José Arube Pérez Salazar, expolicía metropolitano fue excarcelado este lunes 15 de febrero de Ramo Verde tras 17 años y 10 meses de condena relacionada con hechos ocurridos el 11 de abril de 2002.
A Arube Pérez, cabo primero de la antigua Policía Metropolitana, lo imputaron por el asesinato de dos personas durante la masacre de Puente Llaguno del 11 de abril de 2002. Forma parte del primer lote de presos políticos del fallecido presidente Hugo Chávez.
Está privado de libertad desde el 3 de abril de 2003, pero recibió condena en 2009.
Junto a él fueron arrestados otros ocho oficiales de la Policía Metropolitana con penas de hasta 30 años de cárcel.
De ellos se encuentra en libertad plena desde 2019 el comisario Marco Hurtado. Los comisarios Lázaro Forero, Henry Rivas y el sargento Julio Rodríguez están en libertad bajo medidas humanitarias por problemas de salud.
También estuvo preso Iván Simonovis, a quien luego de 10 años le otorgaron casa por cárcel, en 2014, por problemas médicos. En 2019 escapó del país y está ahora en Estados Unidos.
A los ex policías los condenaron por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de complicidad correspectiva y lesiones personales graves.
Al no haberse podido demostrar responsabilidad individual de alguno de ellos las muertes por las que se les acusó, se decidió que en conjunto asesinaron a dos de las 19 personas que ese día fallecieron en la avenida Baralt de Caracas, cuando una marcha de la oposición intentó llegar a Miraflores.
Los funcionarios fueron absueltos por una tercera muerte. Coincidencialmente, estas tres víctimas eran simpatizantes del régimen. Por las 16 restantes no hubo juicio.
En 2002 la Alcaldía Metropolitana de Caracas estaba en manos opositoras. Alfredo Peña era el alcalde, la figura visible de un entramado que culminó con la muerte de 19 personas. ¿Los responsables? Los funcionarios de la extinta PM, adscrita al ayuntamiento caraqueño.
Funcionarios que nunca debieron estar presos porque se demostró durante el juicio más largo de la historia que Molina y Bolívar no dispararon sus armas, que Marco Hurtado no estaba cerca del sitio donde ocurrieron los hechos y que el calibre de las armas de Arube Pérez y Héctor Rovaín no coincidía con las encontradas en los dos cadáveres.
Pero al hecho de haber sido condenados siendo inocentes se suma la injusticia e ilegalidad de no otorgarles derechos procesales de los cuales son beneficiarios desde el año 2007.
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