A juicio de Acceso a la Justicia, el sistema de justicia penal solo existe en Venezuela para castigar y reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales
Acceso a la Justicia presentó un informe en el que expone el deteriorado estado en el que están las sedes policiales, el Ministerio Público y el Poder Judicial, debido a factores como la corrupción y la falta de recursos económicos.
«En el período chavista se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder para obtener fines políticos; paulatinamente, el Ejecutivo nacional se apoderó de todas las instituciones, las partidizó y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios y de ganancias», dice parte del informe La administración de justicia penal en Venezuela.
Añade que con esta estrategia, los gobiernos de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro, impusieron sus planes políticos y económicos y, además, silenciaron a quienes se oponían a ellos, en especial a los que hicieron uso de sus derechos constitucionales a la protesta, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión.
A su juicio, el sistema de justicia penal solo existe en Venezuela para castigar y reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales.
«El mandato establecido en el artículo 26 de la Constitución es hoy letra muerta y los venezolanos se encuentran desprotegidos no solo ante la acción de la delincuencia sino del propio Estado, pues las instituciones encargadas de investigar y juzgar cualquier delito no son capaces de realizar dicha labor».
En el informe se explica además que la cooptación del Poder Judicial comenzó al entrar en vigor la carta magna de 1999, al no cumplirse cabalmente el procedimiento para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual produjo un efecto en cascada hacia el resto del sistema de administración de justicia.
Sobre ello, agrega que el TSJ nunca ha sido nombrado como lo establece la Constitución de la República, lo que ha dado lugar a un órgano totalmente dependiente del poder político.
«Esto ha sido grave, porque ha generado una ausencia de control judicial de los actos del poder, lo que con el tiempo ha llevado a la desaparición del Estado de derecho en Venezuela. Así, al ser los magistrados cada vez menos juristas y más bien operadores del régimen político que gobierna desde 1999, se han ido transformado en legalizadores de sus actuaciones».
Ministerio Público y la Defensa Pública
Sobre la situación del MP, Acceso a la Justicia denuncia que desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999 también ha estado controlado por el chavismo, y que además casi la totalidad de los fiscales son provisorios.
«Para garantizar la autonomía del MP es importante que su máxima autoridad, el fiscal general, sea nombrada conforme establece la Constitución, que prevé un procedimiento acorde con los estándares internacionales para salvaguardar su independencia e imparcialidad».
Sobre la Defensa Pública, también destaca su falta de independencia. Recordó además que tanto la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado su alarma por la tendencia de los jueces y fiscales a presionar a las personas involucradas en la justicia penal, sobre todo si son víctimas de violaciones de derechos humanos, para que no nombren a sus propios abogados y que recurran a los que proporciona el Estado, y en caso de no hacerlo se les amenaza con represalias, tales como la prohibición de acceder al expediente, darles información oportuna sobre las audiencias y penas más duras.
«Queda claro que la Defensa Pública, al igual que la policía y el MP, es un órgano de la administración de justicia penal venezolana que no cumple con su función de garantizar el acceso a la justicia al ciudadano y proveerle una defensa cuando lo requiere, sino todo lo contrario: se le asigna un defensor a un ciudadano perseguido por el régimen de Maduro justamente para que no pueda defenderse ni obtener justicia», dice el texto.
Para la elaboración de esta investigación se analizaron las reformas que ha sufrido el marco jurídico venezolano en las últimas dos décadas, su impacto en la labor de los organismos antes mencionados y se consultaron informes de organizaciones nacionales e internacionales sobre la materia.
«Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles», finaliza el informe.
NotiVeraz