “malos tratos” .
En Venezuela, 44 personas defensoras de derechos laborales y líderes sindicales fueron asesinadas entre 2015 y 2020, según un informe presentado por la coalición regional Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida).
La organización detalló que estos asesinatos son “consecuencia de la implementación de la estrategia de ‘paralelismo sindical’”, que se refiere a la existencia de más de un sindicato en un espacio productivo, y que el “sicariato podría configurarse como un patrón” en esta área.
Además, Odevida computó 28 detenciones arbitrarias, 4 casos de “amenazas”, 4 intentos de asesinato y 1 suceso de “malos tratos”.
Detalló que las víctimas fueron 23 miembros de sindicatos de la construcción, 21 sindicalistas de empresas básicas en el estado Bolívar (sur), 11 miembros de centrales sindicales, 6 de la Administración Pública, 4 de la industria petrolera, 4 de sindicatos de empresas, 3 activistas de salud, 3 del sector eléctrico y 7 sobre los “no hay información”.
Una manifestación de sindicatos venezolanos (EFE/ Rayner Peña R/Archivo)
Asimismo, señaló que 4 de los 82 hechos de violencia fueron en contra de mujeres.
Odevida aseguró que, entre 2015 y 2020, la “política antisindical” avanzó hacia “formas más represivas” y que “persisten los obstáculos y amenazas” para el ejercicio de la libertad sindical, mediante las detenciones y procesos penales de sindicalistas y trabajadores “que dirigen o participan en conflictos laborales”.
El observatorio denunció que los representantes sindicales tengan que afrontar procesos judiciales por defender sus derechos, así como la “impunidad es la constante” frente a las detenciones y asesinatos.
Ante los datos, el observatorio recomienda al régimen venezolano generar espacios para discutir y construir acciones que protejan a líderes sindicales, así como investigar los hechos registrados y “respetar los tratados internacionales y leyes nacionales que protegen los derechos” laborales.
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