El presidente de la Asamblea Nacional (AN) del 2020, Jorge Rodríguez, propuso la creación de la «ley especial libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y por la defensa de la República», una norma que busca sancionar a los políticos venezolanos que celebraron la aprobación de la Ley HR 825, también llamada Ley Bolívar, por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Rodríguez hizo el planteamiento en la sesión ordinaria de este 19 de noviembre por considerar que este instrumento es una nueva «bomba» contra la población venezolana.
«Si tú solicitas, aúpas y celebras actos de agresión en contra de tu propia tierra y tu gente, has perdido tu condición de mujer y hombre nacido en esta tierra», advirtió el jefe del parlamento. Al tiempo que propuso la inhabilitación política a perpetuidad contra quienes hayan apoyado la mencionada norma que, a su juicio, da luz verde a la ejecución de actos nocivos contra la República.
Recordó que la Constitución prohíbe optar por cargos públicos a quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Destacó que, en este caso, se trata de delitos contra el territorio entero y la población más vulnerable.
Otra de las ideas que puso sobre la mesa fue la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio contra esas personas y sus asociados y que los recursos obtenidos sean destinados a contribuir con el Ejecutivo para coadyuvar «en la lucha contra el bloqueo».
Para Rodríguez, con la norma, EE. UU., «demuestra lo bajo que son». Señaló que la ley se trata de un acta para insistir en algunas de las acciones más agresivas que ha conocido el país y que tiene características de lesa humanidad «porque están dirigidas al exterminio de la libertad, principalmente de la libertad económica».
Se aprobó la creación de una comisión especial para la redacción de la norma. Se ordenó que se presente en primera discusión en la sesión del 21 de noviembre y luego se discuta por segunda vez en la sesión del martes 26 de este mismo mes.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el lunes 18 de noviembre la llamada Ley Bolívar, que busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, prohibiendo a las agencias federales realizar transacciones comerciales con individuos o entidades que apoyen al gobierno venezolano.
La legislación, impulsada por los congresistas Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz, ha sido aclamada como un paso más hacia el aislamiento internacional de la administración de Maduro y su entorno más cercano.
El acuerdo contra la ley
La Asamblea Nacional 2020 aprobó el acuerdo por unanimidad. El diputado Carlos Mogollón fue quien presentó el documento ante la plenaria. Desde la tribuna de oradores denunció que la Cámara de Representantes de EE. UU. busca atacar el nombre de Simón Bolívar al usar un acrónimo, «casi intraducible», para que sus siglas sean el apellido del libertador.
Mogollón deploró que venezolanos en EE. UU. apoyen este proyecto de ley. Advirtió que estos ciudadanos «cometen traición a la patria». Según el parlamentario, de ser aprobada, la norma permitirá que EE. UU. «persiga» a todas las empresas que contrate Venezuela para la prestación de servicio técnico en las diferentes industrias que operan en el país.
Afirmó que el instrumento jurídico viola las regulaciones y la «coherencia internacional». Afirmó que también busca incrementar la imposición de sanciones contra el país, «no contra el gobierno, sino contra el pueblo de Venezuela».
Desestimó el segundo artículo, en el que se establece que los casos excepcionales únicamente podrán ser autorizados por el Departamento de Estado de EE. UU.
«La excepción es lo que diga el Departamento de EE. UU., es decir, lo que diga Marco Rubio, que será el próximo secretario. Si el Departamento de EE. UU. dice que se defienden (con el convenio) los intereses petroleros de EE. UU., entonces si está aprobado (la prestación de ese servicio a Venezuela). Denunciamos esto como un acto de injerencia», dijo.
Mogollón celebró el hecho de que 30% de los congresistas o se abstuvieron o votaron en contra de este proyecto de ley. «Eso quiere decir que hay esperanza. Nos unimos al comunicado de la Cancillería denunciando este tipo de atropellos. Apelamos a la coherencia de los organismos internacionales, de la ONU y a la solidaridad de la comunidad internacional, sobre todo de los países de región».
«Ley Asfixia», según la oposición
La oposición no refutó ni un aspecto del proyecto de acuerdo; por el contrario, sumó su respaldo. En nombre de la Alianza Democrática, el diputado José Gregorio Correa afirmó que este proyecto de ley le hace daño a todo el país y no únicamente al gobierno de Nicolás Maduro.
Correa también fustigó a los sectores de la oposición que respaldan la iniciativa de la Cámara de Representantes de EE. UU. El diputado afirmó que el ala de la disidencia que lidera Machado «estimula bloqueos y sanciones a diario» no solo desde el exterior, sino también «desde Las Mercedes (Baruta) y Los Palos Grandes (Chacao)».
El parlamentario cuestionó que «estos tipos que violan el estado de derecho», al apoyar la norma, «mañana o pasado nos los encontraremos de candidatos a alcaldes, gobernadores en incluso aquí».
«¿Quisiera saber cómo sería esta cámara con ese tipo de personas?», se preguntó. Del mismo modo, subrayó que esta es «una ley de asfixia a los que pensamos de una manera y de otra».
Puntos de información en la AN
Al inicio de la sesión, durante los derechos de palabra y puntos de información, la diputada Gladys Gutiérrez deploró los supuestos «ataques» que, según dijo, el sector de la oposición que lidera María Corina Machado ha perpetrado contra la industria petrolera. La parlamentaria citó las denuncias que hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez el lunes 18 de noviembre para hacer los señalamientos ante la plenaria.
A Gutiérrez le siguió la diputada Anyelith Tamayo, quien celebró la realización de las elecciones de las autoridades estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela (UCV), el pasado viernes 15 de noviembre. La diputada aseveró que el proceso evidenció la necesidad de los jóvenes por defender la democracia en la casa de estudios, pero también del país.
Lo dicho por Tamayo fue desacreditado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló que poco más de 4% de la población estudiantil de la casa de estudios fue a votar. Para el jefe del Legislativo, las autoridades estudiantiles que resultaron electas solo buscaban ganar para «atender llamados de jefes nacionales», refiriéndose a partidos políticos.
Rodríguez agregó que las autoridades electas poco tienen que ver con las necesidades de los estudiantes. Recalcó que es necesario «asumir la responsabilidad de rescatar la casa que vence las sombras».
La diputada Zulaymis Gascón (PSUV – Delta Amacuro) advirtió sobre la viralización en redes sociales de retos en los que se incita a los niños a mezclar sustancias que atentan contra la vida y la integridad física.
«Desde la AN repudiamos estos actos y en consonancia con lo dicho por el mandatario Nicolás Maduro instamos a los padres y representantes a vigilar a nuestros niños, a verificar qué hacen cuando manipulan equipos electrónicos y están en las redes sociales. Están expuestos a retos e informaciones violentas».
Tras lo dicho por la parlamentaria se aprobó a la conformación de una comisión para iniciar la creación de una ley sobre las redes sociales y el impacto que tienen en la población, especialmente en los niños.
El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, ordenó que la instancia, conformada por diputados de las comisiones de familia, salud y de ciencia y tecnología, presenten en próximas horas un informe al respecto.
En la sesión de este 19 de noviembre se aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley de inteligencia artificial, en su primera discusión.
NotiVeraz