El 4 de agosto de 2018, en el aniversario de la Guardia Nacional (GNB), hubo un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, aunque nunca fue llamado a declarar ni aparece como víctima. Detienen a varios civiles y militares, algunos involucrados por interés del gobierno. El 4 de febrero de 2022 son condenados a penas de 30 a 5 años de prisión. El 17 de febrero de 2023 se da a conocer el expediente.
Tres cosas resaltan: la tenacidad de abogados que denuncian tortura y pruebas amañadas; la vergonzosa actuación de la juez Hennit López y de los fiscales Farik Mora y Jonathan Carrero; y la declaración de dignidad de algunos de los detenidos.
Hay casos destacados. El 7 de agosto de 2018, a la 1:28 de la tarde, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), el diputado opositor Juan Carlos Requesens Martínez dio, desde la tribuna de oradores, un fuerte discurso recordando el asesinato en protestas de numerosos estudiantes y adultos, a la vez que mencionó a quienes se han ido del país.
Aseguró que no se rendiría, que seguiría señalando a los responsables. Menos de siete horas después, a las 8:22 de la noche, un grupo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) lo detuvo, mientras en una cámara se ve cómo lo entran a empujones del apartamento del que acababa de salir.
Un video que denigra de su condición humana en manos del SEBIN es filtrado a las redes sociales. Así aparece en el expediente de los drones, es recluido en El Helicoide durante más de dos años hasta que le dan casa por cárcel. Fue condenado a 8 años.
El 8 de enero de 2020, en una de las audiencias, el diputado Juan Carlos Requesens Martínez dijo a viva voz en el Tribunal, que hacía un “reconocimiento a los familiares de los que desde el 4 de agosto del 2018 estamos secuestrados por estos señores que están aquí. Esto no es un juicio, esto no es una sala, esta señora Hennit no es una Juez y esto señores no pueden ser fiscales”.
La juez Hennit López lo interrumpe y le pide que se dirija con respeto y luego solicita que se deje constancia “que el acusado hizo caso omiso al llamado de atención y que se dirige de manera despectiva al tribunal”.
Requesens, por su parte, continuó: “Ante una dictadura como esta, estos señores que están aquí actúan como sicarios judiciales; todos los que estamos aquí sentados somos inocentes, porque estos señores son unos incompetentes, no han podido demostrar nada de ninguna de las acusaciones que llevan en ese papel.
Soy politólogo, soy un político viejo orgulloso de su profesión y en todo este proceso he aprendido violación de derechos humanos, violación al debido proceso, secuestro, aislamiento, separación de mi familia, tortura, pero sobre todo de la incompetencia que los caracteriza a ustedes como sicarios del sistema judicial de este país”.
No queda otra
Siguió dirigiéndose ante las autoridades: “Ustedes en todo este proceso se han hecho los locos con todas las denuncias hechas. ¿Sabe algo señora Hennit? A mucha honra yo soy preso y secuestrado de esta dictadura, porque el único día que de verdad me voy a preocupar es cuando el señor Maduro hable bien de mí. Desde que tengo uso de razón, desde que me inscribí en la UCV lo único que he hecho es combatir a esta gente, porque a mí no me queda de otra”.
“Le recomiendo señora Hennit que cuando vaya a dictar la sentencia, después de terminado este parapeto en el que tendremos oportunidad de decir y exponer, a través de los abogados, que usted ya tiene una decisión en la cabeza; aproveche su momento, porque con lo que ha hecho hasta hoy, está sentenciada por las páginas de la historia de este país como un parapeto, como una marioneta y sencillamente con agente que ha dañado, violentado y acusado a inocentes”.
“El día que yo me hice político sabía que esto era uno de mis destinos y lo dije en el discurso que pronuncié el martes 7 de agosto. Señora Hennit en El Helicoide, donde estoy, uno tiene mucho tiempo para pensar y frente a cada atropello, cada abuso, a cada desprecio cada vez que dejan a mi familia parada en el portón, cada vez que no dejan que mis hijos vayan a visitarme, de lo único que uno se convence es que no queda otra que seguir luchando”.
Se refirió el parlamentario a las versiones oficiales que hablan de que detrás del intento de magnicidio están colombianos y estadounidenses. “¿Ustedes vieron el cohetazo que le mandaron al general iraní Qasem Soleimani? Imagino que ese dron no era para matar a Nicolás Maduro, porque si hubieran atacado con el dron, todavía lo estuviéramos velando”.
“Yo fui a la audiencia preliminar con la juez Carol Padilla, una señora que actúa exactamente igual que usted. Como le dije, bien orgulloso estoy de ser preso de esta dictadura, pero a ustedes no les afecta la vida, a nosotros no nos afectan la vida, sino que lamentablemente también a todos los que puedan llevarse por delante: familia, niños, hogar.
Son incompetentes con acusaciones absurdas de una vaina que se ve que ustedes no estudiaron; me voy para mi celda otra vez con mi conciencia bien tranquila, bien quieta, usted no es más que un pobre ser humano”.
Dirigiéndose a la secretaria y al alguacil les dijo: “Quédense tranquilos, esto es una lucha que se va dando paso a paso. Ellos hoy no tienen nada más que el poder de unas Fuerzas Armadas como único pilar de la dictadura.
Nosotros no tenemos armas para combatir y eso significa que tenemos que seguir poniéndole el pecho a las balas que ellos nos disparan y en este camino han caído compañeros, han secuestrado a otros y han muerto hermanos al lado nuestro; no nos queda otra que secarnos las lágrimas y seguir avanzando.
¿Cuándo termina esto? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que mientras tengamos vida no nos queda más que seguir luchando a ritmo de la fuerza y la voluntad, por nuestra familia, por el presente y el futuro de este país y para que estos señores paguen todo lo que han hecho con la justicia venezolana”, finalizó diciendo.
El caso en números
– Una juez: Hennit Carolina López Mesa, del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia Exclusiva a Nivel Nacional para Conocer de causas Vinculadas con Delitos de Terrorismo.
– Dos fiscales nacionales: Farik Karin Mora Salcedo (Nr. 67) y Jonathan Eliecer Carrero Arráiz (Nr. 83).
– Once abogados defensores: Alejandra Tosta, Charytti Flores, Eliécer Peña Granda, Guillermo Heredia, Joel García, Juan González, Líbano Leo Hernández Useche, Stefanía Migliorini, Theresly Malavé, Yalira Granda y Zoraida Castillo de Cárdenas.
– 62 expertos.
– 33 testigos.
– 7 víctimas militares: primer teniente Benny Ortiz Belatis, S/1 Darwin Moreno, S/1 Jesús Gómez Dorante, capitán José del Valle Núñez Martínez, Tec. Lisneydi Guerrero Salazar, Cad/2 Luis José Alexander Molina Torres y Cad/3 Víctor Hernández Morán.
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