Los hechos de torturas en Venezuela, que presuntamente son promovidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), se resumen en tres actos en la última semana de septiembre. Se comprueba que es la misma FAES,pero con nuevo nombre.
Primero, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU (MDH) afirmó que el Estado venezolano sigue torturando a sus ciudadanos a través de la DAET.
Cinco días después, la Cancillería venezolana calificó esas investigaciones como «falsas» y «sin fundamento» por cuarta vez consecutiva.
Un día después de las declaraciones del gobierno venezolano, el abogado del preso político John Álvarez denunció que «las torturas» que instigó la DAET al joven provocaron que perdiera la visión de su ojo izquierdo, se le inflame su riñón izquierdo y tenga una lesión en su pierna derecha.
Para la ONU y para la sociedad civil venezolana la historia de los tratos crueles y las torturas en el país continúa, entre otras cosas, porque los mismos actores que son señalados por violar los derechos humanos desde el 2014 siguen en el poder. Pese a que el gobierno venezolano declaró el desmantelamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en junio del 2022, varios miembros de la antigua institución señalada por la MDH de torturar en el país, ahora están en la DAET.
«Respecto a la cadena de mando, identificamos que, de 15 funcionarios de alto rango en la DAET, 10 pertenecían a la extinta agrupación policial», agregó Marta Valiñas, presidente de la MDH.
MDH.
Represión focalizada
La organización multilateral sobre los derechos humanos reiteró que la DAET se comporta igual que sus predecesores. A través de las «Operaciones Trueno», los funcionarios allanaron hogares sin órdenes judiciales y mataban a ciudadanos bajo la presunción de ser delincuentes en 2022.
De acuerdo con el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, al menos 70 personas fallecieron y 345 están detenidas en las «Operaciones Trueno» en 5 estados del país. La MDH destacó que estos actos son «similares» a los vistos por la operación de Liberación del Pueblo (OLP) en los sectores populares de Venezuela en 2015 y a los ejecutados por las FAES bajo el contexto de las protestas antigubernamentales y otras intervenciones policiales desde 2016.
«Los patrones de represión no han cesado, en realidad mutó en diferentes manifestaciones», aseveró el abogado y cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels. Por ejemplo, los presos políticos de los años 2022 y 2023, donde están John Álvarez y 6 sindicalistas, fueron detenidos bajo la organización de los miembros de la DAET a través de sus subdirecciones.
La MDH dijo que 9 de los funcionarios de la DAET fueron señalados en antiguos informes de la ONU.
Valiñas destacó que «tienen motivos razonables para creer» que José Domínguez —director de la DAET—, Carlos Calderón —su director adjunto— y Ronny González —el jefe de investigaciones penales— «estuvieron involucrados en varias violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad desde sus posiciones» tanto en sus posiciones en las FAES como en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
«Hay que agregar que algunas de estas manifestaciones represivas no son violentas, pero no por eso menos opresivas. Las represiones están más focalizadas a los grupos de interés del gobierno: periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y sindicalistas», dijo Daniels a Runrun.es.
«El tema de las muertes y las desapariciones forzadas está afectando a colectivos que anteriormente no se entendían bajo ese sistema. Esto genera un mecanismo que busca tener más censura y cerrar el espacio civil», agregó.
¿Qué implicaciones tendrá la DAET ante la CPI?
Para la ONG Defiende Venezuela la cadena de «ataques» a la sociedad civil en el país proliferan, y la cadena de mando de funcionarios se mantiene. Al menos 300 denuncias se registraron en 2023, donde se incluyen torturas a presos políticos por distintos funcionarios de seguridad y varios casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales presididas por la DAET.
«Según varias personas presentes en las detenciones y allanamientos practicados en las primeras Operaciones Trueno, los agentes de seguridad que intervinieron se identificaron como efectivos de las FAES», se lee en el cuarto informe de la ONU.
«Una fuente con acceso a información interna de la Policía Nacional Bolivariana informó a la misión que el Comandante de la Dirección tiene más poder de decisión que el propio Comandante de la Policía Nacional Bolivariana», agrega el documento.
La Corte Penal Internacional (CPI) anunció que no detendría su investigación frente a los presuntos crímenes de lesa humanidad promovidos por los cuerpos policiales y Nicolás Maduro. Para octubre de 2023, el ente judicial internacional debe discutir y precisar cuáles casos de presuntas violaciones a los derechos humanos se investigarán.
«Hasta ahora hemos visto que una de las principales fuentes de información que ha utilizado la CPI para avanzar con el proceso son los documentos de La Misión», explicó Génesis Dávila, abogada y directora de Defiende Venezuela.
«Que se hayan revelado nombres y cargos podría dar un poco de luces sobre cuál podría ser el curso que podría tomar la investigación, más ahora que la Fiscalía de la CPI tiene que determinar quiénes son los presuntos responsables», agregó.
Mientras tanto, las víctimas, otra de las fuentes principales para la Corte de la Haya en su proceso de determinación de casos, pueden enviar sus observaciones para confirmar o no la reanudación de la investigación antes de la medianoche del 3 de octubre.
«Habría que esperar a que la fase de apelación culmine para que la CPI diga si dentro de los casos a investigar estará la cadena de mando de la DAET o se abrirán nuevos casos específicos. En ambos panoramas, la CPI y la MDH acordaron intercambiar los hechos probatorios, las evidencias», concluyó Daniels.
Perfiles destacados
Carlos Alberto Calderón Chirinos
Desde 2007 fue miembro de la hoy extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), la cual pasó a ser el Sebin y mantuvo en ese puesto y la dirección del Helicoide hasta el año 2020.
En mayo de 2015, Jesús Ramírez, entonces secretario general adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, denunció a Calderón Chirinos ante la CPI por crímenes de lesa humanidad.
Inés González, quien estuvo presa en el Sebin por emitir sus opiniones en Twitter en ese año, afirmó que Calderón fue quien ordenó darle una golpiza en junio de 2015.
En enero de 2016, la dirigente de Voluntad Popular, Ana Karina García denunció que Calderón había obligado a las mujeres que visitaban a los presos políticos en El Helicoide a desnudarse y saltar.
Francisco «Pancho» Márquez, ex preso político y miembro de Voluntad Popular, declaró en 2017 en una audiencia en la Organización de Estados Americanos que Calderón es ampliamente conocido por ordenar y participar en torturas, labor que le ha servido para ascender y recoger premios en el Sebin, en las FAES y ahora en la DAET.
En 2019 la Unión Europea sancionó a Calderón por las denuncias sostenidas de tratos crueles y crímenes de lesa humanidad.
Ronny González Montesinos
De acuerdo con el informe de la MDH del 2022: González ordenó que «se realizara (operativos de) inteligencia sobre personas y organizaciones sospechosas de estar afiliadas a la oposición política y participó en la identificación, la detención y el interrogatorio de los detenidos».
«Los testigos dijeron a la misión que participó directamente en actos de tortura u otras formas de maltrato. Asimismo, personas que trabajaban para la Dirección de Investigaciones Estratégicas bajo su supervisión cometieron actos de tortura u otras formas de malos tratos», agrega el documento de la ONU.
De acuerdo con la plataforma PoderoPedia, González fue comisario jefe en la Dirección del Sebin entre 2014 y 2019, cuando Carlos Calderón Chirinos era director de Investigaciones.
Sus inicios en los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano datan de 1995, cuando inició como funcionario de la extinta Disip, la cual pasó a ser el Sebin.
José Miguel Domínguez Ramírez
Es uno de los funcionarios del Sebin señalados por ser responsable de la muerte de Bassil Da Costa, una de las primeras víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en el marco de las protestas del 2014.
Jamás se presentó ante tribunales por lo sucedido, de acuerdo con una investigación de Runrun.es de 2015.
También se le ha relacionado con otros delitos, como el asesinato en 2008 del detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Edison José Flores Padrón. Perteneció a los grupos paramilitares llamados «Colectivos» en Caracas.
Durante el año 2018 fue promovido a ser el director de las FAES en el estado Táchira y fue sancionado por la Oficina del Tesoro de Estado Unidos para el Control de Activos por encabezar uno de los cuerpos de seguridad venezolanos que bloqueó la entrada de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero de ese año en la frontera con Colombia.
Actualmente, la MDH lo señala como principal actor de las torturas y detenciones arbitrarias tanto del Sebin como de la extinta FAES.
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