La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen le ratificó el pasado sábado, la condena a 5 años de prisión por un delito que nunca se comprobó, contra la jueza María Lourdes Afiuni.
Su hermano Nelson Afiuni dijo que fue condenada por el delito de “corrupción espiritual”, acuñado por Luisa Ortega Díaz, en los años que ocupó el despacho del Ministerio Público.
Aseguró que él junto al equipo de la Defensa elevarán a instancias internacionales este nuevo atropello contra María Lourdes Afiuni.
“Se han pasado por encima todo, las leyes penales, la Constitución y hasta la decisión de Michelle Bachelet de dejarla en libertad plena”.
Los hechos
En diciembre de 2009, Afiuni fue encarcelada por contribuir supuestamente a la fuga del empresario venezolano Eligio Cedeño.
El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó, en cadena nacional, que la condenaran a 30 años de prisión.
A Afiuni se le concedió el arresto domiciliario por razones de salud en el 2011.
Dos años más tarde se le otorgó la libertad condicional con la condición de no salir del país y no utilizar las redes sociales.
La prohibición de usar redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, marcó un precedente en la historia de la libertad de expresión en Venezuela. Fue la primera persona en el país a quien se le impuso esta medida.
Incongruencia
Según el alegato de la Sala Penal del régimen para ratificar la condena, supuestamente hubo un consenso entre Afiuni y Eligio Cedeño “para lograr la evasión”.
“Le permitió al ciudadano Eligio Cedeño abandonar las instalaciones del Palacio de Justicia, sin haber tenido un auto fundado de la decisión asumida y sin haber tenido la orden o la boleta de excarcelación”, según documento del Ministerio Público.
La realidad es que la magistrada le concedió la libertad condicional al empresario venezolano, siguiendo una resolución del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
Por esa situación fue procesada y sometida a malos tratos y tortura mientras estuvo recluida en la cárcel de mujeres (INOF), ubicado en Los Teques.
El juicio que inició en 2018, suspendido en reiteradas oportunidades, duró casi 10 años.
En esos años nunca se comprobó el delito de corrupción propia, pues no existió ni dinero ni promesa de ello.
Actualmente, Afiuni sigue en su casa junto a sus padres, vive de la ayuda familiar, pues también se lleva un juicio disciplinario en su contra que le impide ejercer su profesión.
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