El empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de dinero y corrupción en conexión con el régimen de Nicolás Maduro, pagó por adelantado $65 millones para cubrir los potenciales gastos de su defensa, a través de una cuenta en Suiza actualmente bajo investigación del Departamento de Justicia en Washington.
El pago de la cuantiosa suma fue realizado mediante transferencia de una cuenta manejada por Saab en Suiza y enviada a una firma legal con oficinas en Madrid, España, dijo a Primer Informe una fuente que trabaja en el caso Saab en Miami. Desde esa oficina en Madrid se hicieron pagos a varios abogados, entre ellos a un grupo de juristas que representan a Saab en la cortes de Cabo Verde.
Hasta ahora, el abogado José Manuel Pinto Monteiro, de la firma Rogério Fernandes Ferrero & Associados (RFF), ha actuado como cabeza visible de la defensa de Saab ante las cortes de Cabo Verde.
Pero según la fuente, el equipo de defensa de Saab cuenta con otros dos abogados: uno que asiste a Pinto Monteiro con las actuaciones en la corte de Cabo Verde, y otro que asesora a Saab en su relación con los funcionarios federales enviados por Washington, que buscan convencer al empresario de que se entregue voluntariamente a la justicia norteamericana.
Este último abogado, de origen norteamericano, recibió un pago de $2 millones en una cuenta en EE.UU. y se encuentra en la isla africana desde mediados de junio, pocos días después de la detención del empresario colombiano.
Saab también contrató en Miami a la abogada María de los Angeles Domínguez Trujillo, nieta del ex dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo.
Domínguez trabajó como fiscal federal para el Distrito Sur de la Florida entre 1990 y 1995, cuando pasó a la práctica privada. En 2019 fundó su propia firma, Domínguez, Macheo Ramos & Andreu LLC, con sedes en Puerto Rico y Miami.
Su especialidad está centrada en casos llamados de “cuello blanco”, que implican corrupción pública, particularmente casos de fraude con fondos federales, y de sancionados por la OFAC.
Según la fuente, las autoridades federales de EE.UU. están tratando de establecer el origen y la legitimidad del dinero que fue transferido desde Suiza a España para pagar “retainers” a los abogados defensores.
Hay hasta ahora dos conexiones de Saab con Suiza. La primera es la firma Trenaco, cuya sede principal estuvo registrada en Ginebra hasta 2017, cuando fue desactivada.
Saab usó a Trenaco para obtener, entre otros presuntos negocios, un contrato de Pdvsa de $4.500 millones para instalar taladros petroleros en Venezuela, a pesar de que la firma no tenía suficiente experiencia.
La segunda conexión suiza está vinculada al profesor de la Universidad de Miami Bruce Bagley, que recibió numerosas transferencias bancarias desde cuentas de Suiza controladas por Saab, en una operación de lavado de activos que le costó la cárcel al académico.
Hasta ahora los abogados han usado toda clase de estrategias para lograr la liberación de Saab, pero sin éxito.
La fuente dijo que en Cabo Verde los abogados de Saab han impedido la comunicación entre el empresario y los investigadores norteamericanos, y sugirió que uno de ellos podría estar informando de los detalles del juicio al régimen de Nicolás Maduro.
El abogado José Manuel Pinto Monteiro ya ha participado en la defensa de otros acusados de alto perfil en casos de lavado de dinero y tráfico de drogas en Cabo Verde.
Tal es el caso del holandés Bernard Moreira, solicitado por Luxemburgo por narcotráfico. O Arnaldo Silva, integrante del Colegio de Abogados de Cabo Verde, acusado de fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero, entre otros cargos.
En 2017, el propio abogado de Saab enfrentó cargos penales en Cabo Verde. Fue a juicio por haberse negado a una revisión en el aeropuerto internacional Nelson Mandela de ese país. Del proceso resultó absuelto.
La abogada María de los Angeles Domínguez Trujillo ha tenido notables entre sus defendidos.
Uno de ellos es el empresario floridiano Salomon Melgen, acusado por fraude multimillonario al Medicare y condenado en 2018 a 17 años de prisión y a restituir la fortuna producto del fraude, estimada en unos $73 millones.
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