La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, una instancia independiente de Naciones Unidas, presentó hoy una actualización oral de su informe del pasado septiembre de 2020, donde aseguran que se ha ampliado la persecución y el concepto de enemigos internos en el país, lo que ha derivado en el aumento de violaciones a los derechos humanos (DDHH).
En su participación durante la 46 sesión del Consejo de DDHH de la ONU, la presidenta de la Misión de Determinación, Martha Valiñas, destacó que luego de la elección de diciembre de 2020 para escoger a un parlamento cuestionado por parte de la comunidad internacional, y sus actuaciones para «investigar» a los diputados electos por supuestos actos terroristas, «el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar, marcado por la represión de la oposición política que destacamos en nuestro primer informe».
Valiñas destacó la detención del diputado Gilberto Sojo, así como las falencias del juicio contra Juan Requesens, quien tiene una medida sustitutuva de libertad. La Misión de Determinación de Hechos señaló que continuan los procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigaron para su informe de septiembre de 2020.
Esos procedimientos penales, que se han visto retrasados, han costado la vida a algunos detenidos, resaltó la jefa de la Misión, haciendo alusión al caso del pemón Salvador Franco, fallecido en diciembre de 2020 pese a tener una medida judicial que ordenaba su traslado a un centro de salud.
Martha Valiñas también destacó los casos de militares como el capitán de navío Luis de la Sotta o el coronel Oswaldo García Palomo, de quienes dijo siguen «en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles».
Por ello, la Misión de Determinación de Hechos se compromete a seguir investigando los casos de torturas y tratos crueles, así como las nuevas denuncias de violencia sexual y de género que han recibido desde su último informe.
Sobre la ampliación del concepto de enemigos internos en el país, la Misión de Determinación de Hechos lo justifica con la persecución, detención y judicialización a trabajadores humanitarios y organizaciones no gubernamentales, como fue el caso de la ONG zuliana Azul Positivo.
«Las y los funcionarios públicos han alimentado el hostigamiento de las ONG mediante el uso de retórica que critica la cooperación con organismos y organizaciones internacionales, o la recepción de fondos extranjeros», dijo la jefa de la Misión.
Además, Valiñas dijo que la Misión de Determinación de Hechos espera que el país resuelva sus crisis de derechos humanos, estableciendo los hechos y reconociendo que se han cometido errores. También hizo enfásis en la participación de Maduro ante el Consejo de DDHH el pasado mes de febrero. «Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación (de derechos humanos) y negando toda transgresión».
Los derechos humanos deberían estar en el centro de la recuperación de Venezuela, dijo la jefa de la Misión de Determinación de Hechos, «pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto».
Misión de Determinación sigue
La Misión de Determinación de Hechos también destacó en la actualización oral que en su primer informe identificaron a los presuntos perpetradores de unidades de inteligencia, seguridad y militares del Estado, por lo que en su nuevo informe escrito -que debe ser entregado en septiembre- «profundizaremos en nuestras investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando, utilizando el estándar de motivos razonables para creer».
La Misión de Determinación de los Hechos «también examinará las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir responsabilidades o protegerse de la rendición de cuentas, incluida la coordinación con actores no estatales para cometer violaciones y crímenes, como con colectivos y otros grupos armados civiles y guerrilleros».
Además, Martha Valiñas dijo que recientemente se han puesto en contacto con la administración de Nicolás Maduro «para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno, tal como hemos intentado de manera continua durante el último año, sin hasta la fecha obtener una respuesta. Seguiremos buscando la cooperación».
Respuesta de Venezuela
El embajador Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo, señaló que la actualización oral de la Misión de Determinación de Hechos demuestra la «perversión de mecanismos que se crean solo parar agredir países».
Dijo que su país está «del lado que se oponen a la hegemonía», y se oponen «al circo mediático que usa a los derechos humanos» para agredir a los países. El embajador también calificó como «destemplada» y «una inmoralidad en su plenitud» la actualización oral sobre Venezuela.
Costant remató que la Misión hizo uso de información falsa, politizada y selectiva, es un «informe creado por fake news», para supuestamente agredir a Venezuela, en lugar de tomar en cuenta la cooperación de la administración de Nicolás Maduro con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la que se dijo no se tomó nota de los acuerdos que han logrado.
Además, dijo que si los integrantes de la Misión de Determinación de Hechos están «tan preocupados» por los derechos humanos en el país, deberían donar los tres millones de dólares que recibieron para ser usados en la compra de 1,5 millones de dosis para la vacuna contra el covid-19, pues prosiguió con el discurso de que las sanciones han impedido acceder al país a ello.
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