El bufete no sólo reclama honorarios no pagados, sino que también ahora señala haber sido utilizado para intentar legitimar capitales y desbloquear fondos en bancos a partir de documentos falsos entregados por los diputados en ese momento, según lo publica el periodista Roberto Deniz.
El bufete de abogados español alega que los políticos utilizaron documentos falsos para legitimar fondos y desbloquear cuentas bloqueadas, lo que provocó una posible malversación de más de 1.100 millones de euros.
Un bufete de España denunció ante la Europol a José Brito, Luis Parra y otros «alacranes» de la oposición que presuntamente viajaron en secreto por el mundo en el año 2019 para blanquear la imagen del empresario colombiano Alex Saab. La información la publicó el periodista Roberto Deniz, quien le ha seguido los pasos al ahora «embajador» del gobierno de Nicolás Maduro y quien ha publicado investigaciones que dan luces de los negocios turbios en los que estaría involucrado.
En un fragmento del documento de la demanda se mencionan, además de José Brito y Luis Parra, a Carlos Rolando Liscano Manrique, Fernando Bermúdez Ramos y Miguel Ángel González Biagioni, así como los parlamentarios Adolfo Ramón Superlano, Freddy Superlano Salinas, Conrado Antonio Pérez Linares, Chaim José Bucaran Paraguan, José Luis Pirela y Richard Eloy Arteaga Blakma.
«La denuncia ha sido interpuesta por el mismo bufete que contrataron en 2019 para intentar blanquear los negocios de las empresas controladas por Alex Saab y Álvaro Pulido para el negocio de los CLAP como Group Grand Limited y Mulberry Proje, entre otras», señaló el periodista a través de la red social X.
El bufete, agregó Deniz, reclama honorarios no pagados y haber sido utilizado para intentar «legitimar capitales y desbloquear» fondos en bancos con documentos falsos que los «opositores» presentaron en ese momento.
Sanciones a empresas con cuentas bloqueadas
«En fecha 15 de abril de 2019, nuestro despacho suscribió contrato de servicios profesionales de abogado, por solicitud expresa de don Conrado Pérez Linares, en su carácter de presidente de la Comisión Especial Parlamentaria designada por la Asamblea Nacional de Venezuela, actuando como Congreso venezolano. La contratación se basa en una serie de actuaciones relacionadas con denuncias a personas que fueron autoridades en Venezuela y solicitar el levantamiento de sanciones administrativas a empresas con cuentas bloqueadas», señala el documento.
El bufete dijo que fue contratado con el objetivo de demostrar la supuesta legitimidad de las empresas y permitir el reinicio de actividades mercantiles de cada una de ellas. Usualmente, indica, los opositores culpaban a las sanciones internacionales, «pero también existen actos de legitimación de capitales porque pretendieron ingresar millones de euros al sistema bancario Europeo».
«Se prestaron para legitimar capitales»
«Como ha podido demostrarse, los diputados se prestaron para legitimar capitales, en perjuicio del Estado venezolano, que es el dueño del dinero sustraído. La prensa les ha venido señalando que han aceptado sobornos a cambio de actuaciones oficiales como las que ejecutaron en Europa», afirmó.
«Nunca se pretendió recuperar el acceso y disposición de los fondos retenidos en varias localidades como Sofía, en Liechtenstein, para reiniciar el programa CLAP; se pretendió recuperar las cuentas bancarias para apropiarse del dinero y esa era la verdadera intención, aunque no lo manifestaban. Engañaron a autoridades, a nuestro escritorio jurídico y a la prensa, con quien se comunicaban con frecuencia, todo ello enmarcado en un ambiente casi vacacional mientras nos trasladábamos entre ciudades europeas», añadió.
«Un desfalco de 1.100 millones de euros»
En otros de los fragmentos del documento compartidos por Roberto Deniz, investigador de Armando.Info, el bufete afirmó que sus abogados fueron usados para que, bajo engaños, lograran la liberación de las cuentas bancarias y la legitimación no solo a las empresas, sino también los contratos que celebraron y que se caracterizan «por ser actos de corrupción e ilegitimidad» contra el patrimonio público venezolano.
Según la denuncia, existe un presunto desfalco de más de 1.100 millones de euros, que fueron depositados en bancos fuera de Venezuela, sobre todo en Europa. «Gran parte de ese dinero se encuentra congelado en varios bancos y es prioridad que se notifique al secretario de gobierno de Estados Unidos y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros porque existen varios procedimientos importantes en curso y estos están relacionados con nuestros expedientes locales».
La demanda contra Carlos Lizcano
El periodista recordó que en diciembre pasado, Conrado Pérez y Richard Arteaga, dos de los opositores señalados de viajar en 2019 para interceder por los negocios de Alex Saab, demandaron a Carlos Lizcano, supuesto operador de Alex Saab y Álvaro Pulido en los negocios de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
El bufete no sólo reclama honorarios no pagados, sino que también ahora señala haber sido utilizado para intentar legitimar capitales y desbloquear fondos en bancos a partir de documentos falsos entregados por los diputados en ese momento pic.twitter.com/nLECbq6uX2
— Roberto Deniz (@robertodeniz) January 8, 2024
Con información de El Nacional
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