Naviera Paraguaná, la empresa de Roberto Leyba, pareja sentimental de María Gabriela Chávez, hija del difunto expresidente venezolano, Hugo Chávez, inició sus operaciones el pasado 20 de julio.
La empresa que fue investigada por la fiscalía chavista años atrás, después de ser registrada en 2014, comenzó a coordinar las rutas de un ferry desde la Isla de Margarita al puerto de La Guaira, cercano a Caracas.
Hasta el momento, tienen salidas los miércoles a las 10 de la noche en la conexión entre Margarita y La Guaira; y los jueves a las 10 de la mañana, en su viaje desde La Guaira a Margarita.
La Naviera Paraguaná también tiene una frecuencia casi diaria en una ruta desde Guanta hasta Margarita ida y vuelta.
Itinerario #Julio2022 🚢 pic.twitter.com/db4ekDvnkI
— Naviera Paraguana (@naviparaguana) July 3, 2022
Aunque sus tarifas son expresadas en dólares, dicen que pueden pagarse en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela.
Según los documentos que certifican la empresa, Leyba, como administrador principal de la sociedad civil Leyba & Mavares, y Nelson Colmenarez, representante de la sociedad mercantil Agrotrading Venezuela, firmaron el registro de Naviera Paraguaná.
Su objeto social es la prestación de servicio de transporte nacional e internacional turístico, acuático, marítimo, fluvial y lacustre. También dicen que ofrecerían servicios de transporte nacional e internacional no sólo marítima, sino también por aire y tierra, «involucrando el transporte multimodal; y la explotación de negocios de almacenes generales y depósitos, dice el documento revelado por EL NACIONAL.
Con un capital social de 5 millones de bolívares, su registro también expone que podrán «importar, exportar, adquirir, arrendar y anajenar todo tipo de bienes muebles o inmuebles, necesarios para el desarrollo de la actividad, incluyendo dentro de tal objeto la inversión y participación accionaria en todo clase de compañías, bien sean industriales y comerciales, en especial la operación y explotación comercial de buques propios, arrendados a casco desnudo o bajo arrendamiento financiero”.
Roberto Leyba ha estado en el centro de los movimientos financieros de María Gabriela Chávez, tal como ha revelado varias investigaciones publicadas en Primer Informe.
Una cuenta bancaria que fue usada por María Gabriela Chávez durante los primeros años de su estancia en Nueva York como representante diplomática ante las Naciones Unidas, reveló por primera vez el estilo sofisticado de consumo que tenía la entonces funcionaria diplomática, quien estaba habituada a realizar compras en las tiendas más elitistas de la Gran Manzana. El representante de estos gastos era Leyba, según nuestras investigaciones de 2019.
La cuenta bancaria, que según documentos llegó a tener varios millones de dólares en depósitos y transferencias a terceros, y que luego fue cancelada por sospechas de lavado de dinero producto de la corrupción, tenía como titular a Roberto Leyba.
La cuenta de cheques fue abierta en octubre de 2014 en el entonces Mercantil Commercebank, de Miami, apenas dos semanas después de que la hija de Chávez fuera designada embajadora alterna ante las Naciones Unidas.
Según Leyba, la cuenta fue creada para “cubrir gastos personales”, de acuerdo con documentos de órganos regulatorios de la Florida revisados por Primer Informe.
La cuenta bancaria que financió durante años el “sueño americano” de María Gabriela fue finalmente cerrada en 2016 por “inconsistencias”.
Originalmente, Leyba había declarado que tenía ingresos de unos $800.000 anuales, distribuidos entre $300.000 en “salario” y $500.000 en “otros ingresos”, según los documentos.
Entre fines de 2015 y mediados de 2016, la cuenta recibió una decena de transferencias provenientes de una cuenta del Banco de Chipre a nombre de la empresa Atlantides Shipping CO Ltd. La explicación de los depósitos: pago de “comisiones” por la compra de la embarcación MV Speed Runner.
Otras transacciones por casi $1.25 millones fueron explicadas por el cliente como pago por servicios profesionales por “asesoría legal” para la “adquisición de una embarcación tipo “ferry” a Naviera Paraguaná C.A.”
Los oficiales reguladores ampliaron las investigaciones y encontraron que las transferencias eran parte de un esquema de presunta corrupción en la adquisición de barcos tipo ferrys por la firma Naviera Paraguaná.
Su socio Colmenares, socio en la firma Naviera Paraguaná, denunció que Leyba solicitó fondos por $11.6 millones al Banco de Comercio Exterior para realizar la compra de la embarcación Speedrunner II, que luego fue rebautizada como Paraguaná I, pese a que el costo real del barco tipo “ferry” era de poco más de $5 millones.
La denuncia, de la cual tomaron nota los reguladores bancarios en Estados Unidos, fue presentada a la Fiscalía General de Venezuela, pero las investigaciones nunca avanzaron.
Por otro lado, en el escándalo ocurrido en abril del 2020 con la captura de un grupo de narcotraficantes ligados al régimen chavista que trabajaban con capos pertenecientes al llamado Cartel de Paraguaná, también tuvo a Leyba cerca, a través del bufete Venezuelan Attorneys.
Según una fuente judicial en Paraguaná, el abogado «estrella» de la firma, Roberto Leyba, manejó las estrategias de defensa bajo el siguiente esquema de costos: $250 mil para la defensa de los detenidos en Valencia; otros $250 mil para la defensa de los detenidos en Punto Fijo; y $120 mil para «gastos», para un total de $620 mil. Leyba es uno de los socios de la firma Venezuelan Attorneys.
Tanto Leyba como María Gabriela son asiduos visitantes a las playas de Paraguaná y han residido por largos períodos en localidades como el balneario de Adícora, donde mantienen propiedades.
Adícora es una de las muchas localidades en la península que han sido identificadas como lugares empleados por el Cartel de Paraguaná para la movilización de mercancías a través de avionetas y embarcaciones.
Las estrechas relaciones entre Leyba y diversos entes gubernamentales en Venezuela, gracias a su relación con la hija de Hugo Chávez, le permitió escalar rápidamente, colocando a personas cercanas en puestos claves, como Lewis Mavares, quien llegó a ser Consultor Jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas, al tiempo que fungía como accionista en la firma Leyba & Mavares Sociedad Civil. Según denuncias publicadas, Leyba y Mavares obtenían beneficios financieros de contratos de suministro para el gobierno.
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