Cantón, referente académico en materia de derechos humanos considera “el retiro de Argentina en el caso contra Venezuela en la CPI significa que al gobierno no le importan ni las desapariciones, ni las torturas, ni las violaciones a mujeres comprobadas en la demanda”
«Durante las últimas horas se produjo un nuevo giro geopolítico del Gobierno Argentina para estrechar su vínculo con Nicolás Maduro pese a las denuncias e informes sobre violaciones, torturas y desapariciones que ocurren en Venezuela.
La decisión de Casa Rosada de retirar su apoyo a la demanda que el Grupo de Lima interpuso contra el régimen bolivariano ante la Corte Penal Internacional (CPI) ignora un importante y detallado documento que devela los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los últimos años», así lo reseña este jueves el medio argentino Infobae.
“Cuando la defensa de los Derechos Humanos se mezcla con la política, solo se logran más desapariciones, más torturas, más violaciones. Con esta decisión, el gobierno argentino apoya la impunidad y fomenta más violaciones”, manifestó Santiago Cantón, uno de los expertos convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2018 para determinar si el régimen de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad.
Cantón es un referente académico en materia de derechos humanos. Cuenta con un extenso y nutrido curriculum en el que se destaca su labor como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante 11 años, entre 2001 y 2012. También se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Actualmente es Jefe de la Misión Electoral de la OEA en México.
Luego de trascender el rumbo que encaminó Alberto Fernández con este último movimiento en su política exterior, Cantón analizó que “el retiro de Argentina en el caso contra Venezuela en la CPI significa que al gobierno no le importan ni las desapariciones, ni las torturas, ni las violaciones a mujeres comprobadas en la demanda” que redactó junto al canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura Robles.
Había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina para que se investigara al gobierno de Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad y se trató de la primera vez que un grupo de Estados demanda a un tercero ante la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
El gobierno argentino comunicó que retiraba su apoyo el mismo día que Alberto Fernández anunció su salida del Grupo de Lima. El último 24 de marzo, fecha trascendental en materia de derechos humanos para la historia nacional. En ese entonces, mediante una carta enviada a la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, Cancillería justificó la salida del bloque regional acusando que “un sector de la oposición venezolana” participaba “como un integrante más del Grupo de Lima”, lo que llevó a “posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.
“Los Estados son garantes colectivos de la defensa y protección de los DDHH. Esa garantía colectiva fue clave para ponerle fin a la noche más larga de nuestra historia. Es deplorable que este gobierno ponga efímeras alianzas internacionales por sobre la dignidad del ser humano”, repudió Cantón.
Cantón fue parte del panel de expertos internacionales independientes convocado por la OEA para la confección del material que documentó lo acontecido en Venezuela y que fue presentado el 29 de mayo de 2018 en Washington.
Durante aproximadamente nueves meses, los expertos recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de DD.HH. Hasta ese entonces, los abusos del régimen de Maduro incluían más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2015; torturas y violaciones.
El informe de 489 fojas analiza también agresiones contra dirigentes opositores al régimen, “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas”. Todas “herramientas” utilizadas para aterrorizar al pueblo venezolano.
El documento incluye 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA; decenas de relatos de testimonios de víctimas y familiares de víctimas e informes entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
Entre sus conclusiones, el informe señala que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas; identifica 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015; más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada de Maduro al poder luego de la muerte de Hugo Chávez.
El informe menciona que hasta ese entonces habían sido detenidas más de 1.300 personas por su posición política contraria al régimen de Maduro. En efecto, señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela».
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