El empresario barinés, uno de los más prósperos de la era chavista, atraviesa una mala racha desde 2019, tras el colapso de dos de sus bancos en el Caribe. Enfrentado a los reclamos de sus acreedores y con las autoridades pisándole los talones, preserva la propiedad de una suntuosa villa por la que pagó millones de dólares durante dos años y que adquirió en República Dominicana, a través de un elaborado esquema jurídico, de otro magnate venezolano, Gustavo Cisneros, según lo reseña armando.Info.
Son horas de tribulaciones y, acaso, decisivas, para Víctor Vargas Irausquín. Desde 2019 se tambalea el que fue el imperio financiero del llamado Banquero de Chávez, suegro de Luis Alfonso de Borbón, bisnieto este del generalísimo Francisco Franco -dirige la fundación que lleva el nombre del dictador- y pretendiente tanto a la corona española como a la francesa, en el caso improbable de que la última se restituyera.
El 2 de septiembre de ese año, el cese de la licencia para operar en Curazao y posterior liquidación del Banco del Orinoco NV y, una semana más tarde, la intervención y cierre del Allbank de Panamá, golpearon debajo de la línea de flotación el esquema de reciclaje de fondos que Vargas mantenía a través de un rosario de bancos en el Caribe, muy parecido a una pirámide, en el que el dinero fresco que entraba a una entidad ayudaba a taponear los huecos de las otras.
Desde entonces, el banquero barinés ha empeñado toda su capacidad de influencia para asegurar in extremis la continuidad de operaciones de los bancos BOI de Antigua, Bancamérica de República Dominicana y BOD de Venezuela. A la vez, ha tenido éxito en bloquear hasta ahora la apertura de causas judiciales en su contra.
Pero el muro de contención empieza a agrietarse. En redes sociales circulan versiones, cada vez más insistentes y explícitas, sobre una inminente fusión del BOD con Bancamiga -un banco universal de explosivo crecimiento en los últimos años- y Sofitasa, una entidad regional del estado Táchira.
La supuesta transacción, refutada por al menos una de las partes mencionadas, tendría sus puntos a favor: ofrecería a Bancamiga nuevas e instantáneas oportunidades de expansión en el mercado venezolano, mientras estabilizaría al BOD, acosado por constantes denuncias de mal funcionamiento y por el fantasma de la iliquidez, y que sigue intervenido a puertas abiertas por las autoridades de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el regulador estatal.
Entre tanto, fuentes en Panamá aseguran que la Fiscalía contra el Crimen Organizado se dispone a solicitar medidas de privación de la libertad contra Vargas. En ese país y en Curazao, acreedores del Allbank y el Banco del Orinoco han radicado demandas civiles para recuperar sus fondos, iniciativas a las que apenas consiguió apaciguar por unas semanas el anuncio en mayo pasado de que el Orinoco y sus 1.900 acreedores -entre ellos, casi 1.500 cuentahabientes– habían alcanzado un acuerdo de pago. De haber tal acuerdo, sus términos no se han cumplido por el momento, lo que transgrede por mucho el plazo que los boletines de prensa de Vargas habían establecido para su culminación: a más tardar, julio de 2021.
Bajo esa presión sostenida, la tercera línea de defensa que le queda por preparar a Vargas es la de poner algunos de sus más valiosos activos lejos del alcance de los acreedores y de los tribunales que accedan a restituir los fondos de aquellos mediante la incautación y venta de las propiedades del presunto deudor.
A Vargas se le ha descrito como refugiado en República Dominicana. Un rumor que corre entre la creciente comunidad empresarial venezolana en Quisqueya -que incluye tanto a negociantes ahuyentados por el chavismo, como a otros que hicieron fortuna con el régimen de Caracas-, asegura que el otrora boyante banquero pide efectivo prestado a sus más cercanos para sufragar sus gastos diarios. Fuentes que no guardan simpatía por Vargas desdeñan la versión, atribuyéndola a una especie que el propio magnate habría echado a correr.
No obstante, fuentes conocedoras confirmaron a Armando.info que Vargas pasa los días de la presente temporada decembrina en Venezuela, entre su mansión en el Country Club de Caracas y el estado Falcón, donde mantiene una hacienda agropecuaria con cancha de polo, su pasatiempo preferido.
Lo irónico es que, a la hora de salvar los (in)muebles y librarse de las liquidaciones judiciales, Vargas habrá de hacer esfuerzos especiales por conservar su valiosa guarida en Dominicana, una de las últimas adquisiciones de su era dorada: la villa La Serenísima, en el complejo turístico Casa de Campo, cerca de La Romana, sobre la costa suroccidental de República Dominicana.
Por esa residencia y su parcela de un poco más de 38.000 metros cuadrados, Vargas acordó en 2015 pagar al menos 44 millones de dólares, monto que completó en abonos parciales hasta 2017. El monto es el que aparece en un informe rendido en diciembre de 2015 por el bufete Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. Solo esa cantidad bastaría para satisfacer las demandas de muchos acreedores.
Documentos incluidos en los Pandora Papers, la filtración masiva de 11,9 millones de archivos procedentes de 14 proveedores de servicios offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y compartida con más de 600 reporteros de 150 medios en 117 países, entre ellos, Armando.info de Venezuela, permiten ahora comprobar fuera de cualquier duda cómo Vargas adquirió esa propiedad de otro multimillonario venezolano, Gustavo Cisneros Rendiles, a través de un fideicomiso constituido en Panamá y mediante un elaborado esquema internacional de empresas cascarón con ramificaciones en el propio istmo, así como en Estados Unidos, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, España y Reino Unido.
Trofeo de coral
En marzo de 2014, Gustavo Cisneros Rendiles recibió su cédula de identidad como ciudadano de la República Dominicana. El trámite, iniciado en 2012, constituía el epílogo de la relación del magnate venezolano de los medios de comunicación con un país al que le unen lazos empresariales y querencias desde al menos la década de los años 80 del s. XX.
Cisneros se fue estableciendo cada vez más en la isla de La Española, reminiscente de la Cuba de sus antepasados. Cercano a la familia cubanoamericana Fanjul, promotora de Casa de Campo, el dueño del canal Venevisión en Caracas optó por establecer dos residencias en el exclusivo complejo turístico: una más privada, familiar y playera, Casa Bonita, y una oficial, La Serenísima, que, aunque también a orillas del mar, transmitía un aire más formal y palaciego, por lo que se convirtió en sede de reuniones presidenciales y otros eventos de alta gama.
Inspirada en el estilo colonial caribeño de una villa de coral construida medio siglo antes en Barbados, La Serenísima fue en su origen un encargo del multimillonario inversor estadounidense Henry Kravis, cabeza del fondo KKR que protagonizó una de las primeras tomas hostiles del Wall Street yuppie, la de RJR Nabisco, una operación de 1989 que llegó a la cultura popular por el libro Barbarians at the gate (publicado en castellano con el título de Nabisco: La caída de un imperio), de 1989, y su adaptación homónima como una miniserie de TV, de 1993.
Pero Kravis -número 94 en la lista Forbes de las mayores fortunas del globo, la misma donde regularmente aparecía Cisneros como el venezolano más rico hasta que lo desplazaron Juan Carlos Escotet y Lorenzo Mendoza-, se divorció en ese año de 1993 de su segunda esposa, la diseñadora alemana Carolyne Roehm, y como parte del proceso debió poner la casa en el mercado. Su futuro comprador sería Gustavo Cisneros en 1999.
“Para mí, este es el lugar donde mejor pienso y planifico”, confió Cisneros desde La Romana a una reportera del diario El Mundo de Madrid en 2004. Pero, a pesar de esas buenas vibras y de su recién adquirida nacionalidad dominicana, Cisneros puso a la venta La Serenísima en 2014.
En respuesta por correo electrónico a un cuestionario dirigido en principio por Armando.info a Gustavo Cisneros, Luis Queremel, Vicepresidente-Consultor Jurídico de Operaciones en Venezuela y República Dominicana del Grupo Cisneros, explicó las razones de la venta: “En el año 2014, en función del uso limitado y los valores de las propiedades en el mercado inmobiliario, se buscaron opciones para rentabilizar de una forma más adecuada esa propiedad. Se evaluó, aparte de una venta, su alquiler o su desarrollo mediante la parcelación en varios lotes de terreno.
Producto de todo ese análisis y de los resultados obtenidos, es que se decidió iniciar el proceso de venta”. La propiedad fue listada por Casa de Campo Real Estate (www.casadecampore.com), bróker también controlado por la familia Fanjul. Entre diferentes propuestas, la oferta que recomendó aceptar fue la de Víctor Vargas.
Para la operación se eligió constituir un fideicomiso en Panamá. De Alcogal, el bufete que figuraría como agente fiduciario del acuerdo, provienen los documentos que se citan en este reportaje.
Como reseñaba una reciente nota redactada por investigadores del ICIJ en ocasión de los Pandora Papers, la industria de los fideicomisos o trusts está en pleno auge. “Millones de americanos”, aseguraban los autores, “usan legalmente los fideicomisos para manejar riquezas -dinero, propiedades, compañías, arte- confiándola a personas o entidades, que retienen y usan esos activos en favor de los beneficiarios del fideicomiso, tales como hijos o nietos”. Pero, dependiendo de la jurisdicción y la estructura de los fideicomisos, “es casi imposible determinar de quién es el dinero que las compañías de trusts manejan”.
Según Queremel, el abogado de Cisneros, fue una pretensión opuesta, la de transparencia, la que les aconsejó abrir un fideicomiso. “El fideicomiso”, abunda Queremel, “se constituyó precisamente para garantizar y asegurar la trasparencia y la legalidad de todos los participantes y de los fondos que serían aportados al patrimonio fideicomitido, muchos de los cuales pasaron por un riguroso proceso de cumplimiento en un banco americano, que en ningún momento informó o levantó alerta alguna acerca del señor Víctor Vargas (…) Es pertinente mencionar que en el citado fideicomiso de garantía, constituido con arreglo a las leyes panameñas vigentes en el año 2015, expresamente quedó establecido que el origen de los fondos, en particular los provenientes de la empresa compradora relacionada con el señor Víctor Vargas, tenían una procedencia lícita”.
Lo cierto es que, junto a las ventajas de protección y sigilo que promete el formato del fideicomiso, la compraventa de la villa La Serenísima se diseñó para blindarla con una capa extra de anonimato. Un elenco de compañías offshore, puestas sobre la mesa por cada parte de la transacción, dio lugar a una estructura casi indescifrable pero perfectamente lícita, por la que resulta cuesta arriba trazar el rastro del verdadero propietario.
Y es que, en el caso de los bienes inmuebles más valiosos, los ricos no los compran, sino que suelen adquirir las entidades que detentan los derechos de tales inmuebles. Fue lo que sucedió con La Serenísima, que sobre los papeles pertenecía a una empresa dominicana de nombre Inmobiliaria Pedrasa, S.A. Pero esta, a su vez, sería puesta, mediante diferentes movimientos accionarios, bajo control de una empresa de Gustavo Cisneros llamada Verwood Investments S.A, constituida ad hoc en Panamá apenas un día antes de la suscripción del fideicomiso.
De un laberinto a otro
Según se comprueba en los documentos incluidos en la filtración de los Pandora Papers y procedentes del bufete panameño Alcogal, el 28 de septiembre de 2017 se declaró terminado el fideicomiso acordado entre Verwood, la compañía de Cisneros, y Cayfloor Inc, una empresa incorporada en Panamá en julio de 2015, de cuyas 10.000 acciones Víctor Vargas aparecía como titular único.
A propósito de este reportaje, Armando.info remitió un cuestionario para Víctor Vargas a los contactos disponibles, pero no obtuvo respuesta.
Entre la suscripción original del fideicomiso, el 20 de octubre de 2015, y esa fecha de terminación en 2017, había sido necesario fraguar tres enmiendas al contrato, todas en 2016. Los términos del fideicomiso son, en principio, sencillos: dos fideicomitentes, Cayfloor, como comprador, y Verwood, como vendedor, acuerdan otorgar a un agente fiduciario, el bufete Alcogal, la custodia de los papeles que certifican la propiedad del inmueble transado, así como la gestión de la cuenta abierta para ese fin en el banco Banistmo de Panamá para que la parte de Vargas hiciera los pagos necesarios para completar la transacción.
En efecto, a consecuencia de la terminación del contrato, Alcogal giró instrucciones el 16 de noviembre de 2017 para que Banistmo transfiriera una última cuota de casi 16 millones de dólares a la cuenta de Verwood en el Citibank de Nueva York, y en simultáneo para que cerrara la cuenta que había servido para el fideicomiso. Hecho el último pago, una semana después, el 24 de noviembre, Mario Vlieg, a nombre de Alcogal, hizo envío a Domingo Infante Tarazona, como apoderado de la compradora Cayfloor, de los documentos que hasta entonces el agente fiduciario había mantenido en custodia.
El legajo que Alcogal entrega en 2017 a Infante incluye al menos 18 documentos o títulos, algo que expresa con elocuencia que la compraventa de La Serenísima no había sido asunto solo de dos fideicomitentes, Verwood y Cayfloor o, ni siquiera en última instancia, de Gustavo Cisneros y Víctor Vargas. Por el contrario: participa toda una nómina de compañías para conformar un complejo entramado de ingeniería jurídico-financiera.
De hecho, en sus dos años de vigencia, el fideicomiso mantuvo un nombre: Fideicomiso Tilburg. La denominación se origina de otra empresa, Tilburg International S.A., constituida expresamente para esta operación en julio de 2015 en Panamá, tres meses antes de la firma oficial del fideicomiso, y para la que servirá de intermediario necesario.
Como se dijo antes, para la fecha de inicio del fideicomiso por el que Víctor Vargas se hace de una de las villas de Gustavo Cisneros en Casa de Campo, la compañía Verwood de Panamá figuraba como controladora de Inmobiliaria Pedrasa, la empresa que en República Dominicana era dueña de La Serenísima.
Pero para que eso fuera realidad y Verwood pudiera aportar al fideicomiso ese patrimonio, primero tuvieron que completarse muchas otras maniobras que a continuación se describen.
Verwood, constituida en Panamá en octubre de 2015, era participada por dos compañías registradas en el estado de Delaware en Estados Unidos: Moville Investments y Ramelton Investments, ambas con sendas empresas-espejos, homónimas, constituidas en Barbados. Como consta en un informe solicitado por Banistmo a Alcogal en agosto de 2016, en el que el banco pedía identificar al beneficial owner (B.O.) de esas empresas, y que forma parte de la filtración, su cadena de titularidad se extendía por al menos otras tres empresas y un paraíso fiscal distinto, las Islas Vírgenes Británicas, hasta desembocar en un trust constituido en Reino Unido, The 2014 Scesaplana Trust I. De acuerdo al abogado Luis Queremel, Scesaplana es un fideicomiso abierto por Gustavo Cisneros “con fines sucesorales exclusivamente”.
Verwood recibió de sus accionistas, Ramelton y Moville, a manera de aporte de capital, sus acciones participantes en dos empresas registradas en España en junio de 2015, Kiet Investments y Basseterre Investments.
Tanto Kiet como Basseterre fueron constituidas en Madrid bajo el régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), un estatus incorporado en el año 2000 en la normativa local para incentivar inversiones extranjeras en España, que permite controlar fondos y activos foráneos. Kiet y Basseterre figuraban a su vez como accionistas de Inmobiliaria Pedrasa en República Dominicana, empresa que en octubre de 2014, como evidente preparación para su venta, se convirtió en la dueña de La Serenísima.
Así fue como, mediante el fideicomiso armado con Alcogal, Verwood, de Cisneros, vendió a Cayfloor, de Vargas, la compañía Tilburg, y a través de esta, por esos intrincados interpuestos, la propiedad de La Serenísima.
En 2018, Víctor Vargas toma efectiva posesión de la codiciada propiedad. Luego de transitar semejante laberinto jurídico y de pagarla durante dos años, la soberbia villa tenía todo para constituirse en el símbolo culminante de la incorporación del magnate llanero al circuito internacional de los ricos y famosos.
Hasta entonces, su mecenazgo de las artes y del polo, así como la propiedad de bienes como su yate Ronin, de casi 60 metros de eslora -en 2017, cuando la embarcación atracó en un puerto de Andalucía, el diario El Confidencial de Madrid la calificó de “casa flotante”- le habían franqueado a Vargas varios pliegos de publicidad en revistas del corazón.
Pero para el momento de la mudanza, a Vargas ya le había tocado ir detenido a la sede de la policía política del chavismo en Caracas. Si bien la versión que entonces corrió por medios atribuyó el incidente a una averiguación sobre el presunto boicot a una plataforma de pagos, luego surgieron indicios de que pudo haber sido una advertencia vinculada a otras deudas del empresario.
También arreciaban los rumores sobre las dificultades del Banco del Orinoco en Curazao, murmuraciones que cristalizaron en la debacle de la entidad, y de su par panameño, apenas año y medio después. El financiero entraba en otro laberinto, este existencial, que ni siquiera el solaz de La Serenísima sería capaz de endulzar.
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