Las autoridades migratorias colombianas entregaron un millón de documentos de regularización a migrantes venezolanos desde que comenzó hace un año la puesta en marcha del Estatuto Especial de Protección Temporal, que pretende la regularización de casi dos millones de personas venezolanas en Colombia.
«Hoy podemos decir que ya se han entregado físicamente, en las manos de esos migrantes, un millón de tarjetas del Estatuto de Protección Temporal», aseguró hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, en una declaración.
Además, «cerca de 800.000 migrantes», que conforman ese universo de 1,8 millones de venezolanos en situación irregular en el país «ya tienen reconocimiento biómetrico y están en el proceso de dilingeciamiento para tener este documento en los próximos meses», añadió el mandatario.
Duque aprobó a principios del año pasado el Estatuto de Protección Temporal que pretendía la regularización de esos casi dos millones de migrantes venezolanos que permanecían de forma irregular en el país por un periodo de diez años, tras el cual podrían aplicar a la residencia permanente.
Y, tras los trámites de registro web y toma de muestras biométricas, comenzó a emitir las tarjetas que sirven como cédulas de identidad el pasado 13 de octubre, lo que les da mayor facilidad a los venezolanos que las tengan para acceder a contratos laborales, entidades de salud o servicios bancarios.
El anterior sistema, llamado Permiso Especial de Permanencia (PEP), era un documento físico que muchos bancos y empresas no aceptaban por su facilidad de falsificación.
Según aseguró hoy el director de Migración, Juan Francisco Espinosa, de este millón de personas que ya cuentan con el documento, más de la mitad son «mujeres al frente de hogares» y casi un tercio son niños y adolescentes que tendrán mucho más fácil su escolarización.
«Este es un hecho que debe ser un referente mundial para que nos demos cuenta de cómo la fraternidad ha motivado esta política pública de Colombia», estimó Duque.
Al estatuto se pueden acoger todos los migrantes venezolanos que hayan entrado al país antes de enero de 2021 y busca «desincentivar la irregularidad» y a ese beneficio pueden acceder además quienes ingresen al país en los dos primeros años de vigencia de la norma de forma regular, es decir, con un sello en el pasaporte.
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