Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su inesperada necesidad de “desenmascarar” a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se reveló que Washington está involucrado en el financiamiento hacia periodistas y medios de comunicación como herramienta de manipulación y control social en muchos países, entre ellos Venezuela.
Sin embargo, este tema no es novedoso para los venezolanos, ya que desde el año 2002, tras el primer golpe de Estado mediático de la historia, en el país se ha venido denunciando este hecho reiteradamente por diferentes vías.
El primero en hacerlo fue el presidente Hugo Chávez, el 18 de abril de 2002, ante el Consejo Federal de Gobierno al asegurar: “Este golpe de Estado no hubiese sido posible sin el apoyo de los medios de comunicación”. En ese mismo discurso agregó: “Si los medios, especialmente las televisoras, quieren seguir alentando esto y nosotros lo permitimos, ellos nos van a llevar a una guerra”, dijo al hablar por primera vez desde el 14 de abril, fecha de su regreso a la Presidencia.
A partir de ese momento, las denuncias fueron reiteradas; ese mismo año se abrió una investigación dirigida por Jesse Chacón, presidente de Conatel para la época, sobre la actitud de los medios de comunicación durante el golpe de Estado.
En el año 2010, un grupo de periodistas presentó ante la Fiscalía General de la República una investigación contra varias organizaciones no gubernamentales y periodistas, por recibir financiamiento del exterior y conspirar contra la Revolución Bolivariana, liderada por Chávez.
Consignaron una serie de documentos del Departamento de Estado que demostraban el financiamiento directo a Espacio Público, Cedice, Instituto de Prensa y Sociedad, Súmate, Consorcio y Justicia, Radar de los Barrios, Liderazgo y Visión, Ciudadanía Activa, entre otras, así como a periodistas como Miguel Ángel Rodríguez.
En ese año, una de las denuncias puntuales fue que las organizaciones venezolanas que trabajaban contra el gobierno de Hugo Chávez recibían 50 millones de dólares anuales en efectivo, que llegaban a Venezuela a través de valijas diplomáticas para evitar controles.
En septiembre de 2024, durante la emisión del programa semanal Con Maduro+, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que los medios de comunicación venezolanos financiados desde el exterior se han convertido en una red de manipulación, refiriéndose en especial a Tal Cual, El Pitazo y Efecto Cocuyo. “Son portales fundados, financiados y mantenidos por la Usaid, por el Gobierno de Estados Unidos para imponer una realidad paralela”.
En febrero de 2025, exactamente en la sesión celebrada el martes 11, la denuncia fue confirmada por los diputados a la Asamblea Nacional, quienes debatieron y repudiaron la intervención de la Usaid y de sus agentes en Venezuela.
¿Cómo lo hicieron?
Según el doctor en Filosofía Política y director de La Iguana TV, Miguel Ángel Pérez Pirela, los medios financiados comenzaron haciendo una especie de cruzada, empezaron a abrir páginas web, a posicionar a periodistas como operadores políticos, a cartelizar medios de comunicación independientes y alternativos con un mismo discurso: manipular la verdad de Venezuela y venderla al mundo.
“Fuimos viendo una crisis alimentada por los medios de comunicación. Desde la música psicótica de Globovisión hasta el fenómeno de La Patilla; desde la creación de Caraota Digital hasta los titulares de El Nacional, que iban pasando de protagonista en protagonista; desde Capriles hasta Leopoldo López; desde Guaidó hasta María Corina Machado, y así, con cada actor político impuesto por Estados Unidos”.
Pérez Pirela, quien es un estudioso de la comunicación política, asegura que desde 2002 se veía venir en Venezuela el auge de los medios independientes e incluso el de las fake news, haciendo referencia a las imágenes manipuladas de Puente Llaguno el 11 de abril.
A su juicio, las redes sociales y luego su empuje tras la pandemia del 2019 intensificaron este fenómeno. “A diferencia de lo que pensamos, que las redes eran un proyecto alternativo, luego de su uso manipulado entendimos que son un proyecto hegemónico financiado”.
Refiere que en la actualidad ha mermado la amenaza a periodistas que han denunciado estos hechos; sin embargo, sigue activa la mediática en contra del Gobierno venezolano y asegura que desde Estados Unidos se mantendrá otra forma de financiamiento de estos medios para seguir atacando a Venezuela.
Rol desestabilizador
Esther Quiaro, periodista fundadora del Movimiento Periodismo Necesario, fue una de las personas que en 2010 compilaron un expediente sobre las actividades antivenezolanas financiadas desde el exterior de varios portales y ONG hostiles al Gobierno Bolivariano.
Quiaro apuntó que el rol que han jugado los periodistas y medios de comunicación, supuestamente independientes, pero que son pagados por países cuyos gobiernos son hostiles a Venezuela, ha sido el de la desestabilización.
“En el caso venezolano, han reforzado el discurso de Estado fallido, de Estado involucrado con el narcotráfico, de dictadura, de totalitarismo. Han fortalecido la creencia que han justificado las acciones del Gobierno de Estados Unidos contra el Gobierno venezolano durante 25 años”.
Respecto al uso que le han dado al dinero recibido, la periodista relató que en pago han realizado presuntas investigaciones que han vinculado al gobierno con acciones criminales, fabricado pruebas y exaltado a los voceros de la derecha extremista. Asimismo, se han dedicado a fortalecer el discurso de Estado violador de los derechos humanos, de la intervención militar, la injerencia y la aplicación de sanciones.
“El impacto emocional de las campañas emprendidas ha sido grande”, afirmó la comunicadora social. Recordó las guarimbas del año 2014: “El plan llamado La Salida de Leopoldo López, María Corina Machado, Primero Justicia y Voluntad Popular, a pesar de que había argumentos racionales suficientes para demostrar que esa no era la vía, generó un clima de odio, malestar generalizado y frustración, que solo se podía aliviar con la violencia”.
Al ser consultada si se pueden reparar los daños ocasionados en la población, Quiaro manifestó que es difícil. Sin embargo, estima que la credibilidad de los medios financiados por la Usaid está golpeada. Considera que la oposición debe volver a un discurso en el cual se usen argumentos reales, que cuestionen acciones de gobierno y ofrezcan alternativas.
Responsabilidades y delitos
Quiaro saludó que la Fiscalía General de la República haya retomado las investigaciones que se vienen haciendo desde hace más de 10 años.
“Desde entonces no han podido demostrar de dónde sacaban sus fondos, y según documentos desclasificados de Wikileaks, fueron financiados abundantemente con dinero de la Usaid, del Fondo Nacional para la Democracia (NED) de EEUU y de otras organizaciones y agencias de gobiernos de Europa”.
“Moldear la realidad”
En el libro La dictadura mediática en Venezuela de Luis Britto García, el autor se ha referido a este tema de manera directa; es un análisis crítico sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea.
Britto sostiene que los medios no solo informan, sino que también moldean la realidad y pueden convertirse en herramientas de manipulación y control social.
Argumenta que existe una “dictadura” en la forma en la que los medios presentan la información, enfatizando que muchas veces se priorizan intereses económicos y políticos sobre la verdad.
Britto García aborda la situación de Venezuela desde una perspectiva crítica, destacando cómo los medios de comunicación han jugado un papel crucial en la percepción interna y externa del país.
Refiere cómo los medios han distorsionado la realidad en Venezuela, presentando una narrativa que a menudo es negativa y sesgada. Esto contribuye a una imagen de crisis permanente, ignorando aspectos positivos o logros del país.
Definitivamente, la mejor forma de reparar los efectos perjudiciales provocados por los periodistas y empresas de comunicación es dejar claro que no se trataba de un discurso inocente, por la defensa de la libertad de expresión o los derechos a la información, sino que era un discurso interesado y dirigido a malponer, desprestigiar, desestimular la participación ciudadana y con ello desestabilizar a Venezuela.
Según el artículo desclasificado “Press freedom under threat”, publicado por la organización Wikileaks, existen 174.433 documentos relacionados que señalan cómo fue financiada la extrema derecha venezolana. Desde el año 2023, la Usaid ha destinado más de 2.500 millones de dólares para “financiar y capacitar” a periodistas de más de 30 países, incluida Venezuela, alineados con la “libertad de prensa”, la “democracia” y con la injerencia política exterior de Estados Unidos.
En Venezuela hay una investigación adelantada con respecto al financiamiento extranjero, que le podría ser útil al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, junto a su jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, develó el esquema de la Usaid de corrupción y derroche de fondos de los contribuyentes estadounidenses. Congeló casi la totalidad de los recursos por un lapso de 90 días, recomendó el cierre de la agencia porque es un “desperdicio de dinero” y está dirigida por “lunáticos radicales”, y, en algunos casos, exigió la devolución del dinero aportado por el Estado.
Trump indicó que las decisiones relacionadas con la Usaid son irreversibles, pese a que algunos jueces quieran detenerlo, argumentando un alto nivel de corrupción que compromete la eficacia de sus operaciones y socava la seguridad, prosperidad y protección de los estadounidenses.
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