Freddy Bernal es uno de los pocos hombres de Hugo Chávez que aún goza del apoyo de Nicolás Maduro y, a quien lo impuso en un cargo para mantener el control político en Táchira. De participar en un golpe militar pasó a convertirse en funcionario público y ser sancionado por violación a los derechos humanos.
Una investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) junto a Connectas devela los mecanismos que se usan desde el “protectorado” para permitir el paso irregular de mercancía por la frontera.
Hace seis años Venezuela cerró la frontera con Colombia después de que dos militares venezolanos resultaron heridos en enfrentamientos con grupos delictivos. Los puentes que comunican ambos países desde el estado Táchira siguen trancados, afectando la vida de los ciudadanos quienes se vieron obligados a pasar por caminos improvisados y alternos al paso oficial entre ambos países. Sin embargo, lo que sí sigue abierto es un negocio millonario producto del contrabando que se ha aprovechado de esos pasos irregulares.
Unas 52 rutas informales que van desde pasos por ríos a puentes con tablas improvisadas, conocidas como “trochas”, siguen activas en la frontera. Pero dos de ellas fueron elegidas para el tránsito de la mercancía autorizada por el “protectorado” del Táchira, según informaron varios empresarios y funcionarios regionales consultados por este reportaje de investigación publicado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual junto a la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS.
Desde 2017, Freddy Bernal actúa como “protector” de este estado fronterizo, una suerte de mandatario regional paralelo a la gobernadora legítimamente electa, integrante del partido Acción Democrática. El rol de “protector” es una estructura que no está contemplada en las leyes y es una figura alterna a los gobernadores y alcaldes, para imponerse sobre los opositores que ganaron la elección popular.
En los cuatro años que lleva en el cargo, Bernal se autopromociona en jornadas de dotación de materiales, reuniones con militares para “afinar estrategias para la defensa” de la frontera, mesas de trabajo para atender a las familias afectadas por las lluvias, entregas de alimento y gas doméstico, para inaugurar nuevos alumbrados públicos, así como encuentros con sectores productivos; actividades que corresponden al gobernador del estado.
Los nuevos códigos
El intento del paso de ayuda humanitaria desde Colombia en 2019, se tomó como argumento para cerrar por completo el puente internacional Simón Bolívar en la frontera. A partir de esta fecha se intensificó el tráfico de mercancía en la zona con la creación de los llamados “códigos” emitidos por el protectorado de Bernal o por organismos militares, popularmente conocidos como Código del Protectorado, Código Zodi (Zona Operativa de Defensa Integral) o Código Redi (Región Estratégica de Defensa Integral), estos dos últimos manejados por militares.
“Los códigos representan una autorización para cruzar productos de manera ilícita a través de las trochas y son otorgados a los amigos del régimen”, aseguraron fuentes consultadas para este reportaje.
Con documentos en mano (código y planilla de liquidación de impuestos) «se dirigen a una trocha específica y utilizada para tal fin, donde esperan las mercancías en los vehículos de carga colombianos para hacer trasbordo a camiones de matrículas venezolanas y luego ser cruzadas a territorio venezolano», explicó una de las fuentes que pidió mantener su nombre en reserva.
Según la gobernadora Laidy Gómez, el contrabando por las trochas le deja al protectorado del Táchira 3 millones de dólares semanales. También recalcó la fuerte pérdida económica para el estado fronterizo, al señalar que en los últimos dos años se han dejado de percibir más de 288 millones de dólares en recaudación aduanera, los cuales se habría podido invertir en obras públicas para la región.
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