No son hechos aislados, hay una política sistemática de represión. Eso fue lo que denunció el pasado 20 de septiembre la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, la Misión de la ONU sobre Venezuela, en la presentación a la prensa internacional de su 4.º informe sobre la grave situación de los derechos humanos que comete el gobierno de Nicolás Maduro en el país.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, detalló que documentaron 43 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos, afectando a 72 personas individualmente. Al menos 58 personas fueron detenidas arbitrariamente por Nicolás Maduro: sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), opositores y personas percibidas como críticas fueron las principales víctimas.
La Misión también denunció que, como consecuencia, los pilares fundamentales del espacio cívico y democrático de Venezuela han sido gravemente restringidos gracias a una cultura de miedo, desconfianza y autocensura y las tácticas de represión implementadas.
El modelo represivo fue descrito con mecanismos de represión “duros y blandos” desplegados en el país a través de privaciones arbitrarias de la vida (ejecuciones), detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles que el Estado puede activar o desactivar en cualquier momento, a voluntad de acuerdo a la naturaleza y fortaleza de la disidencia del momento.
La Misión también concluyó que tras la “disolución” por presión internacional de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se creó la “nueva” Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, la continuación de facto de las FAES. Un cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos, con 10 puestos de mando ocupados por antiguos altos cargos de la extinta FAES y señalados de crímenes de lesa humanidad.
Desde PROVEA conversamos con Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, sobre este nuevo informe de las políticas lesivas del Estado a la dignidad humana, la colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las cadenas de mando, el papel de las instituciones del Estado y más.
El informe detalla una serie de denuncias, desde la descripción del modelo represivo del Estado hasta casos recrudecientes como los ataques a las organizaciones, sindicalistas y sociedad civil de Venezuela, ¿para ustedes qué es lo más grave de todo lo documentado?
Lo más grave es que el aparato opresivo del Estado siga operando y se va adaptando a las diferentes formas de ejercicio de la disidencia o de crítica al Gobierno para encontrar manera de anularlas.
Los diferentes mecanismos de represión utilizados por el Estado y documentados en nuestro informe son todos graves porque se complementan, están a la disposición del Estado y van siendo utilizadas por éste en la medida en que estime necesario.
Su trabajo de denuncia ha sido alentado por diferentes organizaciones, entre ellas PROVEA, por lograr un efecto inhibidor en las masivas violaciones de derechos humanos en el país, pero estas violaciones se han ajustado a un modelo selectivo contra voces disidentes, ¿cómo ven la evolución de estas tácticas ante un panorama electoral y de impunidad interna?
El hecho de que las detenciones arbitrarias, a veces acompañadas de desaparición forzada de corta duración y de actos de tortura u otros malos tratos, incluida la violencia sexual y de género, siguen siendo utilizadas de modo más selectivo contra voces disidentes, es muy preocupante porque constituyen además una amenaza muy real a cualquier persona que se atreva a manifestarse públicamente o expresar sus opiniones contrarias al Gobierno.
La impunidad persistente por este tipo de actos, así como por las privaciones arbitrarias de la vida que ocurrieron en contra de manifestantes en el pasado, agravan el temor de las personas a participar de manera pública en actos que puedan ser vistos como críticos del Gobierno. Esto coarta la posibilidad de que las personas participen de forma libre y segura en el debate público que debería existir en cualquier sociedad democrática y pluralista.
Toda esta documentación demuestra un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Venezuela a manos del Estado, ¿cómo se encuentra su colaboración con la oficina del Alto Comisionado y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional?
La Misión sigue dispuesta a compartir información con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional conforme al acuerdo de cooperación realizado entre la Corte y las Naciones Unidas, y de acuerdo con el consentimiento que la Misión recibió de sus fuentes para que la información que nos proporcionaron pudiese ser compartida con la Corte.
Por otra parte, por el momento y desde la creación de la Misión, no hay intercambio de información sustantiva entre la Misión y la Oficina del Alto Comisionado, de modo a preservar la separación entre ellas.
Ustedes han señalado a las cadenas de mando de las FAES y DAET como responsables de graves violaciones ¿será posible que veamos una nueva identificación de otros presuntos responsables en las cadenas de mando en próximos informes?
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