Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Un proceso poco refinado.
Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.
Tras el fallo monumental del chavismo en administrar las empresas estatizadas por Hugo Chávez, la autodenominada Revolución Bolivariana que ahora lidera Nicolás Maduro le da la vuelta al círculo y ejecuta una ola reprivatizadora. Los objetivos de este giro pragmático, más allá de repartir lo confiscado, no parecen evidentes: ¿Reactivar las empresas, rematarlas, prolongar su agonía? Pero un resultado concreto que ya se verifica es el surgimiento de una nueva clase empresarial venida de la nada.
Es lo que se está viendo en torno del central azucarero Pío Tamayo, en El Tocuyo, estado Lara, recientemente entregado bajo la figura de comodato al Consorcio Veinca, una empresa privada sin antecedentes conocidos en el ramo.
Esa es, en torno de la negociación sobre la planta, una de dos certezas. La otra es que llegaron cortando empleos de raíz.
La entrega de la planta se hizo efectiva en octubre de 2020. En diciembre hubo despidos masivos. En marzo de 2021, 450 trabajadores despedidos del central -algunos. con hasta 25 años de antigüedad- salieron a la calle a protestar. Cerraron la avenida principal de El Tocuyo. Dijeron que sus salarios se habían mantenido entre 2.400.000 y 4.000.000 de bolívares (entre 1,3 y 2,16 dólares) mensuales y a pesar de ese valor ínfimo, todavía no se les pagaban las liquidaciones a algunos de ellos.
Héctor Escalona, por ejemplo, ha vivido (y padecido, si se toma en cuenta lo que más adelante relata), como trabajador del azucarero desde mediados de los años 90, buena parte del control estatal en la empresa. Pero la llegada de una administración privada no le trajo nada mejor. Hoy es uno de los cientos de despedidos a raíz del proceso de privatización. Y uno de los que ha protestado.
“Quedaron comprometidos en que en quince días nos iban a pagar lo que nos debían. El representante de Veinca dijo que iba a asumir la deuda [las liquidaciones que deben a 42 trabajadores] y que iban a ver la posibilidad de cancelar esa deuda y de reenganchar a los despedidos. Si en quince días [se completan el 18 de marzo] no nos cumplen, saldremos a protestar de nuevo”, explica a Armando.info.
Fue la primera vez que los reclamos y advertencias consiguieron romper el secretismo de la dirección de la empresa, que tiene voz pero todavía carece de rostro, no solo frente a los trabajadores sino ante el público.
El 27 de diciembre del año pasado en la cuenta de Twitter del azucarero (@AZUCARERO_APTCA en aquel momento, @CVeinca_apt ahora) quedó colgado un aviso. En este, el Consorcio Veinca anunciaba que a partir del día siguiente “dará inicio al proceso de contratación del personal que formará parte del talento humano de la azucarera Pío Tamayo, S.A., para el cumplimiento de su próximo ciclo productivo”. Se puede considerar como su único pronunciamiento público.
“Ciclo productivo”, ¿es un eufemismo? En el Pío Tamayo hasta cierto punto lo es.
Desde la zafra 2014-2015, la producción de la planta no incluye la molienda de la caña. Hasta comienzos de 2020 solo consistió en la refinación y empacado de azúcar moscabada de Nicaragua. Esa etapa de casi maquila fue la culminación de un proceso de desmantelamiento del central cuyo epílogo es su cesión a una empresa privada.
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