Francisco Cox, quien integra la misión de verificación de hechos de la ONU sobre Venezuela, aseguró el jueves 12 de agosto que en nuestro país existe una política de persecución por parte del Estado para buscar «aplastar» a la oposición. Esta, según declaró en CNN Chile, se ejecuta por medio de los organismos de inteligencia Sebin y Dgcim, dando pie a las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas «de corto tiempo».
Cox explicó que, según los estándares de investigación esgrimidos por la misión -que es el de “un estándar probatorio que será razonable para creer“- se llevan a cabo este tipo de prácticas en el país. Sin embargo, aclaró que a pesar que la tortura y las detenciones arbitrarias sí son crímenes de lesa humanidad, el tema de la desaparición forzosa no llega a ese nivel porque ocurren en pocos lapsos de tiempo.
Aseveró que ha estado recabando información documental en el periodo contemplado desde 2014 a la fecha, donde también se han entrevistado con víctimas y con agentes del Estado «que han dejado de pertenecer» a él. En ese sentido, advirtió que estas personas buscan «métodos seguros» para comunicarse y denunciar lo que sucede debido al temor que existe de que sus conversaciones sean espiadas por los organismos de inteligencia.
“Hay detenciones arbitrarias y torturas. Y en algunos casos existen desaparición forzada de corto tiempo, pero esa no califica como crimen de lesa humanidad (…) Las torturas que se practican son con electricidad, golpes fuertes y abuso sexual de hombres y mujeres. Incluso, se dejaba a las personas desnudas con el aire acondicionado prendido durante uno o dos días, dejando a la persona expuesta a un frío muy alto sin posibilidades de ir al baño o dormir”, afirmó Francisco Cox y agregó que todo estará disponible en el informe que entregarán en septiembre.
Destacó que han hablado con fuentes que revelaron que el mismo Nicolás Maduro se comunica con el director del Sebin para ordenar a qué personas de la oposición deben investigar y detener, calificando este hecho como «grave» ya que refirió que existen ocasiones donde la Justicia venezolana dice que una persona puede quedar ya en libertad y el Sebin no lo deja salir «hasta que se dé la orden por el jefe».
La otra vertiente que es investigada -y que practica el Ejecutivo- es la «limpieza social», donde organismos de seguridad como la FAES hacen operativos en zonas populares y realizar ejecuciones extrajudiciales, eliminando a cualquier persona que pueda parecer un delincuente.
“Se hacían operaciones de liberación del pueblo, que consistían en operativos de fuerzas especiales donde se hacían ejecuciones extrajudiciales. Y ahí también podemos decir que hay una política de estado de limpieza social. Las ejecuciones se producen con personas que creen que pueden delincuentes y por lo tanto las ejecutan sumariamente sin proceso y dejando de lado a sus familiares”, dijo.
Francisco Cox resaltó que las autoridades venezolanas afirman que quienes actúan en este tipo de operativos son sancionadas, pero advierte que las mismas «no escalan». Es decir, se ejerce la justicia con los funcionarios que llevaron a cabo la acción pero no se asciende en la cadena de mando que ordenó realizar los operativos. Además, dijo que tales aseveraciones fueron refutadas con cifras desde el Ejecutivo pero sin sustento alguno a los números ofrecidos.
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