Juan Guaidó apareció más serio de lo habitual.
Con semblante grave, el líder opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y la mayoría de países de Europa y América Latina, se dirigía a los periodistas congregados en una inesperada rueda de prensa dominical.
Sabía que una bomba política acababa de estallar.
El portal de investigación Armando.info había publicado ese día que diputados de varios partidos de la oposición se habían dejado comprar.
Los acusados habían aceptado interceder por varios empresarios de la órbita del chavismo investigados en distintas instancias internacionales por su participación en un esquema de corrupción vinculado con las llamadas cajas CLAP, el sistema de reparto de alimentos a precios subvencionados que lleva a cabo el gobierno de Nicolás Maduro.
Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional, calificó de «inaceptable usar una institución del Estado para tratar de lavar la cara de corruptos y ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela» y prometió una investigación.
Pero la ya conocida como «Operación maletín verde», como la bautizó el diputado José Guerra, que fue quien primero se refirió públicamente a ella, ya estaba en marcha y los daños políticos para gobierno y oposición aún por cuantificarse.
De qué se acusa a los diputados
Según la información publicada por Armando.info, diputados de diferentes partidos opositores, incluido Voluntad Popular (al que pertenece Guaidó), habían hecho gestiones ante instancias como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia para que se dejara de investigar a los empresarios implicados en la supuesta red corrupta en torno al sistema CLAP.
Los implicados habían incluso enviado cartas dirigidas a autoridades extranjeras certificando que no había investigaciones en curso en Venezuela contra los implicados.
Al diputado Luis Eduardo Parra Rivero, del partido Primero Justicia, se le acusa de haber negociado con el empresario colombiano Carlos Lizcano para lograr que el grupo de parlamentarios se pusiera a trabajar en defensa de los implicados.
Cómo esta implicado el gobierno de Nicolás Maduro
La oposición, con Juan Guaidó a la cabeza, ha denunciado insistentemente que la corrupción generalizada en los gobiernos de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después arruinaron a Venezuela.
Las implicaciones de este escándalo salpican tanto al gobierno como a la oposición.
El escándalo en torno a las cajas CLAP estalló en mayo de 2018, cuando investigaciones periodísticas revelaron que los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro para la distribución de los productos CLAP.
El CLAP es una de las apuestas estrellas de Maduro, que lo ha descrito como «el alimento que le llega a las familias» frente al «bloqueo del imperio», en referencia a las sanciones de Estados Unidos.
Según las informaciones publicadas, firmas vinculadas al entramado empresarial de Saab y de Pulido obtuvieron ingresos millonarios por su participación en este programa, que estaría además entregando alimentos de baja calidad a la población.
Saab fue sancionado el pasado mes de julio por el Departamento del Tesoro estadounidense por «participar con infiltrados de Maduro para llevar a cabo una red de corrupción a gran escala que usaron cruelmente para explotar a la hambrienta población venezolana».
Pierde la política, gana Maduro
Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo en Venezuela
Nada podía hacerles más daño a Guaidó y a la oposición venezolana que aparecer como cómplices del mismo chavismo al que acusan de saquear Venezuela y dicen combatir.
Y eso que la rápida reacción de Guaidó, apartando a los legisladores implicados y ordenando una investigación en la que invitó a participar a los medios de comunicación, dista mucho de la que es habitual cuando es el gobierno el señalado. Maduro suele responder a las acusaciones que pesan sobre altos cargos del Estado e incluso miembros de su familia denunciando ser víctima de una «guerra mediática».
Lo que probablemente quedará, al final y al cabo, será una sensación de descrédito general de la política que podría llevar a muchos venezolanos a pensar que los dirigentes de uno y otro signo son igual de corruptos. De hecho, muchos ya lo piensan.
Esa especie de «todo vale, nada importa» alimenta el desinterés por la política de la castigada población venezolana, una dificultad añadida para los intentos, cada vez menos briosos, de Guaidó por sacar a Maduro a través de la movilización popular.
Mientras, Maduro observa desde Miraflores cómo las puñaladas vuelan de nuevo en público entre sus rivales y, en Estados Unidos, Donald Trump sigue mucho más ocupado en su reelección y en defenderse del «impeachment» que de Venezuela.
Cuáles han sido las reacciones
Ya antes de que saliera a la luz la información periodística que implica a los miembros de la Comisión de Contraloría, su presidente, Freddy Superlano, envió una carta a Guaidó en la que anunciaba su decisión de «separarse» temporalmente del cargo «en aras de facilitar las investigaciones necesarias sobre los señalamientos públicos recientes» y exhortó a hacer lo mismo a sus compañeros en la comisión.
Superlano indicó que ese paso no implicaba «reconocimiento o responsabilidad alguna» en hechos irregulares.
Ya el domingo, Guaidó anunció la ‘intervención y reestructuración inmediata» de la Contraloría y una investigación abierta y pública en la que estarían invitados a participar organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes.
También dijo que todas las cartas o documentos emitidos por miembros de la Asamblea que exoneraran a empresas o ciudadanos «vinculados con la corrupción» serían anuladas.
La alta dirigencia gubernamental no se ha referido hasta el momento al asunto, aunque en los medios estatales las acusaciones de corrupción en las filas de la oposición ocupan amplio espacio desde hace días.
Cómo les afecta el escándalo a Guaidó y a Maduro
En los últimos días, las supuestas irregularidades se han convertido en un problema que ha crecido como una bola de nieve para Guaidó.
Solo 48 horas antes de la información sobre la compra de diputados opositores, su recién destituido «embajador» en Colombia, Humberto Calderón Berti, daba una rueda de prensa en Bogotá en la que acusaba al entorno de Guaidó de un manejo indebido de los fondos destinados a la operación que el pasado 23 de febrero intentó hacer entrar «ayuda humanitaria» a Venezuela y habló de pagos indebidos en «prostitutas y licor» que estarían siendo investigados por la Fiscalía colombiana.
La polémica llega poco después de que en las últimas movilizaciones de protesta convocadas por el líder opositor se diera una participación mucho más baja a la que era habitual en los primeros meses del año y en un momento en el que las fisuras que tradicionalmente han existido en el bloque opositor venezolano afloran de nuevo.
Si la semana pasada la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, calificó la destitución de Calderón Berti como «un error muy grande», este lunes, el diputado José Brito, de Primero Justicia, fue más allá.
Brito, uno de los diputados implicados en la supuesta trama de corrupción, llamó «estafador» a Guaidó. Le acusó, además, de haber puesto en marcha una «guerra sucia» para matar la «rebelión» existente contra él en el seno de la Asamblea Nacional.
«Juan Guaidó y Nicolás Maduro son compinches», afirmó Brito, al que su partido ha decidido expulsar después de que su nombre apareciera involucrado en el escándalo.
Según el analista Luis Vicente León, de la consultora Datanálisis, «si la oposición entendiera el riesgo que corre, su respuesta sería unificada, dejando de lado por ahora divisiones internas e intereses individuales».
Para León, aunque también está implicado, todo lo que está ocurriendo beneficia al gobierno. «Sea cual la estrategia de control de daños que use la oposición, este round lo gana Maduro de calle», indica.