Las dos tendencias políticas que ha mantenido la polarización en Venezuela en el país, y que creó y alimentó Hugo Chávez, entraron en crisis. El odio parece arrasar todo lo que alguna vez caracterizó al país con más posibilidades de crecer y encaminarse al desarrollo, gracias a la pujante industria petrolera y a la riqueza escondida en el subsuelo.
De un lado el chavismo que monopolizó todo el poder y con ello la riqueza, ha ido degenerando en un gobierno que ha creado la más brutal diferencia social, donde lo más pujante es el narcotráfico. Del otro lado, la Oposición con una dirigencia ambiciosa de poder y dinero, que fracaso tras fracaso, ha obtenido lo segundo olvidando aquello de “cese de la usurpación y elecciones libres”. Chavismo y Oposición llegan al 2023 fracturados, aunque la Oposición más debilitada.
La dirigencia opositora se ha desgastado en peleas internas y descuidaron los problemas fundamentales para el país, razón por la que han ido varias veces a la mesa de negociación con el Gobierno sin obtener avances ni siquiera en lo que a la libertad de los presos políticos se refiere, por el contrario el régimen ofrece promesas que no cumple o se burla, como lo hizo con el llamado indulto en agosto 2020, sobre lo que Jorge Rodríguez dijo era “”en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de la paz”.
La información del “indulto de 110 presos políticos” recorrió el mundo, pero en realidad solo un pequeño número salió beneficiado; la gran mayoría no estaban detenidos, varios eran diputados en el exterior a quienes se les brindaba la oportunidad de participar en las elecciones del 6 de diciembre 2020, otros eran delincuentes comunes.
No era nuevo, el régimen venezolano había logrado que la dirigencia opositora se mantuviera distraída y no se percatara del masivo rechazo que hubo en toda la pirámide de la Fuerza Armada cuando Nicolás Maduro llamó a la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017; incluso dos de los principales miembros del Alto Mando Militar estaban en desacuerdo con la ANC. Dieron la orden de hacer una gira por los cuarteles venezolanos para vender la pertinencia de la Constituyente; el almirante Remigio Ceballos Ichaso tuvo que abortar la misión por el profundo rechazo que hubo entre oficiales y tropa.
Ni los pedimentos desesperados de algunos opositores como Antonio Ledezma evitó que la mayoría de los diputados de una Asamblea Nacional con poca credibilidad, elegida en el 2015, fueran oídos.
No hubo solidaridad
A ello se suma la débil reacción que desde el principio hubo en los sectores de la Oposición cuando el chavismo atacó a figuras, una de ellas a María Corina Machado y así siguió con la prisión de algunos parlamentarios, como Juan Requesens, Enzo Prieto, Gilber Caro, Freddy Guevara, Edgar Zambrano, entre otros. Hubo silencio cuando a William Dávila Barrios le quitaron el pasaporte. También cuando al diputado y coronel retirado Teodoro Felipe Campos Rodríguez “Comando”, grupos oficialistas lo golpearon brutalmente en Catia el 2 de abril 2018.
La desconexión con temas que tienen años gestándose, por parte del régimen venezolano, es lo que hace que el diputado Alfonso Marquina acabe de descubrir, con el presupuesto del nuevo año, que hay casi 4 millones y medio de personas que aparecen como parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuando desde el 2019 se fueron incluyendo a millones de personas en la Milicia, es la excusa para justificar el sostén económico de toda la estructura de su militancia que lleva a la maquinaria electoral.
En noviembre 2019 hubo dos hechos, con quince días de diferencia, que demostraron la premura de Nicolás Maduro para desarmar a la FANB; el 12 de noviembre dijo “tenemos 321.433 fusiles que están siendo distribuidos por las vías seguras de la FANB para nuestros milicianos” y el 29 de noviembre, ordenó entregar 13 mil fusiles para los cuerpos de combatientes de Guayana.
Ni una mención hubo en sectores opositores cuando se encendieron alertas porque la Asamblea Constituyente aprobó, en enero 2020, a solicitud del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la reforma de la Ley Orgánica de la FANB para incorporar a la Milicia Bolivariana como un componente más de la institución castrense, para lo cual se inventó una llamada Ley Constitucional que no existe en la pirámide de las leyes en Venezuela.
El diputado Marquina dice: “Con esto sí es verdad que se pasaron de la raya. Poner en el Presupuesto de Min. Defensa, en la tabla de cargo la cantidad de 4.408.103 cargos militares… Sí, leyeron bien, 4 millones 408 mil 103 cargos Militares, es decir, ¿más del 15% de la población venezolana es militar? ¡O esto es un error… o es la gran estafa!”.
El nombramiento del Gobierno Interino, con la secuencia de errores, que incluye el caso de los militares que reconocieron a Juan Guaidó y terminaron en Cúcuta, muchos de ellos perdiendo sus carreras, otros sumados a grupos irregulares, guerrilla y paramilitares. Los silencios alrededor de los escándalos de corrupción en la empresa Monómeros que denunció el exembajador Humberto Calderón Berti y que la periodista Patricia Poleo insistió en varios de sus programas.
La Operación Libertad del 30 de abril que solo terminó beneficiando a Leopoldo López para salir de la casa por cárcel y al general Ricardo Cristopher Figuera para irse a radicar en los Estados Unidos.
Todo llega ahora al final de la presidencia interina de Juan Gerardo Guaidó Márquez, a quien una mayoría abrumadora aprueba su retiro del cargo; ni siquiera su implorante súplica para que los parlamentarios no lo defenestraran, tuvo éxito.
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