“Ellos vigilan el transporte, el agua. Cuando se daña algo, una llave, ellos se encargan de la logística y piden dinero. Trabajan con funcionarios de [la empresa estatal de agua] Hidrolara y lo arreglan”, relató un residente del Urbanismo Socialista Alí Primera, un desarrollo habitacional en Barquisimeto, capital del estado Lara, al centro de Venezuela.
Con “ellos”, este habitante no se refiere a funcionarios, tampoco a trabajadores de empresas de servicios estatales o privados. Habla de colectivos: grupos armados políticos dedicados a defender al gobierno de Nicolás Maduro y a reprimir a la oposición política.
Además de ejercer como un brazo armado, los colectivos se han involucrado en economías criminales, como el cobro de extorsiones, y desde hace uno años están profundizando su control de servicios públicos.
En el urbanismo Alí Primera, los colectivos dominan gran parte de los servicios básicos de las casi 4.000 familias que lo habitan y la situación se repite en otros sectores populares de Lara. En este estado se ha visto una privatización de facto de estos y los colectivos son los principales beneficiarios.
Lo que sucede en Lara no es casualidad. En medio de la actual crisis económica de Venezuela, el manejo de los servicios más básicos como alimentos, agua y gasolina en comunidades pobres están siendo controlados por colectivos bajo órdenes de actores políticos. Y en un importante bastión electoral como Lara, dominar estas zonas significa dominar votos.
Desde el agua hasta la gasolina
En Lara, un estado donde predominan los colectivos, InSight Crime entrevistó bajo condición de anonimato a múltiples líderes comunitarios, políticos, periodistas, investigadores, exmiembros de colectivos, y residentes, quienes explicaron cómo estos grupos han profundizado el control de casi todas las necesidades de la vida diaria, empezando por la más básica: el agua.
Los colectivos poseen las herramientas y llaves necesarias para abrir y cerrar los pasos de agua de la empresa estatal Hidrolara, algo que en teoría solo deberían tener sus trabajadores. Con esto, deciden a qué calles llega el agua y a cuáles no y, para devolver el servicio, cobran tanto a residentes de bajos recursos como a los más adinerados.
“Tienen un negocio con los cisterneros y no abren las llaves para que la gente llame a las cisternas, quienes por un tanque de 500 litros de agua cobran de US$6 a $10 dependiendo de la lejanía del sector”, explica un líder sociales de la comunidad de El Ujano, al oeste de la ciudad, que prefiere mantenerse anónimo por motivos de seguridad.
A su vez, los colectivos han empezado a cobrar a los dueños de las tierras aledañas de Alí Primera por tener tomas clandestinas de agua de las tuberías que van hacia el complejo habitacional. De acuerdo con fuentes en terreno, se estaría cobrando entre US$50 y US$80.
Además del agua, los colectivos también están involucrados en la distribución de alimentos subsidiados y el gas, en conjunto con las organizaciones sociales del oficialismo: Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH).
“Ellos tienen un censo de cuántas personas hay en la vivienda para alimentos y gas. Y en las elecciones se activan y dicen que si no votan los van a sacar de [la lista del suministro de] la bolsa”, detalló un líder comunitario que se mantiene anónimo por motivos de seguridad.
Quizás el control más lucrativo que tienen los colectivos en Lara es sobre la gasolina. Al igual que en otros estados del país, donde frecuentemente escasea, las estaciones de servicio que venden a precio subsidiado (el litro de gasolina cuesta US$0,004, a diferencia del precio normal de US$0,50 por litro) han quedado bajo la supervisión de colectivos.
En Barquisimeto, miembros de estos grupos están presentes en casi todas las estaciones de combustible subsidiado, donde cobran una cuota a los conductores por permitir saltarse las largas filas de carros que esperan para abastecerse.
En Alí Primera, además de controlar el combustible, también controlan el transporte público que utilizan los habitantes del sector. Cada autobús debe pagar una cuota a los grupos para poder ingresar y trasladar pasajeros, de acuerdo con los residentes consultados.
Los colectivos han aprovechado su poder no solo para controlar los servicios, sino incluso para controlar los espacios en los que viven.
En proyectos construidos por el programa gubernamental Misión Vivienda, como el Alí Primera, un gran porcentaje de los habitantes no tiene aún el título de propiedad de su inmueble, y de irse del lugar por un largo período pueden ser desalojados. Los colectivos vigilan cuáles apartamentos están habitados o no, y en varias oportunidades se han apropiado de los deshabitados.
Un residente del complejo aseguró a InSight Crime que las instituciones responsables sí han otorgado títulos de propiedad de esos apartamentos cuando los colectivos los requieren, lo que les ha permitido alquilarlos y venderlos.
Relación clientelar más que política
Detrás del control de los servicios públicos no se esconde la intención de ayudar a los más afectados por la crisis de Venezuela, sino una sencilla necesidad de dinero. Y es que la situación económica del país debilitó a muchos colectivos, quienes no solo han perdido miembros, sino también parte de su carácter ideológico, lo cual ha reforzado su perfil criminal.
“Los colectivos de hoy son matraqueros (extorsionadores). Los de ayer eran luchadores sociales. Los de hoy se comportan como malandros, otros quieren ser empresarios, y otros se comportan como funcionarios de seguridad”, explicó a InSight Crime un exlíder de un colectivo local, que se mantiene anónimo por motivos de seguridad.
Así, a cambio de la concesión de funciones estatales, los gobernantes oficialistas han comprado a los colectivos para atacar a opositores y mantener el control principalmente de las zonas más empobrecidas, esto ha generado que buena parte de las autoridades en Lara sean de tendencia oficial.
“En los estados que los ponen es porque necesitan tener ese apoyo adicional”, explicó el exlíder del colectivo local.
Además, también actúan como un órgano efectivo de campaña durante elecciones.
Tal dinámica es evidente en la parroquia Ana Soto de Barquisimeto, la más grande del país, donde, por la densidad de votantes, puede decidirse una elección presidencial. Allí, opera uno de los más grandes colectivos del estado, identificado como el colectivo “Comuna Taroa”.
Integrantes de este colectivo han amenazado a habitantes con quitarles los servicios públicos y beneficios como las bolsas de comida si no votan por candidatos oficialistas. También han llevado a votantes en contra de su voluntad a los centros y han impedido que estos se cierren, así la autoridad electoral lo haya ordenado, como indicaron tres líderes comunitarios a InSight Crime.
Sin embargo, este perfil criminal que han alcanzado los colectivos en los últimos años contribuye a que sus lealtades y sus servicios ya no puedan garantizarse. Al estar supeditada a pagos, la acción de los colectivos podría aumentar o disminuir de acuerdo con los recursos que reciben por parte de políticos locales.
Y por ahora, la ausencia de mejores recursos parece haber permeado su convicción de reprimir protestas, según varias fuentes.
“Los colectivos han bajado su perfil porque sus líderes les prometen carros, gasolina, dinero y no les cumplen”, señaló un líder social de Barquisimeto.
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