José Eloy Rivas Díaz fue condenado a 20 años de prisión por financiamiento al terrorismo, específicamente el del «caso de los drones», como se le conoce al magnicidio frustrado contra el mandatario Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto de 2018.
El proceso final llegó a su fin justo cuatro años después, donde 17 personas –entre ellas José Eloy– recibieron sentencias entre cinco y 30 años de prisión.
El comerciante fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 5 de agosto de 2018 en su propia residencia, ubicada en Caricuao (Caracas).
Durante una rueda de prensa, el entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, señaló que era dueño de la tienda “Stand Electronic, que facilitó chips para los equipos” que utilizaron los implicados.
Según cuentan familiares y él mismo en audiencias, fue golpeado, torturado y estuvo sin tener contacto con su familia casi 50 días, pues solo les permitían llevarle agua dos veces a la semana. Mientras era torturado, sufrió una subida de tensión que casi le ocasiona un infarto.
En los primeros meses también perdió 24 kilos, debido a la escasa alimentación. Tras pasar por una cárcel común, actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Fuerte Tiuna, el principal cuartel militar del país.
Para Stefanía Migliorini, abogada defensora y coordinadora del equipo Foro Penal Caracas, su caso es «bastante particular» debido a las pruebas que aceptó el mismo Ministerio Público para exculparlo, aunque luego pidieron su condenatoria.
Migliorini dice que «es increíble el cinismo de la justicia cómo se portó con él. Ante Fiscalía se promovieron las pruebas que lo exculpan de todos estos hechos donde lo involucraron. La Fiscalía los promueve ante el tribunal durante el juicio como pruebas complementarias».
Al momento en que los fiscales del MP, entre ellos Farik Mora, promovieron nuevas evidencias, continúa la abogada, «dicen que estan consignando unas pruebas donde exculpan al señor José Eloy Rivas de todos los hechos en que se le están investigando. La juez lo admite y, en el transcurso del juicio se recibió a una testigo, el que hizo la experticia telefónica y un vídeo donde se demuestra su inocencia».
Pero en el acto conclusivo del juicio, la Fiscalía solicitó la condenatoria solo por el delito de financiamiento al terrorismo. «Teniendo las pruebas en las manos, igualmente fue condenado».
El general retirado Cristopher Figuera, exdirector del Sebin, aseveró en una entrevista que advirtió a Nicolás Maduro que habían personas que no estaban implicadas, como los militares José Gámez, Héctor Hernández DaCosta, Juan Requesens o Emirlendris Benítez, quien recibió pena máxima de 30 años por acompañar a su pareja en una carrera.
«En esa reunión estaba la señora Cilia Flores y ella dijo ‘mala suerte, dejen eso así y que siga el curso como va’», dijo Figuera
Oyuki Vicentelli recuerda que su esposo tiene 64 años de edad, padece de hipertensión arterial, artrosis y un glaucoma avanzado que no ha sido atendido de forma adecuada, por lo que ha perdido progresivamente la visión. «Libérenlo, ya se comprobó su inocencia».
Asegura que su esposo es «una persona jubilada y honesta», que fue criado con valores de humildad. «Nos ha afectado emocional y sentimentalmente a todos porque es fuerte llegar a un hogar y que no esté la cabeza de la misma».
Mientras que Sari Rivas, una de las cuatro hijas de José Eloy, asegura que esta sentencia «deja a una familia separada y con dolor», y pide que se haga una «exhaustiva revisión» a las pruebas presentadas, que fueron asumidas por la Fiscalía, «y que el señor Farik Mora tiene en su poder».
Mi padre es inocente y exigimos libertad, reitera. «No es un político ni un terrorista, mi papá es un hombre de bien con principios y valores».
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