El controlador aéreo Guillermo González, actualmente de 24 años, aguarda desde 2020 por audiencia preliminar. El joven, que trabajaba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fue detenido el 20 de mayo del año pasado.
González estuvo desde el momento de su detención hasta el 12 de abril en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Sorpresivamente fue trasladado junto con otros presos a la cárcel del Rodeo II.
Castulo González, padre del controlador aéreo, relata que pese a no existir pruebas ni sustento alguno, y asegura que esto queda de manifiesto en el expediente, el Ministerio Público acusó a Guillermo de cuatro delitos: Terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio y revelación de material del Estado.
«A Guillermo se lo llevaron a la sede de la Dgcim el 20 de mayo de 2020, el 22 fue presentado en tribunales. Allí le pusieron un defensor público, nunca lo defendió, yo creo que más bien aupó que le pusieran más delitos. La defensa privada la pude nombrar una semana después», indica Castulo González a TalCual.
Los padres del joven controlador aéreo dan detalles del caso de su hijo y refieren que, por ahora, la defensa no hará ningún pronunciamiento. A Guillermo González le han pospuesto la audiencia preliminar seis veces, la nueva fecha está pautada para el miércoles 13 de mayo.
Carolina González, madre de Guillermo, cuenta que siempre hay una excusa para la postergación de la audiencia. Añade que la pandemia ha sido un elemento que se suma al retardo procesal. El último argumento fue que no llegó la boleta para el traslado.
Controlador, un chivo expiatorio
Los padres del controlador aéreo refieren que Guillermo González es una suerte de chivo expiatorio que se convirtió en un preso político siendo inocente. Carolina González, madre del joven, narra que su caso se inició cuando, en febrero de 2020, Guillermo fue contactado por un antiguo compañero.
Señala que el contacto fue por Facebook. Quien le escribió, preguntó si quería ganarse un dinero que le sería sencillo dado sus funciones en la Torre de Control de Maiquetía.
«La persona le propuso que iban a llegar unos aviones y él los tenía que despegar y aterrizar, pero sin reportarlos, sin anotarlos y sin nada. Mi hijo tenia que hacerse el que no ha visto nada. Entonces, mi hijo le dijo: ‘Déjame ver. Esto lo hizo para comentárselo a su supervisor, Derbis Rodríguez, quien también fue detenido. El supervisor se lo reporta a los gerentes, Wilfredo Gil y Carlos Mata Sosa, ambos militares, quienes le dicen que si volvía a ser contactado, trataron de conseguir más información, pero la persona no dio más detalles», refiere Carolina González.
Castulo González, padre de Guillermo, agrega que, en mayo de 2020, pese a que el controlador fue honesto con sus superiores, el coronel Wilfredo Gil fue quien puso la denuncia ante la Dgcim.
Añade que el argumento de Gil fue el que joven mostraba actitudes antirrevolucionarias. De eso se agarró, indica, para señalar a Guillermo González por presunta instigación al odio en contra del gobernante Nicolás Maduro.
«En su denuncia, Gil dice que buscó las redes sociales de mi hijo en Twitter, que no es más que la cuenta de un muchacho, entonces de 23 años, que tenía más de 26 mil tuits hablando de cualquier cosa, de la novia o de comerse una hamburguesa. Pero de allí tomaron, con pinzas, 15 tuits y los ponen en el expediente», señala.
González señala que el joven controlador tiene uno que otro tuit en el que hablaba de que el sueldo en Venezuela era insuficiente o de la llegada de algún avión, como los que han traído la ayuda humanitaria al país. Subraya que eso no es información calificada porque además, esgrime, es pública y notoria.
El caso de Guillermo González inicialmente fue asignado al Tribunal Especial de Control de Primera Instancia con competencia en materia de terrorismo, a cargo de la jueza Carol Padilla. Pero, en abril, la defensa y la familia del joven fueron informados que la causa fue cambiada para el Tribunal Sexto de Control a cargo de la jueza Claudia López.
«En todo este tiempo, en el tribunal de la jueza padilla nunca tuvimos acceso, ni los abogados le vieron la cara a la jueza. Se vieron con la secretaria del tribunal, con los asistentes, nunca con la jueza», afirma Castulo González.
La jueza Carol Padilla maneja casos emblemáticos para el gobierno de Maduro. Padilla fue la jueza que imputó siete delitos al diputado Juan Requesens, por su supuesta participación en el atentado contra el gobernante en 2018.
Familiares y amigos de los controladores Guillermo González y Derbys Rodríguez, quien era su supervisor y fue detenido unos días después, han denunciado que a ambos se les violan sus derechos humanos, la libertad personal, la honra y reputación, integridad personal y salud. Estos derechos están consagrados en los artículos 9, 7, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
«La intención nuestra nunca es confrontar al gobierno. Nuestra intención es que se cumpla el debido proceso, que mi hijo tenga la oportunidad de demostrar su inocencia y que le hagan su audiencia preliminar en el lapso establecido. Lleva un año detenido injustamente sin poder demostrar su inocencia», puntualiza Castulo González.
De la Dgcim al Rodeo
Para los padres de Guillermo González, está claro que la detención del joven fue arbitraria y que estuvo servida para intimidar a sus compañeros en la torre de control.
«Mi hijo es un muchacho brillante que se certificó con honores, bilingüe a pesar de su corta edad, campeón juvenil de tiro que apostaba por su país, no es nada de lo que le acusan», asegura Carolina González.
Su papá, Castulo, dice que según las llamadas telefónicas y las conversaciones que tenían en las visitas, «en la Dgcim, mi hijo no sufrió tortura física, pero si maltrato psicológico, pasó hasta un mes sin que lo sacaran a tomar el sol». Añade que tras el traslado al Rodeo II, Guillermo está inquieto porque las condiciones no son las mismas, hasta donde sabe, temporalmente, se encuentra en una especie de habitación con otro de los presos que fue llevado a ese recinto carcelario.
«La vida nos cambió. Somos nosotros y un hijo más pequeño. Guillermo es el nieto menor, mi mamá, su abuela vivía con nosotros. Un mes después de su detención, en junio de 2020, ella murió por causas naturales. No se le dijimos hasta la visita de Navidad. Él pasó meses escribiéndole cartas», finaliza Castulo González.
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