El gobierno de Nicolás Maduro prorrogó por seis meses más la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas y Actividades Conexas (Sunacrip). El Ejecutivo oficializó la medida en la Gaceta Oficial 42.840.
En el decreto, con fecha del 8 de marzo, el Gobierno estableció que la extensión del proceso de reestructuración comenzó el pasado 17 de marzo. En el documento se señala que una vez se acabe este período, la Comisión de Reestructuración, que desde marzo del 2017 está presidida por Anabel Pereira Fernández, dará a conocer la nueva directiva del ente.
Los tres directores principales de esta comisión son Héctor Andrés Obregón Pérez, Julio César Mora Sánchez y Luis Alberto Pérez González. Como directores suplentes fungen Román Daniel Maniglia Darwich, Larry Daniel Davoe Márquez, Pavel Javier García Sandoval, Carlos Eloy Pirela Méndez y Edgardo Alfonzo Toro Carreño.
Las reestructuración de Sunacrip fue ordenada en marzo de 2023, días después de que saliera a la luz la trama de corrupción denominada «Pdvsa Cripto», surgida a raíz de la desaparición de fondos provenientes de la renta petrolera a través de carteras criptográficas bajo el control del ente.
Como parte de la investigación que buscaba desmontar esta trama, fue destituido el expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y se consumó el arresto de personas de su círculo más cercano, incluyendo a Joselit Ramírez, que hasta ese momento se desempeñaba como superintendente de la Sunacrip.
Por el caso, según el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek william Saab, fueron judicializados 194 personas y 75 fueron condenados entre ellos funcionarios de alto, medio rango del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Saab detalló que algunos de los delitos descubiertos en la trama consistía en la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún control administrativo ni garantías. Explicó que luego de comercializado el crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela.
«Se determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, así como en inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario demostrando un estilo de vida que no corresponde a la de un servidor público», dijo en ese momento.
Asimismo, denunció que captaban a jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos, a quienes premiaban con una vida «desmedida, suntuosa, ilegal y criminal».
El principal objetivo con el que fue nombrada la junta reestructuradora era cambiar los procesos administrativos y operativos en Sunacrip. Desde que la comisión se instaló la industria de las criptomonedas registró una caída, en parte porque desde el Ejecutivo se ordenó el apagado de las granjas de minería y la desactivación de las casas de cambio de criptomonedas autorizadas, a pesar de que las internacionales siguieron funcionando con normalidad.
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