A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela, PDVSA sigue operando en territorio paraguayo a través de empresas vinculadas a su estructura internacional. Según denuncias recibidas, se investiga la posible existencia de fraude, lavado de dinero y explotación laboral en sus operaciones. Autoridades paraguayas analizan movimientos financieros que podrían carecer de justificación.
El conflicto diplomático entre Paraguay y Venezuela ha dejado una serie de problemas comerciales sin resolver, incluyendo una deuda de 300 millones de dólares con PDVSA. Sin embargo, más allá de esta disputa, han surgido señalamientos sobre posibles irregularidades en empresas vinculadas a la estatal venezolana, como PDVSA Paraguay S.A., Fluvialba Paraguay S.A. y Naviera Consur S.A.
A pesar de que estas compañías se encuentran en estado de quiebra y abandono, documentos a los que este medio ha accedido muestran que han registrado millonarios movimientos financieros que han llamado la atención de las autoridades. Según fuentes consultadas, algunos directivos enfrentan denuncias por presunto fraude y lavado de activos.
De acuerdo con información obtenida, estas maniobras se habrían desarrollado bajo la dirección de Ronny Romero, vicepresidente de Asuntos Internacionales de PDVSA. La situación ha generado preocupación en el sector naviero paraguayo y podría tener impacto en el comercio fluvial de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La deuda de Paraguay con PDVSA y el conflicto por los intereses
En enero de 2025, el procurador general de Paraguay, Marco Aurelio González, reconoció públicamente la existencia de una deuda de 300 millones de dólares con PDVSA. Sin embargo, el conflicto no radica en el monto, sino en la tasa de interés exigida por Venezuela, que Paraguay considera abusiva.
Las negociaciones entre ambos países no avanzaron significativamente antes de la ruptura de relaciones diplomáticas. Mientras tanto, PDVSA ha continuado operando en Paraguay a través de empresas mixtas y navieras, algunas de las cuales se encuentran bajo investigación por presuntas irregularidades financieras.
Empresas en quiebra y movimientos financieros bajo sospecha
Fluvialba Paraguay S.A. y Naviera Consur S.A. declararon ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que no generaron ingresos ni realizaron facturaciones durante 2023. No obstante, documentos a los que este medio tuvo acceso indican que habrían realizado pagos por más de 2 millones de dólares a distintos acreedores.
Este hecho ha llamado la atención de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), que ha iniciado una investigación para determinar si hubo maniobras de legitimación de capitales o irregularidades en los movimientos financieros de estas empresas.
Fuentes cercanas al caso señalan que estas compañías podrían haber sido utilizadas para el desvío de fondos mediante acuerdos presuntamente fraudulentos, pagos a estudios jurídicos y maniobras contables opacas.
Denuncias de fraude y explotación laboral
Además de las irregularidades financieras en investigación, trabajadores de empresas vinculadas a PDVSA en Paraguay han denunciado supuestos casos de explotación laboral y abusos sistemáticos.
Asimismo, empresarios paraguayos del sector naviero han expresado preocupación por acciones que, según afirman, han afectado sus operaciones comerciales. Existen reclamos en los que se señala que estas empresas han intentado desconocer compromisos contractuales, generando conflictos en el sector.
Varios directivos han sido mencionados en denuncias sobre presuntos delitos financieros. Entre los investigados figuran los venezolanos Diego Capraro, César González, Luis Serrano, Carlos Corredor y Lay Higuera, quienes han sido señalados en distintas instancias por presunta estafa, lavado de dinero y maniobras contables irregulares.
Directivos bajo investigación y posible abandono del país
Según documentos en proceso de análisis por las autoridades, algunos directivos habrían abandonado Paraguay en medio de las investigaciones. Informes preliminares sugieren que César González y Luis Serrano dejaron el país, lo que podría haber generado un estado de acefalía en las empresas.
De confirmarse esta información, los actos comerciales realizados por las compañías desde agosto de 2024 podrían quedar invalidados, conforme a lo establecido en el Código Civil paraguayo.
Investigaciones preliminares sugieren que estas maniobras podrían haber sido coordinadas desde la Presidencia de PDVSA, con el objetivo de frustrar procesos judiciales abiertos en Paraguay. No obstante, estas acciones han intensificado las investigaciones sobre la administración de las empresas.
Intento de venta en medio de la crisis
A pesar del difícil estado financiero de las empresas vinculadas a PDVSA, existen indicios de que han sido objeto de negociaciones para una posible venta. Según fuentes cercanas al sector, Diego Capraro habría mantenido conversaciones con un grupo de empresarios argentinos relacionados con el gobierno de Javier Milei.
Documentos a los que este medio ha accedido sugieren que Carlos Corredor y la abogada Lay Higuera podrían haber desarrollado una estrategia para depreciar intencionalmente el valor de las empresas, con el fin de facilitar su venta a un precio menor al de sus activos reales.
Paralelamente, informes financieros reflejan pagos millonarios a estudios jurídicos, lo que ha llevado a especulaciones sobre la existencia de un esquema de corrupción interna.
Posibles vínculos internacionales y protección política
La abogada Lay Higuera ha sido mencionada en investigaciones que analizan posibles conexiones con actores políticos y económicos en Estados Unidos. Documentos comerciales revelan que Higuera es propietaria de la empresa ANDEL INVESTMENTS, LLC, con un capital superior a 2 millones de dólares, así como de un inmueble en Aventura, Florida, y otra empresa en Panamá llamada ANDEL GLOBAL INVESTMENTS, INC.
Aunque no se ha determinado con certeza el origen de estos fondos, estas revelaciones han generado cuestionamientos sobre cómo algunos directivos de empresas en quiebra han logrado construir patrimonios significativos en el extranjero.
La inacción de PDVSA y el rol de Ronny Romero
Mientras el caso genera creciente preocupación, las denuncias apuntan al vicepresidente de Asuntos Internacionales de PDVSA, Ronny Romero, como una de las figuras clave en este entramado. Según fuentes consultadas, Romero habría sido informado de estas irregularidades sin tomar medidas correctivas.
Empresarios paraguayos, trabajadores afectados y acreedores han solicitado que la Fiscalía del Ministerio Público investigue a fondo estos hechos y determine las responsabilidades correspondientes.
Este caso ha puesto en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en el comercio internacional. Mientras Paraguay busca posicionarse como un hub logístico de la región, estas presuntas irregularidades han generado incertidumbre en la industria fluvial y portuaria. Ahora, la expectativa está puesta en la respuesta de las autoridades paraguayas.
Redacción de Paraguay Fluvial