El portal El Comercio reseñó que redes de tráfico de personas asentadas en la región limítrofe peruano-ecuatoriana de Tumbes, promueven el paso ilegal de familias de migrantes venezolanos al Perú, a pesar de que las fronteras están cerradas desde inicios de la pandemia por el COVID-19.
El diario limeño destaca uno de los tantos “operativos” de tráfico de venezolanos: un mototaxi aparece por una trocha escondida. Al llegar a la Panamericana Norte, un auto lo espera. Del mototaxi baja una familia entera de venezolanos, incluyendo a una mujer que lleva a un niño en brazos. Suben al auto y desaparecen con rumbo al sur.
Según la Fiscalía peruana, se han identificado a bandas de tráfico ilegal de personas que se han aprovechado de la necesidad y vulnerabilidad de los venezolanos para cobrarles cupos y hacerlos ingresar irregularmente al país.
“Desde la cuarentena y hasta la fecha, tenemos un aproximado de 35 casos de tráfico ilícito de migrantes denunciados”, explica Roberto Villacorta, titular de la Fiscalía de Trata de Personas de Tumbes.
Desde julio, cuando se flexibilizó la cuarentena obligatoria y se redujo el resguardo militar en la zona, los casos escalaron. “Tenemos una investigación reservada, pero se sabe que incluso hay venezolanos que se estarían encargando de promover el ingreso ilegal de sus conciudadanos”, dijo Villacorta.
La ruta
Tanto la fiscalía como la policía han detectado este camino. Primero, cruzan el Canal Internacional, que divide al Perú y Ecuador. Lo hacen a través de unos puentes artesanales hechos con base de madera y, a veces, incluso con material resistente como piedras y cemento.
“Prácticamente nosotros destruimos estos puentes y, al poco tiempo, nuevamente los construyen. Gracias a la presencia de militares en la zona esto se ha tranquilizado un poco”, refirió, por su parte, el mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP) Mario Bonilla, comisario de Aguas Verdes.
La policía atribuye esta situación a la falta de personal para controlar toda la extensión del Canal Internacional. Los agentes de la comisaría de Aguas Verdes no se dan abasto.
Una vez en Tumbes, las familias venezolanas, muchas de ellas con menores de edad, emprenden una caminata por la carretera con dirección al sur. Algunas ingresan a la ciudad de Tumbes, otras caminan por horas hasta Punta Sal. Ahí otros mototaxis los llevan por una trocha que pasa por detrás del control migratorio de Carpitas.
Finalmente, son embarcados en la Panamericana Norte hacia Piura, Lima y otras ciudades del país, e incluso a Chile.
“Normalmente, agarran paso de trocha. Tratan de camuflarse en la maleza para poder ingresar. Siempre usan ese tipo de caminos”, dice Bonilla.
La necesidad
Hace unas semanas, el Gobierno reforzó el cierre de fronteras para evitar el rebrote del COVID-19 y el pase de migrantes de manera irregular.
El gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, dijo hace una semana en Canal N que, aproximadamente, 200 venezolanos cruzan la frontera cada día y que gran parte de los que caminan “están infectados” de coronavirus.
¿Qué medidas debe tomar el Ejecutivo sin afectar los derechos de los migrantes? Federico Agusti, representante de Acnur en el Perú, opina que es vital entender el contexto en el que se sitúan los migrantes y refugiados venezolanos. “No tienen opción, salir es la única posibilidad y ante eso buscan las maneras que pueden para hacerlo. No tienen otra alternativa”.
Ante esta compleja situación, Agusti llama a priorizar la ayuda humanitaria, ya que los migrantes resultan doblemente vulnerables ante la pandemia.
Según la oficina de Migraciones de Perú, desde 2016 a la fecha permanecen en el Perú 827 mil 032 venezolanos, de los que solo 439 mil 111 cuentan con el permiso temporal de permanencia. El 77% de ellos se encuentra en Lima.
Según Acnur, a la fecha, hay medio millón de solicitudes de refugio por parte de venezolanos que están en el Perú. Además, esta agencia de la ONU refiere que más del 50% de los migrantes venezolanos que ingresa al Perú tiene familiares que lo esperan.
NotiVeraz