La ONU aprobó la creación de nueva convención sobre cibercrimen, causando alarma entre grupos defensores de las libertades y las potencias occidentales, que temen que restrinja la libertad en internet.
La Asamblea General aprobó una resolución patrocinada por Rusia y respaldada por China, que prevé la creación de un comité de expertos en 2020 para elaborar una “convención internacional exhaustiva para combatir el uso de las tecnologías de comunicación e información con propósitos delictivos”.
Estados Unidos, las potencias europeas y grupos defensores de las libertades temen que ello sirva para legitimar los ataques contra la libre expresión, pues los gobiernos de numerosos países califican de “criminales” las críticas en su contra.
Una cantidad de países han intentado restringir o directamente impedir el acceso a internet.
China, por ejemplo, restringe las búsquedas para evitar el acceso a temas que afecten al liderazgo comunista, así como los sitios de noticias que realizan una cobertura crítica.
India, por su parte, cortó en agosto la conexión en Cachemira tras despojar de su autonomía a esa región de mayoría musulmana. Irán, en tanto, cerró el acceso a la red en noviembre mientras reprimía las protestas que estallaron luego de un aumento de los combustibles.
“Precisamente nuestro temor a que (una nueva convención) permitiría la codificación a nivel internacional y global para estos tipos de controles es lo que nos lleva a oponernos y a preocuparnos por esta resolución”, dijo un funcionario estadounidense.
Human Rights Watch (HRW) calificó por su parte a la lista de patrocinadores de la resolución como “ una galería de algunos de los gobiernos más represivos de la tierra ” .
“Si el plan es desarrollar una convención que otorgue a los países legalidad para apagones y censurar Internet, mientras potencialmente se criminaliza la libertad de expresión, entonces es una mala idea”, dijo Louis Charbonneau, de HRW.
Washington cree que debería ampliarse la convención de Budapest de 2001 contra el cibercrimen, que apela a la cooperación internacional para combatir las violaciones a los derechos de autor, fraudes y pornografía infantil. Rusia se opone a ese acuerdo, argumentando que otorgar a los investigadores acceso a información de computación a través de las fronteras viola la soberanía nacional.
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