La producción petrolera en Venezuela ha reportado mejores números tras años continuos de declive. Sin embargo, las actividades criminales que se han conformado en torno a la industria representan un obstáculo para su recuperación.
La producción petrolera en Venezuela ha reportado mejores números tras años continuos de declive. Sin embargo, las actividades criminales que se han conformado en torno a la industria representan un obstáculo para su recuperación.
Una serie de intentos de robo en oleoductos durante los últimos meses ha suscitado preocupación en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En mayo, el vicepresidente de comercio y suministro nacional de PDVSA, Juan Carlos Díaz, informó que cinco de las 17 plantas de distribución de combustible que tiene el país se encuentran paralizadas debido a que “las bandas les abren huecos a los poliductos y conectan mangueras para robar la gasolina».
El incidente más reciente fue la perforación de un oleoducto en el estado de Anzoátegui, al este de Venezuela, el 1 de junio.
La industria petrolera de Venezuela, que alguna vez fue la más fuerte del mundo, es el motor principal de su economía, pero las sanciones internacionales, falta de inversión y caída de los precios la han golpeado a fondo. Expertos consideran que su recuperación es esencial para que el país mejore su crisis económica.
A continuación, InSight Crime examina cómo el crimen organizado podría afectar la reactivación de la industria petrolera en el país.
Proliferación de tomas ilegales de combustible
En los últimos dos años, el robo de combustible a través de la perforación de poliductos, una red de tuberías de 1.444 kilómetros en suelo venezolano que moviliza la gasolina desde las plantas de refinación a los centros de llenado, se ha convertido en un gran problema para PDVSA.
El robo de combustible a través de este método incrementa aún más la escasez de gasolina que padecen, principalmente, los estados ubicados en la periferia del país, la cual se exacerbó con las sanciones petroleras y la falta de inversión a las refinerías.
“¿Por qué no hay volumen en las estaciones de servicio? Porque a nosotros nos vulneró la delincuencia organizada», dijo en una rueda de prensa a finales de abril el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano. «Las mafias del combustible vulneraron el poliducto».
Por estas tomas ilegales, las redes criminales robarían un 30% del combustible que debería llegar a esta región ubicada al sur del país, según información oficial.
Bolívar solo es uno de los estados afectados. Entre enero de 2021 y junio de 2023, InSight Crime registró nueve casos de detenciones o desmantelamientos de redes dedicadas a extraer gasolina ilegalmente en los estados de Yaracuy, Carabobo, Lara, Zulia y Mérida.
A pesar de que las autoridades han señalado que serían diversas bandas las que se dedican a robar combustible a través de este método, no han dado mayor información sobre sus nombres.
El cáncer de la corrupción
“Los mayores golpes a la industria petrolera giran en torno a la corrupción”, declaró José Toro Hardy, experto petrolero y exdirectivo de PDVSA, a InSight Crime.
La corrupción en la industria petrolera comenzó hace décadas cuando el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la producción de la industria en los primeros años de la década del 2000. Andrés Rojas Jiménez, periodista venezolano y editor del medio Petroguía, enfocado en petróleo y energía, explicó a InSight Crime que uno de los aspectos que caracterizó la gestión económica del presidente Hugo Chávez, y se extendió con Nicolás Maduro, es la falta de transparencia en la industria petrolera.
La ausencia de reportes dio espacio a que elementos corruptos cometieran peculado sin ser detectados por años. Uno de los primeros escándalos lo protagonizó uno de los hombres más cercanos a Chávez, Rafael Ramírez, quien fue acusado en 2016 por la Asamblea Nacional de Venezuela de malversar unos US$11.000 millones mientras se desempeñó como ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2004 y 2014.
Ramírez huyó del país, pero su sucesor en el ministerio de Petróleo, Eulogio del Pino, y Nelson Martínez como presidente de PDVSA, siguieron sus pasos corruptos. Fueron acusados de varios delitos por la fiscalía venezolana en 2017, entre ellos corrupción. En 2018, Martínez murió en prisión mientras esperaba su juicio, y del Pino permanece en prisión preventiva.
En marzo de 2023, otra operación conllevó al arresto de civiles y militares que desempeñaban cargos directivos de PDVSA por participar en una trama de corrupción. El hecho generó la renuncia de Tareck El Aissami, el exministro de Petróleo y uno de los personajes políticos claves en el país.
De acuerdo con la Fiscalía General de Venezuela, estos funcionarios habrían vendido cargamentos de petróleo a empresarios extranjeros, quienes se encargaban de comercializarlo, pero cuando PDVSA debía recibir los montos adeudados, buena parte de ese dinero no ingresaba a la empresa sino a las cuentas de estos funcionarios.
Las autoridades no han precisado el monto que habría perdido PDVSA a través de este esquema, pero estimaciones extraoficiales sitúan esta cifra en cerca de US$21.000 millones.
Según denuncias de la Fiscalía de Venezuela, funcionarios corruptos han permitido el desmantelamiento de instalaciones petroleras de PDVSA por parte de bandas delictivas con el fin de vender las piezas hurtadas como chatarra.
Extorsiones y desmantelamiento de instalaciones
La corrupción en la industria petrolera no solo se ha centrado en la malversación del dinero proveniente de cargamentos.
Además de estos delitos, la industria petrolera también se ha visto afectada por la extorsión, una de las principales economías criminales de Venezuela tras la llegada de la pandemia y la dolarización de facto que convirtió a la moneda estadounidense en la más deseada.
En febrero un hombre fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el estado Anzoátegui por su presunta vinculación en extorsiones a empresas subcontratadas por PDVSA. Un año antes, la Fiscalía de Venezuela informó el desmantelamiento de una banda que extorsionaba a empresas petroleras en la misma región.
Estos casos de extorsión dificultan el proceso de recuperación de la industria petrolera venezolana si ahuyentan las inversiones de empresas petroleras internacionales preocupadas por la seguridad.
El periodista y especialista en temas petroleros Andrés Rojas Jiménez, dijo a InSight Crime que todas estas amenazas criminales se reducen si se terminan las sanciones, se da una mejora en la infraestructura de electricidad y remuneración del personal, además de mayor seguridad en los campos petroleros.
“El crimen es una consecuencia de las distorsiones en las demás áreas. Mientras tu tengas distorsiones en las demás áreas, el crimen lo vas a tener inevitablemente”, concluyó el especialista.
notiveraz